La Contraloría General de la República rechazó en su totalidad el presupuesto de este año del fideicomiso creado para atender el proyecto de la carretera San José-San Ramón.

Esta situación obliga al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a presentar un plan de gastos extraordinario y pone en riesgo el cronograma de la obra, según estima el ente contralor.

La CGR detalló en un informe que el presupuesto inicial del período 2019 del Fideicomiso Corredor Vial San José- San Ramón y sus radiales, por un monto de ¢21.314 millones, no se aprobó, entre otras cosas, porque el Conavi en su rol de fideicomitente, “no gestionó oportunamente el traslado de recursos requeridos del fideicomiso”.

Este fideicomiso está a cargo del Banco de Costa Rica.

El director del Conavi, Mario Rodríguez, explicó que esta situación no obedece a un error si no a un proceso de transición en el que durante un año, los recursos de recaudación de peajes (fondos que financiarían el fideicomiso) continuarían llegando a las cuentas del Conavi y a partir de julio de este año se empezarían a depositar en las cuentas del fideicomiso que es administrado por el Banco de Costa Rica.

De acuerdo con la información de la Contraloría, debido a la improbación, rige el presupuesto del período anterior, el cual representa un 66,4% del monto que inicialmente habían presentado.

El fideicomiso para el corredor vial San José- San Ramón, incluye la autopista General Cañas y Bernardo Soto en sus distintos tramos, cuya ampliación está pendiente desde hace 20 años.

Según la CGR para este año, el cronograma de inversiones incluía la elaboración del anteproyecto, elaboración de planos, gestoría de eventuales expropiaciones, reasentamientos, así como la relocalización de los servicios públicos afectados, tanto para el proyecto integral como para las llamadas obras impostergables (Obis).

Además, el BCR debe completar la consecución en firme del financiamiento del proyecto tanto para cubrir gastos operativos y preinversión, así como lo requerido para pagar las expropiaciones y relocalización de los servicios. También se debe definir de dónde saldrán los dineros que se requieren para el diseño y construcción de la obra en su totalidad.

“La situación del Fideicomiso, desde el punto de vista presupuestario, requiere de especial atención en virtud de que los dos presupuestos iniciales (2018, 2019) presentados ante el órgano contralor han evidenciado deficiencias que han ameritado su improbación total y parcial”, cita el documento.

Además, señala que este tipo de situaciones, “indudablemente pueden afectar la consecución exitosa de este proyecto, pues debido a ello es necesario hacer ajustes en metas y plazos que impactan el proyecto como tal”.

Hadda Muñoz, directora de la Unidad Administradora del Proyecto del Fideicomiso Ruta 1, aseguró, contrario a lo indicado por la Contraloría, que esta situación no incide en el desarrollo de los procesos de diseño y construcción de las 17 obras impostergables que formarán parte del proyecto.

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Según dijo, los primeros trabajos iniciarán en el segundo semestre de este año.

En tanto, el director del Conavi negó que ese consejo no pueda recaudar los fondos, como lo indicó el ente contralor.

Rodríguez sostuvo que los fondos están y se incluirán en un presupuesto extraordinario.

“Cuando el Conavi haga su presupuesto extraordinario, en forma paralela el fideicomiso puede elaborar su presupuesto extraordinario.

"Para que el cronograma no se vea afectado, esta modificación tiene que aprobarse antes de que finalice el primer semestre del 2019”, agregó Hadda Muñoz.

El ente contralor también llamó la atención a las partes que conforman esta figura e indicó que es necesario que “mejoren los canales de comunicación y coordinación existentes, a efectos de no afectar la ruta crítica del proyecto”.

“El fideicomiso ha utilizado los canales de comunicación que corresponde, tan es así que nosotros elaboramos el presupuesto que fue presentado a la Contraloría, a la unidad ejecutora del proyecto, la unidad lo revisa y lo eleva al consejo de administración, el consejo lo aprueba y hasta que no tengamos dicha aprobación no podemos ir a gestionar la aprobación ante la Contraloría”, respondió Muñoz a esta afirmación.

En camino

Las Obis son un grupo de 17 obras que se desarrollarán a lo largo del corredor vial, cuyo objetivo es mejorar la transitabilidad por la carretera previo a la construcción de la ampliación.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes confirmó en febrero pasado que los estudios básicos para el desarrollo de estas obras, así como su diseño y construcción, son financiados con fondos del Programa de Infraestructura de Transportes (PIT) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que serían consideradas un aporte estatal al proyecto de fideicomiso, que permitiría reducir las futuras tarifas de peaje en esa ruta.

La intención es que estos trabajos avancen mientras el Banco de Costa Rica contrata los estudios de factibilidad y financieros y defina el número de expropiaciones requeridos para la ampliación, obtenga los diseños y fije las tarifas de peaje de la nueva ruta.

Dentro de estas obras menores se incluye la ampliación de los puentes sobre el río Segundo, en la autopista General Cañas y sobre los ríos Ciruelas y Alajuela en la carretera Bernardo Soto.

Para estos proyectos, el Gobierno haría un desembolso inicial de $20 millones al Banco de Costa Rica para contratar el diseño y construcción este año y los años siguientes se completarían los $65 millones requeridos.

Los otros puntos que se intervendrán comprenden las ampliaciones del puente sobre el río Torres y nuevas intersecciones en Circunvalación (frente al Monumento del Agua), el colegio Castella, la Firestone, el Coyol, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Grecia, Naranjo, Río Grande y San Ramón.

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El inicio de la ampliación de los 60 km está previsto para el 2021, empero el BCR no ha anunciado de dónde saldrán los recursos para financiar la etapa de preinversión y las expropiaciones. Para esa fase se requieren al menos, $35 millones.

El año pasado, la Procuraduría General de la República, le autorizó al BCR financiar la construcción de la nueva vía, con la condición de que los aportes se hagan en asocio con otros bancos bajo la modalidad de crédito sindicado.

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La ampliación de la carretera a San Ramón había sido dada en concesión a la constructora brasileña OAS por $524 millones; sin embargo, en abril del 2013, la entonces presidenta Laura Chinchilla cedió a la presión de los ramonenses que se oponían a los cobros de peaje previstos, por lo que tuvo que revocar la concesión.

La ley para crear el fideicomiso se firmó desde febrero del 2015, bajo la administración de Luis Guillermo Solís.