Juan Fernando Lara. 10 junio
Vista de una sección del Parque Nacional Manuel Antonio en Quepos, Puntarenas. En marzo, la administración del parque informó de que regularía el ingreso de visitantes por razones de salubridad e instalaría baterías sanitarias ante la carencia de suficientes / Archivo.
Vista de una sección del Parque Nacional Manuel Antonio en Quepos, Puntarenas. En marzo, la administración del parque informó de que regularía el ingreso de visitantes por razones de salubridad e instalaría baterías sanitarias ante la carencia de suficientes / Archivo.

Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República advirtió de que el Sinac no ha logrado ejecutar 19 de las 24 obras de infraestructura que fueron consideradas como prioridad hace cuatro años en las áreas silvestres protegidas, lo que puede desincentivar el ecoturismo.

Nueve de estos trabajos no han siquiera empezado luego de fases de planificación que consumieron de 3 a 8 años. Otras diez corresponden a labores de mantenimiento de la infraestructura existente.

Solo cinco de las 24 obras previstas hace cuatro años sí están concluidas.

Para la Contraloría, esta situación “reduce de forma anticipada la vida útil de los activos existentes, así como las condiciones de seguridad e higiene del usuario y los funcionarios que utilizan dicha infraestructura”.

La falta de facilidades para excursionistas en un servicio como el agua potable, por ejemplo, desincentiva el ecoturismo, la investigación y la recreación generando eventualmente disminución de visitantes y, por ende, menos ingresos para el Sinac, advierte el informe DFOE-AE-IF-00005-2019 del pasado 3 de junio.

El Sinac tampoco dispone de un método para identificar las necesidades de intervención de infraestructura física y seleccionar las alternativas de solución, ya que carece de criterios técnicos para priorizar las necesidades de sus obras.

“Sinac no implementa buenas prácticas de gestión de proyectos en sus fases de formulación, ejecución, control y seguimiento y cierre formal de estos; ni ha asignado roles y responsabilidades en tal sentido”, afirma el documento.

La Contraloría también la señala a la entidad falta de estrategia para el cuido de las áreas silvestres protegidas. No existe un plan general para el manejo de 62 de las 73 áreas establecidas como prioritarias en junio de 2015.

El Sinac es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) encargado de conservar y proteger la biodiversidad, el suelo y el recurso hídrico, entre otros, en estas zonas de riqueza natural del Estado.

De las 62 áreas sin plan de manejo, en 41 el Sinac carece de gestión alguna para elaborarlo.

En diez casos, los funcionarios apenas se organizan para elaborar los planes de manejo y, en siete, aún identifican los valores ecológicos y culturales de sus áreas y valoran posibles alternativas de manejo.

Pamela Castillo Barahona, viceministra de Ambiente, señaló que actualmente el Sinac está en un proceso de priorizar obras y manejar áreas a partir de trazar una estrategia a largo plazo y no “a lo loco cuando se está cayendo la casa”.

Informó de que se creó una unidad de infraestructura en el Sinac y, a lo largo de los últimos ocho años, se actualizó la guía o herramienta para crear planes generales de manejo de forma que pasaron de ser instrumentos complejos a unos más simplificados al momento de evaluar y aplicar medidas de manejo.

En cuanto a las falencias en infraestructura, se avanza en varias de las obras señaladas por la CGR que venían pendientes y acelerando contrataciones para otras.

“Se han invertido $3,8 millones en mantenimiento de oficinas y dependencias desde el 2017 y ya se han puesto al día. Hemos comprado uniformes para funcionarios, vehículos para el trabajo de campo y equipamiento incluyendo lanchas, drones y otros suministros”, enfatizó.

Castillo añadió que aún queda “mucho por andar y hacer para tener los parques nacionales y otras áreas como las deseamos”.

Problema reiterado

En el 2018, de los ¢41.000 millones del presupuesto del Sinac, unos ¢6.500 millones (16%) se destinaron a nuevas instalaciones, remozamiento de las existentes y senderos, mientras que más de ¢20.000 millones (casi el 50%) a remuneraciones de los casi 1.200 funcionarios.

De ese personal, 500 funcionarios están destacados en parques nacionales y áreas protegidas, pero solo 350 está en labores de protección y preservación. El resto es planilla administrativa y de apoyo, confirmó Mario Coto; director del Sistema.

En el 2017, los parques nacionales atrajeron a dos millones de visitantes, los cuales generaron ingresos por poco más de ¢9.300 millones, según datos del Sinac.

En setiembre del 2017, la Sala IV declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo que denunció abandono material de las zonas silvestres protegidas.

Los recurrentes reclamaron que la escasez de equipo y personal han permitido actos ilícitos como la extracción ilegal de madera, minería, cacería, pesca y ocupación humana irregular en aquellas zonas.

Carlos Manuel Rodríguez, jerarca del Minae, admitió, en mayo del 2018, que los parques nacionales sufren la “crisis más seria de su historia”, debido a la falta de al menos 300 guardaparques y recursos frescos.