El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) escogió a dedo a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), en el 2017, para desarrollar los estudios base del tren eléctrico.
Se trata de una agencia contratada desde el 2014 para ejecutar varias obras, la cual ha afrontado cuestionamientos por negar acceso a información de contrataciones públicas, pedir adelantos del 100% de los trabajos y trasladarlos a bancos en Estados Unidos.
Meses atrás, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) también comenzó una investigación a la UNOPS por aparentes incumplimientos en el pago de cuotas obrero-patronales.
¿Por qué el Incofer escogió a la UNOPS? ¿Quién verificó la experiencia de esa organización en ese tipo de proyectos? ¿Cuál es la experiencia de los profesionales contratados? ¿Quién tomó la decisión?
Nadie tiene respuestas para esas preguntas.
Desde el 6 de julio, La Nación envió consultas al Incofer para conocer por qué esta agencia de la ONU fue la escogida para realizar la consultoría que sirvió de punto de partida para el proyecto de concesión.
También, se remitieron preguntas al despacho de la primera dama, Claudia Dobles, el cual se encarga de coordinar el proyecto.
El 8 de julio, el Incofer dijo, por medio de su oficina de prensa, que utilizó $100.000 (¢58 millones) para contratar a UNOPS con el objetivo de evaluar “alternativas contractuales” para la obra, analizar experiencias de otros países en sistemas de transporte similares,y examinar la legislación de concesiones en Costa Rica y el reglamento de alianzas público-privadas del Ministerio de Hacienda.
El informe lo financió el Estado costarricense con dinero de la donación de $1 millón entregada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en el 2016.
El aporte más importante de UNOPS, según Incofer, fue definir que el modelo de concesión era el más adecuado para desarrollar el tren eléctrico en la Gran Área Metropolitana.
Según el Incofer, el análisis realizado por UNOPS estuvo a cargo de Ignacio Aragón, Mario Maza, Sebastián Albin, Marcelo Pérez, Jean Francois Laurent, José Ignacio Gervaz, Livia Alen, Alexandra Menezes, Heddy Burgos y Carlos Rodríguez.
Este diario solicitó a la agencia de la ONU copias del currículum y el perfil profesional de las personas mencionadas, pero respondieron que no pueden entregar esos datos por “política interna”.
Al consultar a Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva de Incofer, si ella corroboró la experiencia de UNOPS en proyectos ferroviarios y los atestados de los profesionales involucrados, respondió que desconoce esos detalles.
“Todo el proceso contractual el BCIE lo delegó en UNOPS, por lo cual no tenemos acceso a esos documentos; lo que desde Incofer se realizó fue la solicitud para contar con dichos estudios”, aseguró Briceño a través de un correo electrónico.
No obstante, el BCIE desmintió lo dicho Briceño.
“El Banco Centroamericano de Integración Económica en 2016 otorgó una donación para la República de Costa Rica la cual fue utilizada para la realización de los estudios sobre el modelo de desarrollo del Tren Eléctrico de Pasajeros por parte de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)”.
“La utilización de los fondos para tal fin fue una decisión soberana del Gobierno; el BCIE no tuvo interferencia en la selección de UNOPS, ni tampoco en los procesos contractuales relacionados a los estudios”, declaró la entidad por medio de su oficina de prensa en Costa Rica.
Por su parte, el despacho de la primera dama señaló que no tuvieron nada que ver en la contratación de UNOPS, pues se realizó en 2017 durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, cuando Claudia Dobles aún no ocupaba ese cargo.
Ante esa declaración se le cuestionó si sabía que el Incofer no constató la experiencia de UNOPS y si garantiza la calidad del estudio elaborado pese a esa circunstancia.
Una vez más, la respuesta fue que su despacho no tuvo intervención y que “la entidad pública encargada del proyecto (tren eléctrico) es el Incofer”.
El tren eléctrico es una obra estimada en $1.553 millones y se desarrollaría por medio de una concesión en la que el Estado aportaría $550 millones más transferencias anuales para subsidiar las tarifas; los giros para ese rubro oscilarían entre $50 millones y $150 millones.
Para aportar los $550 millones estatales del inicio, el Congreso estudia si aprueba un crédito del BCIE obtenido por el Gobierno.
El subsidio de tarifas es una práctica común en este tipo de transportes y tiene el objetivo reducir el costo de viaje para los usuarios.
“Se trata de mucho más que un tren. Su ejecución constituye una gran oportunidad que va más allá de la vía férrea, los vagones o las frecuencias de los viajes”.
“Es la posibilidad real de optimizar las ciudades más pobladas y sus interconexiones; es la gran oportunidad de construir un generador masivo de progreso para Costa Rica”, expresó Dobles en un artículo de opinión publicado días atrás.
UNOPS no ejecutaría
Entre todas las interrogantes sin respuesta hay una que sí la tiene y fue subrayada por el Incofer: en caso de que el proyecto de tren eléctrico avance, no valoran encargar la ejecución a UNOPS.
“El proyecto se ejecutará directamente desde el Incofer al amparo de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, para lo cual desde hace más de año y medio viene funcionando una Unidad Ejecutora del proyecto con personal de planta del Incofer y consultores externos, con el acompañamiento de personal interinstitucional en la revisión según la etapa contractual de avance del proyecto”, afirmó la entidad pública.
“Desde la conclusión del trabajo con UNOPS se informó a la prensa y a la opinión pública que hasta ahí llegaría la participación de dicho órgano en el proceso del Tren Eléctrico”, añadieron.
La experiencia de UNOPS
Según información entregada por UNOPS, hasta el 2017, año en que realizó el estudio para el Incofer, la participación de UNOPS en proyectos ferroviarios se limitó a la asistencia técnica del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), en Perú.
En ese país sudamericano brindaron servicios relacionados al “manejo de licitaciones” y aseguran que generaron ahorros hasta por $125 millones en los diferentes procesos de contratación de la línea 2 del metro de la ciudad de Lima.
Desde 2019, asesoran al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de México en la pre-estructuración financiera y la definición del modelo de negocio del tren Maya.
Al igual que en Costa Rica, en México han sido cuestionados por la prensa debido a la poca transparencia en su relación con el Gobierno y la administración de los recursos públicos asignados.
El 24 de junio anterior, la revista Proceso denunció que los acuerdos entre UNOPS y el gobierno mexicano fueron publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero las partes relacionadas a la estructura de costos directos e indirectos fueron tachadas por completo bajo el argumento de que es información confidencial.
Los servicios de UNOPS le costarán a los mexicanos $8,5 millones, según varios reportes de prensa.
En nuestro país, esa organización de Naciones Unidas también enfrentó problemas por la negativa a publicar información por considerarla confidencial.
En mayo de 2018, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por dos ciudadanos que reclamaron que no se les permitía ver los expedientes de contratación de varias obras públicas encargadas a UNOPS.
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Los magistrados concluyeron que esa información era pública y le ordenaron al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) garantizar el acceso al expediente a todas las partes interesadas.
En setiembre de 2019, la Contraloría General de la República le solicitó a la Caja Costarricense de Seguro Social investigar la forma en que UNOPS contrata personal en Costa Rica, pues no aparecen inscritos como patronos pese a tener a decenas de personas trabajando para ellos.
El alegato de UNOPS es que no deben pagar a la seguridad social ya que gozan de inmunidades y privilegios dados por la Derecho Internacional. Sin embargo, la Caja, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores sostienen lo contrario.
Semanas atrás, Rodolfo Solano, canciller de la República, manifestó que no descarta llevar esta diferencia a un proceso de arbitraje internacional.
En total, la Caja le reclama a varias agencias de la ONU en el país ¢1.324 millones.
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Un estudio de la Contraloría, publicado en 2019, reveló que los plazos iniciales estimados de dichos proyectos aumentaron entre un 75% y un 186%.