Unos 2.000 dueños de placas de taxi perdieron la concesión para prestar este servicio, debido a que no pudieron cumplir sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo reveló este miércoles, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos.
Méndez justificó por qué el proyecto de ley para regular los servicios de transporte remunerado de personas y plataformas tecnológicas para el transporte, se incluye la creación de un fondo de movilidad que brindaría asistencia social a los choferes de taxi.
El jerarca respondió de esta manera a una consulta de la diputada del Partido Acción Ciudadana, Paola Vega, quien cuestionó que “la movilidad tiene límites muy claros que no van con el tema social”.
“La incursión de las plataformas tecnológicas y el servicio de transporte que se brindó y que se brinda a través de ellas de una manera ilegal y además operando en la informalidad, generó sin la menor duda efectos de carácter socioeconómico en los servidores de taxi.
“Y ellos inclusive, cerca de 2.000 concesionarios del servicio no pudieron atender sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social y perdieron el derecho a la concesión”, respondió al jerarca.
El fondo que establece el proyecto de Reforma al Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de Transportes, aseguró Méndez Mata pretende mejorar la calidad de los servicios al usuario.
Durante la comparecencia, el jerarca dijo que Uber opera en “la clandestinidad” y reconoció que para elaborar el proyecto de ley en el que se fijaron montos de inscripción, canon y topes de vehículos permitidos, debieron basarse en los datos que la empresa ha querido dar a conocer a través de los medios, pues nunca respondieron a las solicitudes de información del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Ministerio de Hacienda.
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“Dentro de esta misma línea y siguiendo, quien opera las plataformas lo ha hecho desde la clandestinidad porque no sabemos lo que hacen (...) La información que tenemos deriva de lo que ellos quieren comunicar. De esa manera pues nos dicen que hay 22.000 colaboradores, si uno hace números con base en eso, llega a entender que el monto de los servicios que se han brindado bajo esas modalidades en los últimos tres años, llega a sumas realmente extraordinarias de cientos de miles de millones de colones”, aseguró.
La iniciativa, elaborada por el MOPT establece, en el caso específico de Uber, que la empresa debería pagar ¢8.299 millones (unos $13,5 millones) por registrarse ante el Estado.
Además, se cobraría 3% adicional sobre cada servicio para financiar un fondo de modernización del transporte público.
El tope de licencias a otorgar debería ser definido por el Consejo de Transporte Público (CTP), según el proyecto de ley.
‘Desproporcionado’
Los diputados fustigaron al ministro sobre si ese monto sería desproporcionado, ante lo que el jerarca insistió en que a su criterio, lo desproporcionado son las cifras que la misma empresa ha dado a conocer.
“ A mi me parece totalmente desproporcionado que haya 22.000 colaboradores de Uber en la Gran Área Metropolitana que es donde operan, donde tenemos 2,5 millones de habitantes, lo cual indicaría que tenemos un servicio dado por plataforma por cada 113 habitantes.
"Me parece desproporcionado que se nos diga que hay 22.000 servidores de una de las plataformas, cuando posiblemente hay en la GAM unas 600.000 unidades sedan, lo cual nos dice que uno de cada 30 vehículos estaría haciendo servicios de plataforma”, agregó.
El ministro dijo que su “esperanza” es que esa comisión logre extraer la información de las plataformas que el Ejecutivo no pudo recabar.
Explicó además que el tope al número de licencias para este servicio que se otorgarían se estableció porque el esfuerzo del Gobierno se encamina hacia servicios de transporte integrado y se busca dar exclusividad al transporte público masivo (buses y tren) y no a servicios de transporte individuales.