Los fallos en la ejecución de obras de infraestructura se debe a una "clara y confesa inoperancia" en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Esta fue una de las conclusiones a la que llegó la Defensoría de los Habitantes luego del análisis de documentos que realizó, en un intento de comprender los atrasos en la ejecución de proyectos financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Los resultados de ese estudio fueron dados a conocer este viernes en un comunicado de prensa.
Para la Defensoría, en las entidades responsables de atender la infraestructura vial del país la planificación general de los proyectos es "poca o inexistente", además hay una deficiente gestión en las expropiaciones y supervisión de obras.
Señaló también problemas administrativos asociados al funcionamiento del Conavi y al proceso de reestructuración que la Administración propuso para ese ente.
En su criterio, no existen posiciones claras y transparentes en ese plan de restructuración y eso repercutió en el recurso humano que se asignó para la gestión de proyectos.
"Esta clara y confesa inoperancia, hace inevitablemente que se deban discutir los proyectos de ley que buscan redefinir las funciones y el accionar del MOPT-Conavi como los entes competentes para una planificada ejecución de proyectos de infraestructura pública", dice el informe.
Para realizar el informe, la Defensoría revisó información de la Unidad Ejecutora (MOPT-Conavi), la Contraloría General de la República, y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), relacionados con los proyectos viales Cañas-Liberia, intercambio de Paso Ancho, tramo Jardines del Recuerdo-Pozuelo; así como la carretera La Abundancia-Florencia y la radial a Ciudad Quesada.
Estos son parte del programa PIV-I y están incluidos en el Plan Nacional de Transportes 2011-2035.
Para la Defensoría, esos problemas internos de las entidades son las principales causas de los atrasos en la ejecución de las obras financiadas por el (BID), los cuales se hicieron notables en los informes de ejecución que por ley, la Unidad Ejecutora debe trasladarles cada semestre.
"En razón de lo anterior, la Defensoría estimó necesario investigar los motivos de los atrasos de las obras y las implicaciones que tales atrasos puedan tener para el país", explicó el comunicado.
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En la oficina de prensa del MOPT, informaron de que primero deben corroborar si recibieron el documento de la Defensoría.
Nada estaba listo
De acuerdo con la investigación, la falta de planificación de las instituciones involucradas repercute directamente en la ejecución, seguimiento, control y acceso a los recursos necesarios para contar con los requisitos previos a la ejecución de los proyectos.
Por ejemplo, determinaron que al aprobarse un contrato de préstamo, no se tenían listos los diseños de las obras a construir ni tampoco se contaba con todas las expropiaciones necesarias, ni se había conformado la unidad ejecutora; por lo que es de esperar que todas estas condiciones adversas afectan el desarrollo en la ejecución de los proyectos.
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Además se identificó un deficiente manejo de la participación ciudadana como parte del desarrollo de los proyectos.
Esto genera impactos negativos en las comunidades, por ejemplo, el giro izquierdo que reclamaron los ciudadanos de la comunidad de San Rafael de Ulloa o Bajos del Virilla, durante la construcción de la ampliación entre la fábrica Pozuelo y Jardines del Recuerdo.
En el tema de las expropiaciones, el problema fue recurrente en todos los informes de seguimiento.
Según el documento de la Defensoría, prácticamente todos los proyectos recibieron orden de inicio a pesar de no tener asegurados la totalidad de los terrenos que se necesitaban.
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"Se hace imprescindible que se mejore la coordinación entre el Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles del MOPT (DABI), la Unidad de Gestión Ambiental y Social (UGAS) y la Unidad Ejecutora; además, de que se requiere una coordinación más eficiente entre las autoridades del MOPT y la Procuraduría General de República (PGR), para lograr agilizar estos procesos", señala la Defensoría.
El ente también criticó la falta de supervisión de las obras, pues no se ejercen controles sobre los contratistas para que el trabajo cumpla con los tiempos y emitió una serie de recomendaciones al MOPT para subsanar los problemas señalados.
También pidió a la Contraloría que se revisen las razones por las cuales desde el primer semestre del 2016 no se incluyó en el reporte de avance financiero del Programa PIV-I, el pago correspondiente al profesional que está a cargo de su Unidad Ejecutora, y de igual manera, por qué no se reporta el pago al profesional que ocupa el puesto de Coordinador Administrativo de dicha Unidad Ejecutora.