Irene Vizcaíno. 18 mayo
El 29 de noviembre, el gobierno tomó posesión de los terrenos donde funcionaba del restaurante Friday's, en Montes de Oca, luego de un largo proceso, sobre todo para que se resolviera y pagara del derecho comercial. Aquí se comenzará a construir un paso a desnivel. Foto: Alonso Tenorio
El 29 de noviembre, el gobierno tomó posesión de los terrenos donde funcionaba del restaurante Friday's, en Montes de Oca, luego de un largo proceso, sobre todo para que se resolviera y pagara del derecho comercial. Aquí se comenzará a construir un paso a desnivel. Foto: Alonso Tenorio

Dos reformas legales a la ley de expropiaciones parecen no haber sido suficientes, pues ese trámite no ha dejado de ser una de las principales causas de atraso para los grandes proyectos de obra pública.

El gobierno dio a conocer, este lunes, que impulsa otro cambio en la legislación que permita comenzar trabajos luego de haber pagado al propietario el 40% del precio que determine el avalúo.

De esta forma, el Estado adquirirá derechos sobre el inmueble más rápidamente, mientras los juzgados determinan cuál es el precio definitivo.

Esto es lo que pretende el proyecto Ley de Adquisición de Derechos para la Construcción de Infraestructura Pública, presentado ante el Congreso, el cual fue diseñado como un complemento a la Ley de Expropiaciones.

“Con este proyecto el Gobierno busca que, de una forma armoniosa entre propietarios y el Estado, se pueda llegar a un mutuo acuerdo en donde el dueño del terreno acepte un pago preliminar del avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y permita la autorización para el inicio de los trabajos”, informó Presidencia en un comunicado.

Según el documento, se ofrecen dos ventajas. La primera, la inyección de dinero a la economía con el pago a los dueños y, la segunda, una transmisión rápida al Estado de los derechos sobre una propiedad.

Para el viceministro de infraestructura, Tomás Figueroa, el plan permitiría a los ciudadanos recibir rápidamente una parte del valor del bien, en un “proceso armónico dotado de seguridad jurídica”.

Aceptar el mecanismo, además, no impedirá al dueño objetar el costo en los tribunales, pero eso no atrasaría la obra.

Ya en 2014 y en 2017 se cambiaron las normas para expropiar terrenos, que supuestamente acortaban los plazos del Estado para tomar posesión y de los jueces para dictar resoluciones. Sin embargo, el tema no pareciera estar superado.

Actualmente, grandes obras viales están en espera de expropiaciones como la ampiación de la carretera entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón, para la que se requieren unos 300 inmuebles; mientras que para la ampliación del tramo Cañas-Limonal, unos 59.

Para Rodolfo Méndez, jerarca del MOPT, los atrasos en la posesión de estos terrenos no solo “limitan el desarrollo” sino también aumentan los costos de los proyectos.

Sin embargo, los problemas también pasan por la tramitación dentro del propio MOPT, donde la oficina encargada debía ser reforzada para atender la gran cantidad de gestiones pendientes.