Los peajes de la autopista General Cañas y la carretera Bernardo Soto tendrán más casetas, algunas para cobro automático, y, eventualmente, subirían de precio, antes de que se complete la ampliación total de la carretera entre San José y San Ramón.

Este es el plan del Banco de Costa Rica, encargado del fideicomiso para la ampliación de la ruta 1, que en julio asumirá la administración de esos peajes.

A partir de ese momento, su principal objetivo será aumentar la recaudación y agilizar el proceso de cobro y control de los recursos que se generen.

Como parte de ese objetivo, la primera medida será eliminar la suspensión de cobros en días feriados, por la noche o en hora pico, como usualmente se aplica en estos y otros peajes operados por Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Es decir, el cobro será permanente, como explicó, la encargada del fideicomiso, Hadda Muñoz.

“El fideicomiso está haciendo un enorme esfuerzo para aumentar los ingresos de este peaje existente, porque estos ingresos nos van a ayudar a apalancar todas las inversiones que tiene que enfrentar el fideicomiso (...) son ¢75 (la tarifa actual), eso no alcanza ni siquiera para la operación del peaje, afirmó la directora de la Unidad Administradora del proyecto del fideicomiso Ruta 1, Hadda Muñoz.

Según dijo, es parte del proceso para recibir ingresos adicionales que se puedan captar ante la necesidad de hacer una serie de inversiones como la compra de terrenos, reasentamientos de familias y relocalización de servicios públicos.

Precisamente, un estudio sobre esas inversiones determinará el incremento de tarifas.

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“Cuando el cobro del peaje pase al fideicomiso, el fideicomiso se va a encargar de contratar a la empresa que opere y una empresa que supervise al operador. Cuando empecemos esa tarea en julio, la tarifa sigue igual, pero a partir de ese momento vamos a emprender unas obras de mejora, para dar mayor capacidad y fluidez, sistematizando el cobro de peaje, de forma que la suspensión sea mínima y los ingresos van a ser mayores", añadió.

Las estimaciones es que los recursos adicionales que se generarían al evitar suspensiones en el cobro duplicarían los montos que se perciben actualmente.

Además, aclaró Muñoz, la metodología tarifaria que se aplicaría en estos peajes sería distinta a la del resto de cobros que hace el Conavi. pues por ley, los recursos que se obtengan en ese corredor se podrían utilizar en las obras mencionadas.

El Conavi, en cambio, solo puede usar los fondos de los peajes en labores de conservación vial. El Consejo también administra los cobros en la carretera Florencio del Castillo y Braulio Carrillo.

Las casetas

De acuerdo con Muñoz, la construcción de las nuevas casetas del peaje se ejecutaría junto al primer lote de as llamadas obras impostergables (OBIS), cuyos trabajos iniciarían a finales de año.

La idea es que esa mejora se incorpore dentro de la ampliación del puente sobre el río Segundo, en la autopista General Cañas.

Para esto se ampliaría también la calzada a cinco carriles desde ese paso hasta el peaje.

“Ya hicimos los estudios, ya están definidas las obras de mejoramiento en ese peaje, que es pasar de cuatro a cinco casetas, como el derecho de vía no es suficiente, la construcción sería sesgada”, dijo Muñoz.

Eso significa que se construirían dos casetas de peaje antes de la estación existente y más adelante ahí se demolería una para que queden tres y el carril restante más uno adicional sirva para el paso de los vehículos que ya cancelaron en la estación previa, eso sí, con división de carriles para evitar la evasión del pago.

Además, del total de cinco cubículos de cobro, dos sería automatizados, uno sería manual y los dos restantes mixtos.

Muñoz dijo que también pretenden realizar mejoras similares en el peaje de Naranjo.

Las otras obras que se incluyeron en este primer grupo son la ampliación del puente sobre el río Ciruelas –cerca del aeropuerto Juan Santamaría– la ampliación del puente sobre el río Alajuela –cerca del cruce a La Garita–, un paso a desnivel en el intercambio de la empresa Firestone y el conector a la altura del Conservatorio de Castella.

El diseño y construcción de estos trabajos se iniciarían en el último trimestre de este año.

El segundo “lote” de obras incluye el intercambio de Circunvalación (a la altura del monumento al Agua) y el puente sobre el río Torres –cerca del hotel San José Palacio–cuyas obras están previstas para el segundo trimestre del 2020.

Posteriormente, se intervendría el puente Juan Pablo II y ocho intercambios de la carretera Bernardo Soto, que se convertirían en pasos a desnivel.

Este lunes, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, anunció que ya se envió a la Asamblea Legislativa el presupuesto extraordinario en el que se incluyen ¢40.000 millones para el Consejo Nacional de Vialidad.

Esos recursos serán destinados al desarrollo de las obras mencionadas por la directora del fideicomiso.

Adicionalmente, el jerarca dijo que se tramita un nuevo crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por $50 millones adicionales para las OBIS.

Estas obras fueron diseñadas con la intención de que se agilice el tránsito en la ruta, mientras se concreta la fase de preinversión, estudios de factibilidad, búsqueda de financiamiento y expropiaciones del llamado “proyecto integral”, que comprende la ampliación de los 60 kilómetros que van desde La Sabana hasta San Ramón.

Este lunes, Muñoz informó de que ya se recibieron las ofertas de empresas que se encargarán de los estudios de factibilidad técnica, ambiental, económica y financiera del proyecto.

“Esos estudios son fundamentales para el diseño y la estructuración financiera, que es necesaria para emprender la búsqueda de financiamiento ante entidades que aporten los recursos para la construcción del proyecto integral”, explicó.

La ampliación de la ruta tendría un costo de $500 millones y el aporte que está haciendo el Gobierno mediante las OBIS sería considerado como aporte estatal a fin de que las tarifas de peaje no sean muy elevadas.