Juan Diego Córdoba González.   2 junio
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Este miércoles comenzó en el Congreso la discusión sobre el préstamo de $550 millones otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la construcción del tren eléctrico.

Para conocer detalles del crédito, los diputados de la Comisión de Infraestructura convocaron a la primera dama, Claudia Dobles; a la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Elizabeth Briceño; y al jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez.

Para la construcción del nuevo sistema ferroviario sostenible de 84 kilómetros, impulsado por el gobierno, se requerirá de un aporte inicial de $550 millones para su fase constructiva.

De no ser aprobado el crédito por los diputados, el proyecto que está listo para ser licitado, quedaría archivado, pues si la empresa concesionaria aporta toda la inversión, el costo posterior de la operación será insostenible para el país.

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Las autoridades de gobierno expusieron la necesidad de cambiar el paradigma del transporte público en el país, pues según señalaron, por años se privilegió la inversión para promover el transporte privado.

“Esto requiere toda una reforma en donde el tren se convierta en un servicio fundamental, que sea la columna vertebral en el servicio de transporte colectivo y un medio indispensable que se ha tratado de establecer a lo largo del tiempo. No es hasta ahora, creo yo, que se presenta un proyecto al conocimiento del país y la Asamblea Legislativa que esté estructurado como este”, afirmó Rodolfo Méndez.

De acuerdo con proyecciones conservadoras estimadas por los estudios de factibilidad, el tren eléctrico movilizaría a unos 200.000 pasajeros en días laborales, a través de 46 estaciones ubicadas en 15 cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La primera dama de la República afirmó que, el sistema ferroviario no solo ayudará a reactivar la economía tras la pandemia, sino que también generará beneficios económicos a los habitantes del centro del país y aumentará la competitividad.

“Tenemos que pensar qué pasa si no invertimos en un sistema de transporte público ¿perdemos o no perdemos como país?. La respuesta no se las voy a dar yo, me gustaría que la respuesta se las de el Estado de La Nación.

“En un capítulo extenso que elaboró en 2018 se menciona que la no construcción de un tren interurbano de altos estándares de operación, o la no construcción del todo, implicará pérdidas económicas por tiempos de viaje y costos de operación, que podrían ir de $496 millones este 2020 a $4.200 millones en 2045”, afirmó Dobles.

Circularían 72 trenes eléctricos a doble vía a través de cinco líneas: Atlántico-Paraíso, Atlántico-Alajuela, Atlántico-Ciruelas, Alajuela-Ciruelas y Ciruelas-Coyol.

En las primeras tres líneas habría viajes cada 5 minutos en horas punta (pico) y 10 minutos en horas valle. Mientras que en las dos rutas restantes la frecuencia sería de 15 y 30 minutos respectivamente.

Los usuarios pagarían una tarifa subsidiada de ¢600. El subsidio estatal rondaría entre los $50 y $150 millones anuales.

La erogación de esos fondos cada año fue de uno de los principales señalamientos de los diputados contra el proyecto.

“¿De dónde van a salir esos dineros? ¿De más impuestos a los costarricenses o de una deuda del gobierno?”, preguntó la diputada independiente, Carmen Chan.

Al respecto, la primera dama afirmó que el proyecto no contempla un impuesto. No obstante, tampoco precisó las fuentes de dónde se obtendrán esos recursos para subsidiar la tarifa.

“El aporte estatal tiene la finalidad de que la tarifa sea accesible e inclusiva, entendiendo que prácticamente los sectores de ingresos medios y bajos tienen como única opción el transporte público. Se debe entender como una inversión de retorno socioeconómico a la ciudadanía”, afirmó Dobles.

Ante el insistente cuestionamiento por parte de la diputada Silvia Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), la jerarca de Incofer afirmó que se recargará anualmente al Presupuesto Nacional.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que los trenes de pasajeros requieren de ese subsidio, pues de lo contrario el pasaje no podrían costearlo las personas que más necesitan el transporte público.

“Entendamos esto, aquí lo que se trata es que el costarricense tenga un buen servicio de transporte público a un valor que pueda costear. En el caso del tren, poder costearlo va a requerir del aporte estatal. Eso es absolutamente natural”, afirmó Méndez.

La jerarca del Incofer añadió que esos rangos (de $50 a $150 millones) son estimaciones proyectadas por los estudios de factibilidad, que servirán como base para negociar con las empresas interesadas en la concesión para acordar aportes más reducidos.

“Una de las condiciones de la adjudicación va a ser el oferente que presente el menor aporte estatal. Con un rango tan amplio, lo que queremos es tener visión de si estamos ante una buena oferta o si estamos ante una oferta riesgosa”, afirmó Briceño.

Luis Fernando Chacón, Paola Valladares y David Gourzong, del Partido Liberación Nacional (PLN); María Vita Monge, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), integran la Comisión.

También Walter Muñoz, del Partido Integración Nacional; Dragos Dolanescu (PRSC), y las independientes Carmen Chan y Marulín Azofeifa, del bloque fabricista.

Se requerirá del dictamen afirmativo de los miembros de la Comisión o, al menos, de un dictamen de minoría, para que el proyecto de ley del contrato de préstamo con el BCIE pase al plenario legislativo para su votación final.

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