El Gobierno asumió como suyo el proyecto de un grupo de vecinos de San Ramón para reconstruir los 59 km de la carretera desde San José hasta ese cantón de Alajuela.
La propuesta pasará ahora a la Asamblea Legislativa para que los diputados decidan la autorización o no de un fideicomiso en bancos estatales para financiar la obra.
El Foro de Occidente, integrado por vecinos que se opusieron a la concesión de la vía a la constructora brasileña OAS, estimó el costo en $473 millones, frente a $523 millones de los suramericanos. Estos últimos financiaban la obra.
“Este (el del Foro) es un proyecto muy completo, del cual se ha hecho un análisis económico que respalda la magnitud de los peajes planteados”, dijo Mauricio González, viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas.
La nueva carretera tendría ocho carriles desde San José hasta el cruce del aeropuerto Juan Santamaría y cuatro de allí a San Ramón. La construcción duraría cuatro años y el peaje costaría ¢3.500, frente a ¢4.000 que cobraría OAS.
El proyecto fue incluido por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, a partir del lunes. En estas sesiones, por un mes, los diputados discuten los proyectos que disponga el Poder Ejecutivo.
Lo que sí hará el Gobierno son dos cambios al proyecto original. Uno, elimina la idea de subir el costo del peaje a ¢500 (en cada sentido) durante los cuatro años de construcción. El Foro propone ese incremento para pagar un préstamo que permita iniciar los trabajos.
“Lo que se pretende es que se eliminen algunos aspectos del proyecto original que no consideramos procedentes. Uno es que se menciona que con el peaje se generen excedentes y creemos que esto es un elemento ilegal que se podría traer el proyecto”, dijo González.
La otra modificación busca que la obra sea específica en la descripción de la carretera; por ejemplo, en la cantidad de carriles y trabajos adicionales por hacer, dijo el viceministro.
Originalmente, la brasileña OAS se había comprometido a ampliar los carriles de esta carretera, y, además, construir un puente gemelo a la par del paso sobre el río Virilla, en la General Cañas.
Esa concesión no prosperó por la oposición de este mismo grupo a pagar peajes por ¢4.000. El Estado debió pagar $35 millones, en marzo, para finiquitar el contrato.
El mismo plan. Paul Brenes, quien representa a estos vecinos ante el Gobierno, se mostró satisfecho.
“El Gobierno vio que es una propuesta seria y que abarca todos los aspectos que debe tener una vía de primer mundo. Se van a hacer pequeñas reformas, pero en general están contentos lo planteado”.
Agregó que el proyecto se mantiene tal y como fue presentado al presidente, Luis Guillermo Solís, el 3 de junio, en la Presidencia.
“En paralelo al avance de la propuesta en el plenario, estamos hablando con los bancos. Ya la cámara de bancos reiteró su apoyo a la carretera”, sostuvo Brenes.