La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) impulsa inversiones desligada del entorno financiero y de la línea trazada por el Ministerio de Planificación (Mideplán), señaló este lunes la Contraloría General de la República, en un informe de auditoría.
Como evidencia de esa conducta, el órgano contralor citó la insistencia de la empresa pública en construir una terminal flotante por $238,5 millones para descargar gas frente a puerto Caldera (Puntarenas), plan que la Contraloría reprueba por el impacto que tendría en el precio de los combustibles.
La CGR, además, criticó en su informe la decisión de la Refinadora de seguir con el objetivo sin tener ninguna seguridad de que podrá cumplir con la regla fiscal o límite al crecimiento presupuestario impuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), aprobada en 2018.
“Recope se ha apartado de la orientación establecida por Mideplán y las buenas prácticas, manteniendo así una visión desligada del entorno”, enfatiza el documento.
Desde julio, el órgano contralor le ordenó a la Refinadora frenar el millonario proyecto al hallar “vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta” como olvidarse de presentar la evaluación del costo-beneficio de esta obra.
Luego de analizados tres estudios de preinversión, la Contraloría detectó incongruencias en la Terminal del Pacífico al advertir que la Junta Directiva de Recope aprobó su desarrollo y financiamiento mediante un fideicomiso de obra pública, sin análisis suficientes para esa decisión, revela el informe de auditoría DFOE-SOS-IF-00011-2021 del pasado 10 de diciembre.
No son los únicos. La auditoría analizó otros seis estudios de preinversión, dos de ellos asociados a los proyectos “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética” (hoy cancelado), otro de la “Octava y novena esfera de GLP en Plantel Moín” (hoy suspendido) y tres de la “Estación experimental multimodal de energías alternativas” del 2020.
De esta revisión, se concluyó que Recope es inconsistente en asegurar que los referidos estudios contengan información necesaria para la toma de decisiones según las normas de Mideplán a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad.
Los contenidos faltantes se vinculan con la identificación, con los análisis de mercado, técnico, de riesgo a desastres, ambiental y legal y administrativo, así como evaluación financiera, análisis de costos y evaluación económico social.
“Por ejemplo, la falta de involucramiento de los interesados se evidenció en el proyecto “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”, el cual está suspendido ante el descontento popular, la incertidumbre y los recursos de amparo interpuestos en su contra”, recalca la Contraloría.
Falta de rigor
Los inconvenientes con las inversiones de Recope son mayores, añade la auditoría, pues la empresa “no ha sido consistente en el fortalecimiento, a todo nivel, de la cultura institucional de inversión pública, y Mideplán no ha sido riguroso en velar por el cumplimiento de su propia normativa aplicable”.
Según la Contraloría, los roles y responsabilidades definidos en Recope para decidir una preinversión son incongruentes, según las regulaciones del Ministerio de Planificación. Por ejemplo, se asigna a la Dirección de Planificación la responsabilidad de confeccionar estudios, aprobarlos y decidir si sigue o no con el proyecto, pese a que su función se debe circunscribir a asesorar y apoyar a los jerarcas en la toma de decisiones.
Además, aunque Muñoz Villalobos es quien decide si emprende la fase de inversión en los proyectos, en la práctica se evidenció que diferentes dependencias y personas cumplen dicha función.
“Por ejemplo, para la Estación Experimental Multimodal de Energías Alternativas, fue el Consejo Consultivo el que acogió la recomendación de seguir adelante con el proyecto, mientras que en el Programa de Etanol, se dio mediante acuerdo de Junta Directiva”, indica el informe.
Por otra parte, los procedimientos internos de Recope excluyen regulaciones para identificar proyectos y tampoco para realizar análisis de mercado, técnico, de riesgo a desastres, ambiental y legal-administrativo; ni para la evaluación financiera, análisis de costos y la evaluación económico social.
“Esto significa que pueden incluirse iniciativas de proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de Mideplán, sin haberse analizado previamente, por ejemplo, su viabilidad legal o rentabilidad económico-social, contrario a lo establecido en la normativa aplicable”, indica la Contraloría.
Muelle flotante
En el caso del muelle flotante, explica la CGR, la Junta Directiva de la Refinadora aprobó el estudio de factibilidad sujeto a condicionamientos legales y financieros, siendo la única base para seguir el desarrollo y financiamiento del plan. Con ello, cita el informe, se procura amarrar vistos buenos de Mideplán para los fondos, sin cumplir requisitos de procedimiento, según normas técnicas de esa cartera y sin certeza de que la empresa cumplirá con la regla fiscal al ejecutar el proyecto.
Por estos hallazgos, la Contraloría ordenó al jerarca de Recope, Alejandro Muñoz Vilallobos, rehacer los estudios de factibilidad de ese plan para que incluyan análisis legales y financieros, incluidos aquellos que justifiquen la modalidad de financiamiento elegida, el cumplimiento de la regla fiscal y cualquier ajuste necesario.
Hecho esto, le ordena a Muñoz “enviar estos estudios a la Junta Directiva de Recope para que resuelva sobre ejecutar, postergar o abandonar el proyecto”.