Infraestructura

Conavi recurre a plan B para reanudar mantenimiento de vías

Falta de presupuesto impide contratar a empresas que supervisen obras, por lo que se aplicará otra modalidad

Unos 30 inspectores viales del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) se encargarán de la fiscalización de los trabajos de mantenimiento en algunas de las rutas nacionales.

Esa labor usualmente es encargada a empresas que fungen como “administradores viales”, sin embargo, el Conavi se quedó sin dinero para realizar dichas contrataciones, por lo que ahora enviará a su propio personal a ejecutar esta labor.

La idea es reactivar contratos de conservación o proyectos viales ejecutados bajo la figura de ‘topics’, que se encuentran detenidos por la falta de supervisión.

“Lo que estamos planteando es activar los contratos que se puedan administrar con los inspectores, porque no todas las actividades requieren de un organismo de inspección o laboratorio. Algunos son de los contratos (vigentes) que se iban a dejar vencer, otros son contratos suspendidos a falta de orden de inicio”, explicó el viceministro de Obras Públicas, Tomás Figueroa.

Figueroa afirmó que no descarta solicitar colaboración del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) para reactivar servicios de laboratorio (que usualmente son contratados a fiscalizadoras) en caso de que necesiten echar a andar proyectos que tengan actividades donde se requiera de este tipo de control.

La mayoría de los contratos de conservación está vencida o suspendida desde febrero. Inicialmente, muchos de ellos estaban a la espera de presupuesto o de renovación contractual.

Sin embargo, luego de los allanamientos del 14 de junio por el Caso Cochinilla, sobre supuestos hechos de corrupción en obras viales, el Conavi decidió no renovarles los contratos a las empresas cuestionadas, como MECO y H Solís, que tenían la mayor parte.

Posteriormente, el Consejo de Administración acordó reactivar aquellos contratos que aún tenían días vigentes para dejarlos fenecer y así terminar la relación con las empresas; sin embargo, eso no ha sido posible por la ausencia de administradores viales.

Además de la reanudación de dichas labores, el Conavi estableció un plan en tres etapas para volver a atender las vías nacionales.

La primera de las fases se desarrollará en un período de tres meses y comprende el mantenimiento periódico con labores básicas más urgentes, como bacheo, chapea, limpieza de alcantarillas y cunetas. En una segunda fase, que tomaría año y medio, se contratará el mantenimiento rutinario por medio de licitaciones por demanda.

Y en la tercera fase, a partir del 2023, se iniciaría el plan de conservación por niveles de servicio, que consisten en contrataciones donde se pide a las empresas mantener la vía en ciertas condiciones previamente establecidas y se le paga un monto fijo por dicha labor, en lugar de pagar por las actividades y cantidades de material que se coloca.

Apuro presupuestario

El faltante de recursos para pagar a los administradores viales no es el único apuro presupuestario que enfrenta actualmente el Conavi.

Un presupuesto extraordinario, pendiente de aprobación en el Congreso, también incluye los recursos necesarios para completar expropiaciones para la ampliación de la ruta 32 entre el cruce hacia Río Frío y Limón, así como reanudar los trabajos de ampliación en el tramo entre el puente Saprissa y el cruce cercano al restaurante doña Lela, también en la ruta 32.

En ese último caso, el Consejo debe hacer una nueva licitación, pues dicha obra estaba a cargo de las empresas MECO y H Solís, como parte de las líneas de conservación, pero la decisión de no renovar este tipo de contratos con empresas cuestionadas en el Caso Cochinilla dejó el proyecto sin ejecutores.

Además, el Conavi también depende de los fondos del presupuesto extraordinario para ejecutar una serie de labores complementarias en el intercambio de La Galera, donde se construirá un túnel para desahogar el paso de vehículos desde y hacia Cartago.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata adelantó que también planean incluir un rubro para dotar de más recursos al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos y Estructurales (Lanamme), a fin de que ese ente de la Universidad de Costa Rica (UCR) realice una fiscalización intensa de todos sus proyectos.

El Gobierno decidió excluir del presupuesto extraordinario de la República una partida por ¢47.000 millones para el MOPT, a fin de realizar revisiones más detalladas y reasignación de recursos, luego de que trascendieran los hechos denunciados por el Ministerio Público en el Caso Cochinilla, en el que estarían involucrados funcionarios del Conavi y empresarios de las principales constructoras del país.

Ahora, el MOPT y el Conavi deben esperar el visto bueno del Gobierno para enviar un nuevo presupuesto que, en criterio del jerarca Méndez Mata, demoraría unos dos meses en ser aprobado.

Patricia Recio

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.