Empresas privadas podrían, de ahora en adelante, no solo recibir en concesión la construcción de nuevas carreteras, sino también asumir la operación y el mantenimiento de las vías existentes.

La posibilidad de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) haga estas contrataciones se abre con la aprobación de la reforma a la Ley de Concesiones. Este plan recibió el lunes el primer aval de los diputados.

Esta normativa regula el modelo llamado “optimización de activos públicos”, mediante el cual inversionistas privados (empresas o fondos de pensión) podrían reconocer al Estado un pago por una carretera existente y asumir el mantenimiento, operación (cobro de peajes) y gestión por un plazo determinado.

Bajo eses esquema, el Gobierno podría ahorrar recursos de mantenimiento, garantizarse el buen estado de la vía y generar nuevos fondos para reinvertir en otros proyectos para comunidades aledañas a la obra.

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“Lo que significa es que no solo se dé en concesión el desarrollo de obra pública en el inicio, sino que el mantenimiento también se pueda dar en concesión. Por ejemplo una carretera como Cañas-Liberia ya construida, ¿qué pasa si el Estado no tiene los recursos o la capacidad para darle el debido mantenimiento? Bueno esto permite que se dé en concesión y además establece cómo se podrían usar los recursos dentro de la misma región donde se da esa concesión”, explicó la diputada liberacionista Silvia Hernández, impulsora de la iniciativa.

La Ley de Concesiones tiene 20 años de existir y en el país solo se han desarrollado dos obras bajo ese modelo: la carretera San José- Caldera y la Terminal de Contenedores de Moín.

Recursos de impuesto

El proyecto Ley para la Optimización de Activos de Infraestructura Pública, el Fortalecimiento de la Preinversión y el Desarrollo de Capacidades Técnicas para la Implementación de Modelos Transparentes y Eficientes de Asocio entre el Sector Público y Privado, busca dotar de recursos al Consejo Nacional de Concesiones para fortalecer la etapa de preinversión de los proyectos, donde se incluyen estudios, relocalización de servicios, expropiaciones y socialización de los proyectos.

La intención es evitar sobrecostos y atrasos durante la ejecución.

Dichos recursos provendrían del impuesto a la propiedad de los vehículos, que se cobra en el derecho de circulación.

La reforma establece que se destinaría el 2% de lo recaudado por dicho rubro durante 10 años.

De esos fondos, el 10% se destinaría para la promoción de capacidad y mejoras en la implementación de los modelos de concesión de obra pública y el restante para la etapa de preinversión.

A modo de ejemplo, cita el proyecto, en el 2018 se recaudaron ¢173.194 millones, por lo que correspondería al CNC unos ¢34.638 millones.

Hernández comentó que el modelo existente no transfiere riesgos ni trabaja basado en resultados, sino que el Estado contrata a empresas privadas en diferentes etapas del proyecto de infraestructura sin trasladar la responsabilidad del financiamiento y los riesgos que esto conlleva.

“Actualmente, por ejemplo, el Estado contrata a una empresa A, para que haga los planos; a una empresa B, el desarrollo de la obra; a la empresa C, la pintura cuando corresponde; y a la empresa D, en el mejor de los casos, el mantenimiento. Esto no es más que trabajar con empresas privadas, esto No es un modelo de concesión”, explicó la diputada.

Por su parte la secretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones, Paola Benavides se mostró satisfecha con la aprobación de la reforma, pues según dijo considera temas que pueden ayudar a ese órgano a gestionar las concesiones de una manera diferente y a generar esquemas de modelos de negocio más integrales.

Asimismo, dijo, viene a dar un apoyo a las etapas de planificación, que con frecuencia no tienen los recursos, y cuando se trata de contratos de concesión, al ser proyectos de largo plazo, desarrollar adecuadamente estas fases es vital.