El excoordinador del Programa de Infraestructura del Transporte del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), Luis Guillermo Loría, presentó una denuncia penal contra el actual director de ese laboratorio, Alejandro Navas Carro por malversación de fondos públicos.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público y se basa, según un comunicado enviado por el propio Loría, en la supuesta utilización de fondos propios de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias para actividades diferentes a las establecidas en esa normativa.
Dicha ley establece que, con el fin de cumplir con la fiscalización de la calidad de la red vial nacional, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) puede hacer convenios con el Lanamme, mediante los cuales recibirá recursos provenientes del impuesto único a los combustibles.
Según Loría, el reglamento que acompaña esa legislación es claro en que la unidad ejecutora de los fondos para llevar a cabo esa tarea debe ser el Programa de Infraestructura de Transporte, por lo que los recursos no se podían utilizar para ninguna otra actividad del Lanamme.
“En ese sentido, los fondos de ley no se debían convertir en el fondo de trabajo o de financiamiento de todo el Laboratorio y, no se podía, por ejemplo, financiar un experimento como el de falla de una casa de bloc mediante la simulación de un terremoto, puesto que esto no tiene que ver con el trabajo de Conavi ni con la red vial nacional”, indica el comunicado enviado por Loría.
Según el ingeniero, el uso de esos fondos debe destinarse a equipo y recurso humano que sirva para las tareas estipuladas en dicha ley.
“De lo contrario, es decir, usar recursos originados en esta ley para otros propósitos es malversación de fondos públicos. Sin duda, los últimos años Navas Carro ha hecho un esfuerzo importante por tratar de maquillar muchas actividades que no tienen que ver con la ley y hacer parecer que algo aportan, pero un análisis minucioso de esto fácilmente demuestra que se disponen fondos de la ley 8114 para propósitos ajenos a ella”, añadió el excoordinador del programa.
En la denuncia, se señala que los recursos provenientes del impuesto a los combustibles se han utilizado para contratar personal que no realiza labores directas para los fines indicados en la ley, así como para costear el Laboratorio Nacional de Fuerza, comprar equipos y vehículos para todos los departamentos del Lanamme, “aunque no esté clara una relación beneficio-costo-eficiencia” de los mismos con la citada ley.
Asimismo, añade que se ha realizado el mantenimiento completo del Laboratorio, cursos de capacitación que no tienen que ver con los objetivos de la ley en el tema de capacitación de profesionales, de técnicos y de inspectores viales, entre otros.
La denuncia también fue presentada ante la Contraloría General de la República.
Consultado sobre la denuncia, Navas Carro aseguró que “no tendría la menor duda de atender todas las consultas de las instancias competentes; las puertas del LanammeUCR están abiertas a cualquier tipo de indagatoria o revisión que se considere pertinente”, dijo.
Manifestó que el control y manejo de los fondos de la ley 8114 siempre han estado a disposición de las autoridades de la Universidad de Costa Rica y los informes son públicos.
“Se entregan año con año a cinco instituciones de ley (Ministerio de la Presidencia, Asamblea Legislativa, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Defensoría de los Habitantes y Contraloría General de la República). Los presupuestos pasan por aprobación del Ministerio de Hacienda antes de su ejecución, además de las revisiones y controles propios de la Universidad de Costa Rica y en última instancia de la Contraloría General de la República”, añadió.
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Loría quien fungió como coordinador del programa que tenía a cargo las labores de fiscalización de la red vial, enfrenta desde junio del año pasado una causa por el delito de enriquecimiento ilícito, pues según detalló en ese momento la Fiscalía de Probidad, encargada del caso, él se habría aprovechado del cargo que ocupa para realizar “actividades privadas y acrecentar su patrimonio”.
Desde entonces se encuentra suspendido del cargo como medida cautelar.