El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) retiró una demanda judicial que la administración anterior planteó contra la Contraloría General de la República (CGR), en oposición a un informe de auditoría.

Irene Cañas, jerarca del ICE, confirmó el retiro del reclamo judicial y explicó que el ICE acordó conciliar cómo se cumplirán las disposiciones emitidas por el órgano contralor en relación con cambios en la adquisición de bienes y servicios.

El acuerdo se concretó el 18 de setiembre anterior y fue anunciado por la jerarca del Instituto el viernes pasado, durante una conferencia de prensa durante en la cual profundizó en la situación financiera de la institución y anunció el freno al proyecto hidroeléctrico El Diquís.

De acuerdo con Cañas, luego de asumir el cargo, en mayo, supo de la existencia de varias demandas judiciales contra la CGR y solicitó analizarlas.

“Decidimos que correspondía archivar este caso y seguiremos en la revisión para ver si es posible archivar más”, explicó Cañas.

No precisó cuantos reclamos se presentaron .

La jerarca subrayó que el acuerdo salvaguarda el interés institucional del ICE y no demerita el objetivo de las disposiciones dictadas por la Contraloría.

El ente contralor informó por medio de la oficina de prensa de que no se referirá al tema.

La demanda tuvo su origen en un informe en el cual el ógano contralor advirtió que tres años el ICE compró bienes y servicios por ¢6.000 millones a padres, hijos o cónyuges de 59 de sus funcionarios, lo cual se califica como “riesgoso” en el documento.

Se trató de más de 240 contratos por ¢5.932 millones realizados en el periodo que va del 2012 al 2015, según el informe DFOE-IFR-IF-00001-2017 de la CGR.

La auditoría de carácter especial se hizo a partir de información de la plataforma de compras estatales Mer-link y otras bases de datos públicas, así como de varios métodos de análisis estadístico ligados a la actividad contractual de esa empresa pública.

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Conforme el documento, el Instituto controla los posibles conflictos de interés con apoyo de declaraciones juradas, sin embargo, carece de procedimientos que verifiquen si esas declaraciones son veraces. Por esa razón, recomendó al Instituto llevar a cabo análisis de riesgo de manera periódica.

¿Por qué la CGR consideró “riesgoso” el procedimiento? Primero, porque consideró necesario adoptar nuevas medidas para que la entidad verifique si realmente un bien o servicio es necesario.

Además, creyó conveniente confirmar si el bien o servicio se requiere en las características o cantidades estipuladas y, finalmente, si es prudente garantizar que no hay injerencia del oferente.

Según el acuerdo de conciliación, el ICE interpuso el 10 de febrero del 2017 un recurso de revocatoria con apelación en subsidio ante la CGR contra algunas disposiciones del informe. Una resolución del 14 de setiembre de ese año, agrega el texto, hizo que la CGR dejara en firme la mayoría de disposiciones apeladas.

Ante esa decisión, la administración del ICE, presidida en aquel momento por Carlos Obregón Quesada, interpuso una demanda judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo en virtud de las correcciones que la CGR le planteó al Instituto. El proceso se llevó bajo el expediente N°17-002701-1027-CA.

Como parte de la conciliación que resolvió la nueva jerarca, el ICE aceptó retirar la demanda y la CGR concedió abstenerse de pedirle nuevos requerimientos al Instituto. Además, cada parte renunció al cobro de costas procesales o personales, u otro daño o perjuicio derivado del proceso judicial mientras se mantuvo.

“En consecuencia, cada parte asumirá sus costas, así como cualquier otro gasto relacionado con la tramitación del presente proceso”, indica el documento.

Controles más específicos

Con tal de cumplir las disposiciones de la CGR, el ICE acordó crear un lineamiento interno por el cual quede claramente enlazado a cuál meta del programa operativo de la entidad corresponde cualquier compra de bienes y servicios.

En licitaciones, el ICE aceptó modificar el artículo 36 de su Reglamento Interno de Contratación Administrativa (RICA) para que donde hoy se lee “deberá justificarse”, en adelante se lea la frase “deberá incluir un análisis de razonabilidad del precio”; para aquellos casos cuyo monto recomendado supere 30% del monto estimado.

En contrataciones directas de escasa cuantía, se variará el artículo 45 inciso K del RICA para que las contrataciones directas de excepción también incluyan en adelante un análisis de razonabilidad del precio.

También el ICE acordó enviarles un comunicado a sus coordinadores de contrataciones y administradores de contratos para recordarles “su obligación de gestionar diligentemente los procedimientos de cobro de multas que correspondan”.

Estos comunicados se harán cada año para fines de control interno y así evaluar posibles atrasos o incumplimientos en procedimientos de cobro, anota el acuerdo que incluye otras disposiciones para la Proveeduría interna del ICE que endurecen sus controles y seguimientos sobre cómo se gasta el dinero en servicios y bienes.

Estos cambios y ajustes, añade el acuerdo, quedarán aprobados formalmente en los primeros meses del 2019.