La Contraloría ordenó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tomar una decisión definitiva sobre la conveniencia de seguir la construcción de la carretera entre Sifón y La Abundancia, dado el sinnúmero de problemas que se han acumulado en ese proyecto a lo largo de 12 años de obras.
La orden fue enviada a German Valverde González, presidente del Consejo de Administración del Conavi y ministro de Transportes, en el oficio DFOE-IFR-0460, del 20 de noviembre. Se le dio un plazo de 15 días a partir de esa fecha para comunicar el acuerdo.
Según la Contraloría, "el proyecto de carretera San Carlos sección Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia) carece de una definición total del alcance (obras), del tiempo (plazo de finalización) y del costo (recursos financieros) para concluirlo, lo cual evidencia una deficiente e inadecuada gestión por parte de Conavi en la ejecución de la fase constructiva".
El ministro German Valverde, por medio de su oficina de prensa, confirmó que la orden está para análisis del consejo.
"No obstante lo anterior, la posición de la administración es coincidente con el espíritu de lo contenido en el oficio (la orden). Es decir, garantizar que la adenda 8 –en detalles finales de elaboración y que debe presentarse ante la Contraloría– ,asegure la conclusión de obras en el corredor central", manifestó Valverde por medio de su oficina de prensa.--
Esta adenda 8 tiene que ver con las inversiones adicionales necesarias para estabilizar los taludes en varios puntos de la vía, entre otros trabajos aún pendientes.
En 12 años de trabajo, el Estado no ha logrado concluir los 29,7 kilómetros de esta vía, que conecta San Ramón con San Carlos, en la provincia de Alajuela.
La carretera tiene un 86% de avance y en ella se han invertido $287 millones: $102 millones más que el monto inicial calculado para la finalización de esta obra ($185 millones).
Además, varias secciones de ese tramo han presentado problemas que ponen en riesgo la obra, según un estudio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), fiscalizador de la construcción de esta carretera desde el 2016.
Según el ICE, aún hay pendientes tres expropiaciones, y el pronunciamiento técnico que indique cómo resolver fallos geológicos en cinco puntos de la carretera, los cuales generan riesgo de deslizamiento y derrumbes.
A pesar de lo anterior, el Conavi solicitó en julio a la CGR la aprobación de $24,6 millones adicionales y aumentar el plazo del contrato en 320 días para terminar los trabajos, que debían estar concluidos el el 2 de enero del próximo año, lo cual, a todas luces, no sucederá.
La Contraloría rechazó en julio esa petición del Conavi con los mismos argumentos con los que hoy le exige tomar una decisión definitiva sobre este proyecto.
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La obra ha sido desarrollada en los últimos nueve años por la constructora Sánchez Carvajal.
Fuerte llamada de atención
De acuerdo con el documento enviado por la Contraloría al Conavi, a pesar de la importancia de esta obra, persisten lo que llaman "indefiniciones en temas claves":
- Los estudios previos para realizar los diseños pendientes.
- La definición del alcance del proyecto, diseños, especificaciones técnicas y planos constructivos finales.
- La programación y el presupuesto del trabajo necesario.
- El sistema de gestión de calidad del proyecto.
- La valoración de riesgos asociados a la estabilidad y la vida útil de la obra.
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"La administración ha venido realizando adiciones al proyecto con el paso del tiempo, mismas que evidencian la no existencia de la totalidad de los estudios previos necesarios para realizar los diseños pendientes y la no programación ni definición presupuestaria del trabajo pendiente para la finalización y funcionalidad del proyecto", advierte la Contraloría.
De acuerdo con el órgano contralor, al persistir el Conavi en no resolver las advertencias realizadas desde hace dos años, la consecuencia es "una severa incertidumbre sobre el costo" y la fecha de finalización.
"Persisten la incertidumbre en aspectos vitales en este proyecto, el plazo transcurrido en su ejecución, la cantidad de recursos públicos involucrados y la indefinición del alcance", insiste la Contraloría.