Infraestructura

Diputados blindan de embargos los fondos que megapuerto traslada para desarrollo de Limón

Iniciativa también prohíbe a gobierno utilizar recursos con otros propósitos; dineros solo podrán invertirse para obras en el Caribe

Los congresistas aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto de ley que blinda de embargos los fondos que traslada la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) para obras de desarrollo en la provincia de Limón.

Esas cuentas, en poder de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), se nutren con el 7,5% de los ingresos mensuales del megapuerto, administrado por la firma portuaria holandesa APM Terminals.

La iniciativa de ley, que contó con los votos de 45 diputados, fue impulsada por los legisladores limonenses Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN) y presidente del Congreso.

La propuesta surgió luego de que el Juzgado de Trabajo de Limón embargara, en mayo pasado, todas las cuentas de Japdeva al resolver una solicitud de medida cautelar planteada por Sintrajap, sindicato de trabajadores de esa empresa estatal.

“Recordemos que, en este momento, hay un grupo sindical que tiene una demanda puesta contra la institución donde hay un cobro de ¢5.200 millones y que, de no asegurarse los recursos del canon, estos podrían eventualmente usarse para esa indemnización o cubrir futuras demandas”, afirmó León.

La congresista verdiblanca afirmó que la iniciativa también blinda esos recursos de posibles intenciones de gobiernos, para invertirlos en otros propósitos que no sean obras de desarrollo para el Caribe.

Hasta marzo de este año, Japdeva acumulaba en sus cuentas más de ¢8.000 millones por el canon que paga el megapuerto. Esos recursos todavía están sin uso ante la falta de la estructuración de un fideicomiso que permita administrar los dineros.

El embargo de las cuentas de Japdeva obedeció a una demanda planteada por Sintrajap desde 2013, en reclamo por aportes de la institución al fondo de ahorro de los trabajadores.

De acuerdo con la entidad portuaria, la discusión legal con el sindicato se basa en un beneficio de la convención colectiva, que establecía que se aumentaría el aporte patronal al fondo de ahorro del trabajador de un 6% a un 8%.

Según defiende la empresa estatal, ese aumento porcentual estaba sujeto a cargarlo a las tarifas por movimiento de mercancías en el muelle.

No obstante, luego de que presentaran la solicitud de ajuste tarifario ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), esa entidad rechazó trasladarle el costo de ese acuerdo a los exportadores e importadores.

Con la iniciativa aprobada este martes, ninguna persona física o jurídica tampoco podrá embargar los ingresos que obtenga la empresa estatal por concepto de cobro de tarifas, servicios o cánones de los derechos de explotación que conceda Japdeva.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.

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