Gobierno deja 20 grandes obras viales inconclusas o sin iniciar

Una de las huellas más profundas de su gestión es el reforzamiento y ampliación del puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas, conocida como la platina, cuyas reparaciones requirieron tres gobiernos.

En su lista de obras terminadas también están la vía Chilamate-Vuelta Kopper, el paso a desnivel en Paso Ancho (San José), la ampliación del tramo Jardines del Recuerdo-La Pozuelo, la carretera Cañas-Liberia y la ejecución del crédito de $60 millones para decenas de caminos cantonales.

Entre las seis obras con avances están la construcción del megapuerto de Moín, en Limón, concesionado a la empresa APM Terminals. También el viaducto de acceso a esa terminal portuaria (ruta 257), la punta norte y el tramo central de la nueva vía a San Carlos (que cumple 12 años de construcción), la ampliación del puente sobre el río Virilla en Lindora, Santa Ana, y el tramo norte de la carretera de Circunvalación.

En la franja de 14 proyectos sin iniciar, que es la más grande, están la ampliación de la carretera San José-San Ramón, los tres pasos a desnivel en Circunvalación (Guadalupe, Garantías Sociales y La Bandera), la punta sur de la nueva vía a San Carlos, el nuevo puente del Saprissa, la construcción del tramo Cañas-Barranca, el intercambio Taras-La Lima, en Cartago, el camino entre Birmania-Santa Cecilia, la conexión vial Palmar Norte-Paso Canoas y el asfaltado de los 44 km entre Paquera y playa Naranjo, en Puntarenas.

También quedarán para la próxima administración las mejoras en las terminales del ferri, en Puntarenas, y el rompeolas en el muelle de Caldera.

Los 26 proyectos representan una inversión superior a los $3.000 millones. Parte de esos recursos provienen de seis créditos internacionales, firmados entre 2009 y 2014, por $1.598 millones.

Desde otras administraciones

En resumen, Solís y su equipo lograron completar el 23% de las 26 obras mencionadas, otro 23% las deja con avances y un 54% sin iniciar la construcción.

La mayoría de la infraestructura corresponde a proyectos ideados en los dos gobiernos anteriores, que ya tenían financiamiento y algún grado de avance de la fase administrativa, pero que no se habían ejecutado por diferentes atrasos.

Por ejemplo, el gobierno de Laura Chinchilla empezó el reforzamiento del puente de la platina, pero en los últimos cuatro años se concretó el diseño y ampliación a seis carriles. Esa secuencia de trabajos puso fin a diez años de problemas en ese paso.

Otro caso, es la concesión del megapuerto de Moín, negociado en el gobierno de Óscar Arias Sánchez, pero que permaneció varado en discusiones sindicales y ambientales. La construcción inició en 2015 y la apertura está prevista para el 2019.

Por el contrario, planes urgentes como la ampliación de la vía San José-San Ramón y la construcción a cuatro carriles de los 107 km entre el cruce hacia Río Frío y Limón no se han iniciado.

En el caso de la carretera a San Ramón, el Gobierno apostó por un fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica (BCR) para financiarla. Sin embargo, esa entidad financiera y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aún no definen los diseños, el costo, el monto de los peajes, el número de expropiaciones y el plazo de la construcción, entre otras cosas.

Semanas atrás, el BCR informó de que para definir esos detalles necesitaría 37 meses.

Este proyecto lleva 14 años sin concretarse, pues inicialmente se había dado en concesión en 2004, durante la administración de Abel Pacheco (2002-2006)

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La nueva carretera a Limón está a la espera de que la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) finalice los diseños, importe la maquinaria y traiga al país los obreros necesarios para las labores.

Por su parte, el Conavi no ha tramitado ni una de las 1.400 expropiaciones necesarias.

¿Qué calificación se da el Gobierno en ejecución de carreteras, puentes y puertos?

El presidente Solís dijo que un 75, pero admitió que calificarse "es complicado", pues, "dar un número absoluto de satisfacción no le permite a uno entender la importancia estratégica de algunas obras".

El mandatario se refiere al puente de la platina, el cual pasó diez años sin una solución definitiva y el acceso al nuevo puerto de Moín, ya que tenerlo a tiempo permitirá a los exportadores tener descuentos de $20 por cada contenedor movilizado en esa terminal.

También mencionó la construcción proyectos menores, como los puentes sobre el río Suruy y río La Estrella, ambos ubicados en Talamanca, Limón. Esas obras costaron cerca de ¢2.000 millones y beneficiaron a 18 comunidades.

"Esos ríos no tenían esos puentes; son puentes que le permiten a la población de Talamanca que no se les mueran los chiquitos a la par del río cuando crece el cauce", declaró el presidente.

En un documento enviado a este diario, Casa Presidencial resume su labor en materia de infraestructura.

Entre los logros mencionan la última reforma a la Ley de expropiaciones, la cual pretende reducir el tiempo en el que se ejecutan la adquisición de lotes para obras públicas.

También incluyen la modificación de la ley de creación del Conavi con la que le permiten utilizar los fondos de conservación vial en obras nuevas menores.

Por ejemplo, bajo esa modalidad se ordenó la intervención del cruce en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. Allí se está modificando las vías y construyendo varias calles nuevas para descongestionar ese paso.

Mala calificación

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) son más duros a la hora de evaluar la labor de Solís en infraestructura vial.

Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, afirmó que el Gobierno merece un 50.

"Hay una gran cantidad de obras que se quedaron en el tapete, lo que más preocupa es la carretera a San Carlos, hay problemas técnicos que no están resueltos", declaró Vargas.

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Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, fue todavía más estricto y le asignó un 40.

"Desde nuestro punto de vista, siendo objetivos, para nosotros hay un saldo negativo, hay una mala gestión porque todos esos proyectos ya venían avanzados o definidos desde administraciones anteriores", comentó Murillo.

Vargas añadió que el Gobierno mantuvo un discurso de darle prioridad a la construcción de infraestructura pública, pero que no llevó ese discurso a la realidad.

Patricia Romero, de la Asociación Pro Carretera Naranjo-Florencia, organización civil que ha impulsado la nueva vía a San Carlos, expresó que los avances en esa obra no han sido los esperados.

Esa construcción está dividida en tres secciones: punta sur (Naranjo-Sifón), tramo central (Sifón-La Abundancia) y punta norte (La Abundancia-Florencia).

La punta sur tiene un prediseño, pero no cuenta con financiamiento; el tramo central tiene un 90%, pero no progresa una adenda en la Contraloría General de la República para garantizar su conclusión y la punta norte tiene un 64%.

“Pudieron haber avanzado más en la parte central si tuvieran una mejor unidad ejecutora, han avanzado, pero necesitamos más eficiencia, más control. Necesitamos una unidad ejecutora con más experiencia, porque no puede ser que para presentar una solución geotécnica se necesiten dos años”, aseveró Romero.

Los sancarleños tienen más de 40 años esperando esta carretera.

UNOPS: Un error

Los voceros de la Cámara Costarricense de la Construcción y el CFIA señalaron que cederle la ejecución de proyectos la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) fue un error del Gobierno.

Esa organización tiene a cargo la construcción de los puentes sobre el río Virilla en Lindora y el Saprissa y los viaductos de Garantías Sociales, Guadalupe y La Bandera, en Circunvalación.

La promesa del Gobierno fue que UNOPS podría agilizar los trabajos porque no debía pasar por la normativa de la ley de contratación administrativa.

No obstante, la agencia de la ONU solo inició la estructura en Lindora. El resto permanece varado en la fase de contratación.

Su participación ha sido tan cuestionada que las constructoras involucradas en los procesos de adjudicación han acudido a la Sala Constitucional para exigir que los expedientes de las obras se hagan públicos.

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Esas medidas responden a la insistencia de UNOPS de mantener en estado de confidencialidad esa información.

Además, UNOPS tiene obras en otras áreas, como el alcantarillado sanitario en Puerto Viejo, en Talamanca, Limón.

El Conavi adelantó $60 millones a UNOPS sin pedir ninguna garantía a cambio.

Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, defendió la labor de UNOPS y aseguró que sin ellos, el Conavi estaría saturado de trabajo.