La primera dama, Mercedes Peñas, entró a trabajar en un plan gubernamental para paliar la ola de asesinatos que sufre el cantón de Desamparados.
A solicitud de la alcaldesa, Maureen Fallas, Peñas asumió la coordinación de un grupo encargado de promover acciones para prevenir la violencia en el cantón josefino.
Según declaró ayer el viceministro de Paz, Víctor Barrantes, la idea es organizar a instituciones públicas y privadas para intensificar las actividades que promuevan el arte, la recreación y la cultura.
Por ejemplo, entre finales de ese mes y principios de febrero, se desarrollará el Festival por la Paz y, en el primer cuatrimestre del año, comenzará la construcción de un Centro Cívico por la Paz en la localidad de La Capri.
Contará con canchas de fútbol y de baloncesto, así como un área para patinetas y aulas para clases de danza y música.
El comité pretende que se inviertan recursos para remozar otros parques y calles locales.
A la vez, el grupo elabora un diagnóstico para entender la situación de la zona y el contexto en que viven sus vecinos.
El año pasado, a causa de las disputas entre bandas narco, Desamparados desplazó a Limón y se colocó como el segundo cantón con más homicidios.
Entre el 1.° de enero y el 18 de noviembre del 2014, en ese cantón ocurrieron 38 asesinatos, cifra superada solo por San José, con 58 casos, mientras Limón cayó al tercer puesto con 29 muertes.
A raíz del brote de violencia, este año se suspendieron los desfiles del 15 de setiembre y el Carnaval programado para el 27 de diciembre, en Desamparados.
“Nuestro objetivo es articular a las instituciones que tienen presencia en el territorio para realizar acciones inmediatas que incidan directamente en los factores asociados al delito”, dijo Mercedes Peñas en un comunicado divulgado por Casa Presidencial.
Por su parte, el viceministro de Paz agregó: “La percepción de inseguridad empieza por los lugares públicos; entonces queremos hacerlos más atractivos. Que las comunidades se empoderen y tomen el control de ellos, pues en muchas ocasiones son tomados por la violencia”.
Aunado ello, se pretende determinar cuántos recursos se requieren para concretar esas acciones y saber cuáles instituciones pueden proveerlos.
La experiencia de otras ciudades como Medellín y Santa Tecla, en Colombia y El Salvador, respectivamente, a la vez serán analizadas con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Controlar armas. Otra de las acciones apunta a combatir la tenencia de armas, mediante una campaña que fomente el diálogo como salida para resolver los conflictos, en vez de la violencia.
El Poder Ejecutivo, además, intensificará en la Asamblea Legislativa el apoyo a una reforma a Ley de Armas y Explosivos, con la cual se pretende restringir el uso de armas de fuego, sus calibres y las municiones permitidas.
“El 66% de los homicidios en el país ocurren con armas de fuego, eso hay que combatirlo”, añadió el viceministro de Paz.
En este plan, también participan representantes de las carteras de Trabajo y Educación, del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), de la Fuerza Pública y de la Cruz Roja, así como del Consejo de la Persona Joven, del Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), del Parque La Libertad y de varias organizaciones no gubernamentales como la Iglesia católica y la evangélica.