Proveedor de Municipalidad de Cartago ignoraba presiones de MECO para dejarse contratos para reparar vías cantonales

Así lo manifestó ante los diputados de la comisión especial creada para investigar supuestas irregularidades en obras viales ventiladas en los expedientes de los casos Cochinilla y Diamante.

Corrales sostuvo que el tramite de la licitación por ¢756 millones por la que se investiga al alcalde Mario Redondo, se tramitó siguiendo todos los procedimientos de ley, y fue analizada por diferentes órganos a lo interno del municipio, e incluso fue revisada en más de una ocasión por la Contraloría General de la República, por lo que desconoce cómo pudo darse un favorecimiento a dicha firma.

Los legisladores también cuestionaron a Corrales por las prórrogas de hasta cuatro años que quedaron definidas para algunas contrataciones; sin embargo, el funcionario insistió en que estos convenios siguen todos los controles y los procesos establecidos.

Además, tanto el jefe de Proveeduría como la auditora a.i. Jessie Arce, afirmaron que fue por medio de la prensa que se enteraron de las supuestas reuniones que el alcalde Mario Redondo sostenía con el gerente de MECO Abel González, en parqueos de centros comerciales, para acordar presuntas dádivas y discutir reclamos relacionados con las adjudicaciones.

También dijeron no estar al tanto si las dádivas alcanzaron a repartirse entre otros empleados dentro del gobierno local.

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Otro de los hechos relevantes en la sesión de este martes, fue la ausencia del exauditor del Ayuntamiento de Cartago, Alfredo Araya, quien estaba citado a comparecer pero no fue posible hallarlo. Incluso, según el presidente de la comisión, Pablo Heriberto Abarca, trataron de localizarlo en su casa de habitación y por medio de mensajes pero no atendió, por lo que ahora deberán definir cómo proceder en este caso.

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El alcalde Mario Redondo figura en el expediente del caso Diamante, por supuestamente haber recibido dádivas por parte de MECO entre abril y diciembre del 2020, para beneficiar a esa constructora con la adjudicación de una licitación pública de ¢756,3 millones, con el fin atender la red vial cantonal.

La Fiscalía cita que Redondo habría recibido financiamiento para la campaña municipal del 2020 y dinero en efectivo por parte de Abel González Salazar, gerente de Operaciones de la constructora.

Redondo, al igual que los alcaldes de San José Johnny Araya Monge; Alfredo Córdoba Soro, de San Carlos; Humberto Soto Herrera, de Alajuela; Arnoldo Barahona Cortés, de Escazú, y Alberto Cole De León, de Osa se encuentran suspendidos de sus cargos mientras avanza la investigación.

Todavía están pendientes de acudir a la comisión legislativa Redondo, Araya, Córdoba, Soto y Barahona, quienes serán citados en las próximas semanas.