La falta de transparencia sobre la situación real de las empresas del Grupo ICE inquieta al Ministerio de Hacienda, por considerar que representa un peligro para el fisco.
Hace énfasis en los negocios en del sector de Telecomunicaciones, cuya información está protegida por la confidencialidad, lo que impide tener un conocimiento de la problemática de cada empresa.
“Dada la protección de información de la que goza el ICE para el sector Telecomunicaciones, no existe un claro conocimiento sobre la problemática o riesgos que enfrenta cada una de las empresas del Grupo ICE, lo cual a su vez implica un riesgo en sí mismo”, señala.
Estas prevenciones están incluidas en el reporte Marco Fiscal de Mediano Plazo para el Gobierno Fiscal 2021-2025, del 23 de abril anterior.
En el documento, Hacienda recuerda que la Contraloría General de la República (CGR) ha señalado en varios análisis que el panorama de la entidad pública no es positivo por los negocios en los cuales incurre, los que luego le resultan ruinosos.
El Grupo ICE lo conforman el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A., la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense, S.A. (CRICSA), y Gestión de Cobro Grupo ICE.
Hasta octubre de 2019, también estaba Cable Visión de Costa Rica, que el ICE absorbió.
Frente a las preocupaciones de Hacienda, el Instituto argumentó que siempre ha hecho pública su información financiera. Aseguró que cada trimestre presenta un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazasa la Dirección General de Contabilidad Nacional de Hacienda.
“Por todo lo anterior, se considera que el Ministerio de Hacienda conoce a profundidad los riesgos a los cuales está expuesto el Instituto”, respondió la oficina de prensa, a las consultas de La Nación.
Afirmaron que la entidad es “absolutamente transparente con la información que entrega a Hacienda, entes reguladores, auditores y otras instituciones e instancias de control y rendición de cuentas con las cuales se vincula”.
El Grupo ICE reportó una pérdida interanual de ¢81.000 millones a setiembre del 2020, cuando sus negocios de electricidad y telecomunicaciones cayeron ¢55.000 millones en ingresos, revelan sus últimos estados financieros. El resultado anual del 2020 permanece sin divulgarse.
Hasta entonces, sus deudas ascendían a ¢3,9 billones.
La Ley Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660) fija al ICE un tope a su endeudamiento financiero de 45% sobre el total de sus activos.
El ICE admitió por escrito ante consultas de este medio, que esos ¢3,9 billones representan 41,7% del tope autorizado y un nivel de deuda que califican de “manejable”.
Problemas de eficiencia
En su análisis, Hacienda hizo eco de una comparación que elaboró la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de la eficiencia de ocho empresas eléctricas locales para el año 2019, el cual arrojó diferencias significativas.
Ese estudio, cita Hacienda, determinó que el costo operativo promedio de darle electricidad a un abonado en Costa Rica es ¢422.295. Sin embargo, la CNFL registra el más alto con ¢576.174; un adicional de ¢153.879 (30,8% más).
“Con respecto al costo operativo por cliente, el cual si aumenta en el tiempo, indica que la empresa es menos productiva por una disminución en la cantidad de abonados o el costo de la electricidad ha ido en aumento, nuevamente la CNFL presenta el costo más alto por abonado pese a tener la mayor concentración de usuarios por kilómetro de red”, añade Hacienda.
Por esas condiciones, para el Ministerio “la CNFL necesita mejorar sus indicadores de eficiencia operativa”.
A febrero pasado, había 1,6 millones de abonados residenciales de electricidad en el país según la Aresep. De ellos, el ICE tenía 724.000, y la CNFL, 504.000 (76,6% del mercado entre ambas).
Aresep halló también que la planta eólica Valle Central (Santa Ana, San José) y la hidroeléctrica Balsa Inferior (San Ramón, Alajuela), de la CNFL producen la energía más costosa con precios medios de ¢294,38 por kilovatio hora (kWh) y ¢368,20 kWh; respectivamente. Aparte, tienen factores de planta bajos de 21,98% y 20,53%.
En generación de energía, el factor de planta es la expectativa de generación, generalmente por año, según su capacidad instalada.
Por ejemplo, la planta hidroeléctrica Reventazón (Siquirres, Limón) del ICE es una de sus instalaciones más ociosas, con un factor de planta de apenas 32% en 2019, reveló la Autoridad.
Ese año solo produjo 845 Gigavatios (GW) aunque el ICE proyectó un aporte anual de 1.500 GW. La instalación inaugurada en el 2016 costó casi $1.500 millones ($810 millones más da lo previsto en 2008) y dispone de 306 megavatios (MW) de capacidad instalada.
El ICE, no obstante, rechazó la comparación elaborada por Aresep, al cuestionar que no se incluyeran otros criterios. Si bien el análisis era solo de costos entre plantas, el ICE asegura que faltó incluir cuál es la función de cada instalación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y otras variables.
Deudas y salvavidas
La alerta que hizo Hacienda en su reporte de abril, se suma a otras campanadas de advertencia sobre la salud financiera del Grupo ICE.
En junio del 2018, la CGR descubrió que el Grupo inyectó ¢23.000 millones a su subsidiaria Cable Visión de Costa Rica del 2014 al 2017, justo luego de adquirirla en condición de deterioro financiero.
Apenas incluida en su portafolio de empresas, la cablera ya presentaba pérdidas que la Contraloría declaró “riesgosas” para la Hacienda Pública, representada en las finanzas del ICE.
Unos meses después, el 3 de noviembre del 2018, el Grupo sepultó el proyecto hidroeléctrico EL Diquís, en la zona sur del país, luego de siete años de atrasos y parálisis.
En ese proyecto, se gastaron $146 millones en estudios, para una obra que al final no resultó necesaria.
La jerarca del ICE, Irene Cañas, agregó en esa ocasión que las finanzas del ICE estaban en “números rojos” y proyectaba pérdidas por ¢314.000 millones, al cierre de ese año.
Para marzo del 2019, Sofía Machuca Flores, auditora general del ICE, afirmó ante la Comisión de Control el Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que los errores financieros en la institución eran constantes.
Empero, desde años antes de estos anuncios, la CNFL ya arrastraba un desequilibrio financiero por el exceso de deudas cuando levantó las plantas Balsa Inferior, en Florencia de San Carlos, y el Parque Eólico Valle Central, en Santa Ana.
Balsa Inferior pasó de un estimado inicial de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras que el Parque Eólico de $21 millones a $54 millones.
Tanto erosionan estas deudas las finanzas de la CNFL, que el ICE debió inyectarle ¢15.000 millones en el 2017, para que cancelara una emisión de bonos de deuda colocados en el 2010 para levantar Balsa Inferior.
Para mantenerse financieramente, el ICE reconoció una serie de acciones que incluyen programas de movilidad voluntaria, no renovación de contratos a generadores privados de energía, venta de activos en desuso (edificios, lotes, vehículos y maquinaria pesada), y renegociación de las condiciones financieras de deuda de su planta Reventazón.