Por: Juan Fernando Lara.   16 abril
Imagen de noviembre del 2015 correspondiente a la construcción de una de las esferas para almacenar gas licuado de petróleo que Recope levantó en su plantel de Moín (Limón) / Recope para LN.

Recope intentó cargar en las tarifas que pagan los consumidores de combustibles ¢88.572 millones por inversiones que no cumplían requisitos o no tenían avances, según determinó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

La detección de esa irregularidad la hizo la Intendencia de Energía de la Aresep al analizar la solicitud que planteó la Refinadora Costarricense de Petrólero (Recope) para el ajuste ordinario de este año.

Se trata de un incremento en los combustibles para financiar gastos y operaciones de la entidad, el cual se realiza una vez año. Para el 2018, por ejemplo, Aresep autorizó ¢5 más por litro de gasolinas y ¢4 más por litro de diésel.

El problema es que en esta solicitud se descubrieron errores de fondo, que según la Autoridad Reguladora, los dejó "preocupados".

Descubrió, por ejemplo, que de 38 componentes de inversión planteados en la petición de ajuste, solo uno cumplió los requisitos documentales y tenía el avance verificado en las inspecciones de campo.

“Preocupa a esta Autoridad Reguladora, los errores de fondo identificados en la información presentada por Recope, considerando que de no haber sido detectados por esta Intendencia implicarían una afectación directa a los usuarios del servicio público de suministro de combustibles”, Aresep

Todas las inversiones ascendían a ¢123.300 millones, indica la resolución RIE-030-2018 del 23 de marzo anterior que emitió la Intendencia de Energía.

No obstante, Aresep rechazó trasladar a los usuarios el costo de 20 proyectos por distintas omisiones y errores; así como otras cuatro obras cuya fecha de capitalización estaba fuera del período de evaluación.

Los 24 proyectos descartados significan ¢88.572 millones menos en el ajuste.

Uno de los planes excluidos es la ampliación de la Terminal Portuaria Petrolera del Atlántico que pretende aumentar la capacidad del país para importar, almacenar y distribuir combustibles. La obra está valorada en el estudio tarifario en ¢49.535 millones.

La Aresep lo dejó por fuera al descubrir que ingresará a la base de activos de Recope en un período distinto al del actual ajuste ordinario y porque "se detectan ampliaciones, reclamos y acuerdos que requieren mayor justificación".

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También se eliminaron ¢29.251 millones para tanques de almacenamiento de combustibles construidos en el Plantel Moín (en Limón) al ser activos que Recope capitalizará en otro período distinto al del ajuste.

Ambos proyectos (la ampliación de la terminal y los tanques) equivalen al 89% del monto total de proyectos fuera del ajuste y 64% de la pretensión original de Recope para sus inversiones del año.

"Por un asunto de requerimiento de información de la Aresep, en cada estudio ordinario de precios debe presentarse la información de los proyectos de inversión estratégicos, independientemente del año de capitalización de los mismos", Recope

Representantes de la Refinadora negaron haber incurrido en incumplimientos y atribuyó la decisión a una supuesta “ausencia de supervisión de la Aresep” en el proceso de inspección de los trabajos.

La Autoridad también declaró en condición "parcial" otros 14 inversiones que presentan "variaciones significativas entre la información documental presentada y los hallazgos encontrados en los procesos de fiscalización en campo", advierte la resolución.

En la mayoría de casos se trató de errores en el cálculo en la depreciación de las obras o bien que Recope incluyó en el alza obras que ya capitaliza.

En economía, capitalizar es un método contable útil para retrasar el reconocimiento de gastos cuando estos se registran como un activo a largo plazo, como ocurre con las inversiones.

Capitalizar así los gastos beneficia a las empresas que adquieren nuevos activos con una vida útil a largo plazo, pues que pueden distribuir su costo en el tiempo.

En su resolución, la Intendencia de Energía expresó a Recope su inquietud por los distintos hallazgos en materia de inversiones por considerar que de no haber sido detectados “implicarían una afectación directa a los usuarios del servicio público de suministro de combustibles”.

El caso del muelle

En el caso de la construcción del nuevo muelle petrolero en Moín; las obras finales acumularon más de seis meses varadas el año anterior por diferencias con el contratista y sin que, hasta hoy, haya fecha de estreno.

La terminal empezó a construirse en el 2012 y su finalización estaba prevista para el 2014.

Personal técnico de Recope, citado por la Intendencia, justificó que los retrasos se debieron a "muchos inconvenientes con el contratista en lo que se refiere al manejo contractual del muelle que ha derivado en reclamos económicos".

Para la Intendencia, tales inconvenientes reflejan "problemas en el manejo contractual a lo largo de la vida de este proyecto entre las partes, tanto de la administración de Recope como el consorcio ICA-MECO, dando pie a una mala gestión del proyecto, provocando varios reclamos económicos; además de postergar la entrega final de la obra".

Según la Aresep, la mayoría de deficiencias descubiertas se vinculan con limitaciones en planificación y gestión de proyectos de inversión.

La Refinadora respondió con un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la decisión de la Intendencia el cual presentó el 6 de abril pasado.

Entre otros rubros por reconocer, Recope solicita a la Aresep en su recurso que le autorice ingresos por $8,4 millones para atender reclamos económicos del consorcio ICA -MECO (constructor del muelle) y $4,7 millones adicionales como parte del acuerdo de finalización del contrato con esa compañía.

Ante consultas sobre los señalamientos, representantes de Recope respondieron que le han hecho ver a la Autoridad Reguladora que sus proyectos de inversión se encuentran “afectados por diferentes circunstancias”; según indicó por correo electrónico el área de prensa.

Entre esas circunstancias están condiciones climáticas de las zonas de trabajo, aspectos geotécnicos y geológicos, entorno internacional ligado al precio del acero, componentes eléctricos y otros; “problemas propios de la empresa constructoras ajenos a Recope; los que pueden tener impacto en el plazo de ejecución y precio del contrato”.

“Dado que estas situaciones no son ajenas, ni extrañas al desarrollo de los proyectos, la legislación establece los mecanismos para tratarlos, salvaguardando el interés público y garantizando el equilibrio financiero de la relación contractual”, expresó la Refinadora por correo electrónico.