Las empresas constructoras que incumplan un contrato con el Estado quedarán inhabilitadas, por hasta 10 años, para hacer nuevos negocios con cualquier entidad del Estado. Así lo propone un proyecto que fue dictaminado, la tarde de este martes, por la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa original, presentada por el exdiputado liberacionista Michael Arce, establecía una inhabilitación de cinco años para todas las compañías que incumplieran con sus labores.
No obstante, luego de evaluar recomendaciones de las autoridades del ramo, los legisladores de esa comisión acordaron establecer penas de entre tres y diez años, dependiendo de la gravedad de la afectación.
Según el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), la legislación actual ha impedido inhabilitar a empresas que incumplen contratos con el Estado pues establece que, para hacerlo, la firma debe fallar en tres proyectos de forma continua.
La iniciativa dictaminada permite a las instituciones públicas apercibir a las constructoras para que corrijan su incumplimiento y, de no hacerlo, la entidad deberá comunicarlo a la Contraloría General de la República, la cual ordenará la inhabilitación.
La entidad afectada será la encargada de cuantificar los daños ocasionados para establecer la cantidad de años en que la constructora no podrá concursar por contratos estatales.
“Esta iniciativa busca corregir una problemática de años en el país. En infraestructura vial, el país se encuentra en un rezago terrible, a tal punto que ostentamos la posición 123 de 137 países en cuanto al nivel de infraestructura en el Índice de Competitividad Global 2017-2018”, dijo la diputada liberacionista, Karine Niño, principal impulsora de este proyecto.
Este proyecto cuenta con el respaldo del director del Conavi, Mario Rodríguez, quien participó durante la discusión del tema en Asuntos Económicos.
“Esto es necesario. Hemos venido enfrentando situaciones en las que los contratistas no finalizan las obras, entonces la Administración debe iniciar un proceso para finiquitar el contrato.
"Luego tiene que iniciar otro proceso para continuar las obras, en donde algunas veces, nos volvemos a encontrar con la misma constructora”, manifestó Rodríguez.
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La carretera a San Carlos es un claro ejemplo del rezago del país en materia vial.
El Conavi tuvo que romper el contrato con la empresa Sánchez Carvajal, que después de 13 años de labores y $300 millones de inversión, dejó la vía con un avance de apenas 60%.
El proyecto dictaminado ahora ingresará a la agenda del plenario legislativo, en donde deberá superar dos discusiones para lograr su aprobación final.
La Ley de Contratación Administrativa permite que aquellas empresas que no estén de acuerdo con una inhabilitación puedan acudir a un tribunal contencioso administrativo a impugnar la medida.