Los números financieros de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se agravan con el pasar de los meses.

Solo para junio, la entidad portuaria estatal presentaría pérdidas por alrededor de ¢2.650 millones.

La administración de Japdeva calcula que solo percibirá ¢750 millones por sus actividades portuarias, mientras que tiene una cuenta de gasto por ¢3.400 millones.

De ese monto, ¢2.500 millones corresponde al pago de remuneraciones para los más de 1.200 empleados.

Esta realidad, según la presidenta ejecutiva de Japdeva, Andrea Centeno, deja a la institución a semanas de la quiebra; escenario que para la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, ya llegó. Así lo hizo saber ante los diputados, minutos antes de que Centeno compareciera en la misma Comisión de Hacendarios.

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A pesar de esa situación, las autoridades de Gobierno insisten en la necesidad de mantener a flote la institución.

“Nosotros creemos que vale la pena salvar Japdeva. Por sus trabajadores, porque se trata de un servicio público del Estado, porque se trata de la competitividad país”, sostuvo Centeno.

De acuerdo con la entidad portuaria, antes de la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), Japdeva generaba alrededor de ¢4.000 millones por la atención de embarcaciones.

En marzo, cuando el megapuerto ya operaba a capacidad total, esos ingresos se redujeron a ¢1.900 millones.

La baja continuó en abril (¢1.200 millones) y mayo (¢1.100 millones), hasta llegar a los ¢750 millones con los que se estima cerrar junio.

Sobre las pérdidas acumuladas desde enero del presente año, la presidenta ejecutiva aseveró que todavía está “haciendo números”.

Ella tomó el timón de la Junta luego de que en marzo el presidente de la República, Carlos Alvarado, destituyera al exjerarca Greivin Villegas, por “no estar alineado” a los criterios del Gobierno.

Continuará operando

De aprobarse el proyecto de ley para reestructurar Japdeva y el presupuesto extraordinario para financiar dicho plan, la Junta de Administración mantendría las pequeñas operaciones en los muelles de Moín y Limón.

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Para ambas terminales existen proyectos de infraestructura, que tendrían el objetivo de diversificar los negocios e impulsar las actividades que actualmente pueden operar.

La atención de embarcaciones portacontenedores pasó a manos de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), por el contrato de concesión que firmó el Gobierno en 2012 y que en su momento Japdeva respaldó.

De no aprobarse las iniciativas estatales, la entidad portuaria caería en una situación de impago a trabajadores y proveedores, que a la larga, según la ministra de Hacienda, le saldría más caro al Estado.

“Japdeva ha dado servicios que sin ellos, los exportadores e importadores hubieran tenido una crisis”, expresó Centeno, tratando de convencer a los legisladores de la importancia de mantener viva a Japdeva.

El muelle estatal ha atendido embarcaciones de la TCM, debido a diversas fallas en el megapuerto.

Además de las operaciones portuarias, Japdeva continuaría gestionando parte de la inversión social en Limón, como lo dicta la ley orgánica de la institución.

Sobre esta actividad, un reciente informe de la Contraloría General de la República señaló el desorden y falta de transparencia por parte la Junta para gestionar los proyectos sociales en Limón.

El contrato de concesión con la TCM traslada el 7% de los ingresos netos del megapuerto a Japdeva, para que la entidad invierta en obras de desarrollo económico en todo el Caribe.