La constructora Power China envió una nota a la contralora general de la República, Marta Acosta, en la cual la presiona a que “diligencie” ante el MOPT con el fin de que le sean adjudicados dos contratos por $217 millones para la ampliación del tramo Limonal-Barranca, en la Interamericana norte.

Acosta le respondió, el 24 de mayo, que ese pedido es “un acto jurídica y éticamente reprochable” que “irrespeta abiertamente el sistema jurídico costarricense”.

Ese mismo día, la contralora le notificó a Rodolfo Méndez, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que había recibido una petición “reprochable” y por eso lo ponía en autos.

Le dice: “Como se aprecia en la nota que se adjunta, el representante de la empresa mencionada se atreve a plantear una solicitud para que la Contraloría General obvie las resoluciones firmes que se emitieron con motivo de las gestiones de apelación de los procesos de licitación”.

La carta de Power China la firmó, el 21 de mayo, el representante legal de la firma asiática en Costa Rica, Liu Shen, quien le pidió a Acosta “diligenciar lo que corresponde” para que “dejen claro” a la Administración, es decir al MOPT, que su información es válida y eficaz para que así “pueda contar con sus ofertas”.

Con esa gestión, Power China pretende que la Contraloría eche atrás en la decisión que anuló los dos contratos para ampliar los 49 km. Esa medida se dio luego de que otras dos constructoras apelaran la adjudicación de la obra, que se había hecho a los asiáticos.

Power China resultó adjudicada en concursos que se realizaron para ampliar las dos secciones en las que se dividió el tramo: Limonal-San Gerardo y San Gerardo-Barranca. No obstante, fue descartada por incumplir requisitos de experiencia.

En la inusual carta, Liu Shen califica de “poco serias” las resoluciones de la Contraloría en que se anulan los contratos Limonal-San Gerardo, por $114 millones, y San Gerardo-Barranca, por $103 millones.

El proyecto forma parte del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) financiado por al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que debe emitir un aval o “no objeción” a las adjudicaciones que haga la Unidad Ejecutora.

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Power China: ‘una resolución con poca seriedad’

De acuerdo con Liu Shen, los requisitos que se incumplían, según las apelaciones acogidas por la Contraloría, eran “subsanables”.

De seguido, le dice que “es inconsistente” que la Contraloría los dejara fuera, cuando el BID dio su aval a las adjudicaciones de ambos proyectos.

“Lo anterior ha generado a Power China Limited una seria impresión en cuanto a que la Contraloría emitió una resolución con poca seriedad y falta de rigurosidad, desconociendo el principio de igualdad que consagra la Constitución de Costa Rica, en cuanto al trato entre costarricenses y chinos, así como la supremacía de la normativa BID a la nacional, por haberlo dispuesto de ese modo por la Asamblea costarricense”, cita la comunicación.

Además, indica que “el actuar de la Contraloría tiene como consecuencia una disminución de la credibilidad del proceder de la misma Contraloría, del Estado de Costa Rica y del BID, frente a las empresas chinas que tienen interés de participar activamente en el desarrollo de la República de Costa Rica”.

‘No tiene ninguna lógica en absoluto’

Marta Acosta respondió.

La contralora indicó a la empresa china que la petición de ‘diligenciar lo que corresponda’ para que el MOPT acepte la validez de sus ofertas, “es tanto como pretender que este órgano contralor desconozca sus propias resoluciones, el sistema de contratación pública vigente y el Estado de Derecho”.

En su criterio, afirmaciones como las que refieren de falta de seriedad y “erosión a la credibilidad del Estado costarricense", constituyen un “irrespeto al sistema jurídico de nuestro país”.

Acosta recordó a los representantes de la constructora china que las resoluciones emitidas por la División de Contratación Administrativa “disponen la descalificación técnica” de la empresa, por lo que impiden “por disposición legal” cualquier discusión ante la Contraloría.

Y, además le explica que cualquier desacuerdo que se pueda tener en relación con su contenido o parte dispositiva solo puede ser presentado ante una instancia distinta, según el sistema de contratación pública vigente en el país.

Eso significa que luego de haberse anulado las dos adjudicaciones a la empresa, esta queda fuera del proceso de contratación administrativa, por lo que ya no tiene potestades para presentar nuevos trámites o reclamos ante la Contraloría o el MOPT.

“La Contraloría General de la República considera la misiva recibida un acto jurídica y éticamente reprochable debido a lo cual estamos obligados a informar lo acontecido a las partes involucradas en los procesos licitatorios aún en trámite, así como al propio BID, para lo que resulte pertinente, sin perjuicio de cualquier actuación futura que se estime necesaria”, concluye el documento.

Méndez confirmó a La Nación haber conocido sobre esa comunicación . En su criterio, la acción china “no tiene ninguna lógica en absoluto”.

Estado del proyecto

En ese momento, informó Méndez, el proyecto está en espera del aval o “no objeción” del BID a las nuevas adjudicaciones. El nombre de las empresas favorecidas no se ha divulgado por parte del MOPT:

La Contraloría, por su parte, informó de que actualmente, la División de Contratación Administrativa no tiene en trámite ninguna gestión de las que previstas en este tipo de procedimientos de contratación.

El trayecto de 49 kilómetros en la Interamericana Norte sería ampliado a cuatro carriles, para lo cual el proyecto se dividió en dos secciones.

El plan total partió de la ampliación y mejoras en el trayecto Cañas-Liberia, cuyos trabajos fueron inaugurados en abril del 2016. El siguiente tramo entre Cañas y Limonal, actualmente está en construcción.

De los tramos por iniciar, el Limonal- San Gerardo, se adjudicó inicialmente, en junio del año pasado, al consorcio San Gerardo, conformado por las empresas H. Solís y Meco, por $99 millones. Dicha adjudicación fue anulada por la Contraloría General de la República (CGR) en setiembre del año anterior, debido a que ese consorcio presentaba incumplimientos financieros.

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La contratación entonces recayó en Power China que ofrecía construir la ampliación por un monto de $114 millones, acto que también fue apelado y posteriormente anulado, en febrero de este año, tras determinarse que no cumplía con algunos requisitos de experiencia establecidos como condición de elegibilidad.

Esa anulación dejó a la Administración con la posibilidad de elegir únicamente entre dos oferentes: el consorcio Puentes Almendro, por un monto de $110 millones, en asfalto, y la constructora FCC, cuya oferta es de $116 millones, en concreto.

En la sección San Gerardo- Barranca, se adjudicó en primera instancia a Power China por $103 millones.

Ese acto quedó sin efecto el 24 de enero de este año, cuando la Contraloría resolvió a favor de dos apelantes y anuló el acto por las mismas razones: incumplimiento de requisitos de experiencia.

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En ese caso, la Unidad Ejecutora, debería elegir entre las ofertas de otras cuatro empresas y consorcios, cuyos costos van entre los $103 millones y los $109 millones.

La intención del Gobierno era que, en ambos casos, las obras se iniciaran en los primeros meses del 2019 y finalizaran para el 2022. Tales expectativas no se cumplieron.