Patricia Recio. 12 diciembre, 2020
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Para el 2050 las necesidades de viviendas en el país implicarán unas 892.000 edificaciones.

La forma en que se distribuyan esos nuevos hogares es lo que haría la diferencia entre un desarrollo planificado o mantener la tendencia actual de incremento desordenado.

En el primer escenario ese número de casas requerirían unas 3.500 hectáreas de tierra y una inversión de ¢311.000 millones para infraestructura; mientras que siguiendo la tendencia, sin mayor planeamiento, se requerirían aproximadamente 6.500 hectáreas y un gasto de ¢900.000 millones.

Los datos fueron presentados por Federico Cartín Arteaga, quien es experto en planificación urbana, durante su exposición el foro Movamos Costa Rica: Ideas que sí construyen, organizado por La Nación; en el que se analizaron las necesidades y limitantes que existen actualmente para frenar esa tendencia.

En la actividad, cuyo tema principal era la planificación urbana y regional, también participaron el procurador Julio Jurado y el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Tomás Martínez Baldares.

Planes “sin dientes” y vacíos legales

A criterio de Cartín, en el caso de la Gran Área Metropolitana existen planes de desarrollo, pero estos carecen de “dientes”; herramientas que permitan identificar por ejemplo a dónde hay servicios, dónde conviene promover el crecimiento y así dejar una hoja de ruta a futuro con las inversiones que se requieren en temas como salud, educación o transporte público.

El experto también señaló la falta de gobernanza como uno de los impedimentos para avanzar hacia ese desarrollo bien planificado.

A su criterio, la creación de autoridades regionales que se centren en temas como por ejemplo transportes o agua es uno de los mecanismos a los que valdría la pena apuntar, pues entes nacionales como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes abarcan un sin número de funciones, que dificultan la atención en escenarios donde los municipios tienen mayor conocimiento de las regiones.

Otra de las herramientas consiste en incentivar el desarrollo de infraestructura en determinadas zonas mediante financiamientos, transferencia de potencial constructivo o incluso nivelación de impuestos en los terrenos que motiven a sus propietarios a darle valor.

Por su parte el presidente del Invu, añadió la necesidad de superar los cuellos de botella institucionales.

“Tenemos un Estado cuyo modelo administrativo es muy complejo, el marco jurídico muy distribuido en muchas instancias, pero cuando se ha querido hacer las cosas cuando hay voluntad y se ha buscado una ruta para articular se ha logrado, por ejemplo el área de Cartago donde todos los municipios tiene su plan regulador actualizado”, agregó.

El funcionario afirmó que la complejidad del aparato estatal se debe solventar a través de la coordinación y mediante la llamada gobernanza multi escala, donde Gobierno central y municipalidades tengan potestades y herramientas definidas.

Además, dijo, se requiere pasar de los mapas a la gestión urbana tangible, donde no se vea como un producto sino como un proceso que se actualiza constantemente y operativizar los lineamientos existentes.

El Procurador General, en tanto, señaló la carencia de un marco legal y lineamientos de un plan nacional de ordenamiento del territorio.

Ese faltante dijo, se refleja en la dispersión de instituciones, donde la aprobación de los planes deben pasar por entidades como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Instituto Costarricense de Turismo (en zonas costeras), la dirección de urbanismo del Invu y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

“El otro tema que afecta el proceso de planificación es la relación entre la planificación nacional, regional y local, la Ley de Planificación Urbana carece de instancias administrativas de carácter regional encargadas de la planificación regional, la hace la dirección de urbanismo del Invu”, añadió.

Las implicaciones, añade van desde la ausencia de planes regionales, pocos planes cantonales o costeros y alto rechazo por parte del Setena.

Según añadió, si bien se han hecho esfuerzos a nivel de decretos, es necesario pensar en una ley de ordenamiento territorial.

¿Qué debe contener esta normativa?

Jurado apuntó a que lo primero que se tiene que considerar es la creación de instituciones que tengan competencia y músculo, para así generar la planificación territorial a nivel regional.

Además es necesario que se norme la relación entre esa planificación regional, con los planes locales y el plan nacional, con una clara definición de alcances y que se regule la participación ciudadana.

Cartín añadió que es necesario un nivel intermedio de planificación que permita abordar desde las condiciones propias de cada zona, temáticas como incentivos de desarrollo.

“No se puede tener el mismo tratamiento para zonas rurales o costeras a ciudades en el centro (...), las herramientas de las municipalidades de estas regiones deben ser diferentes, el Gobierno debe dar potestades para impulsar incentivos a desarrollo”, concluyó.

Actualmente solo la mitad de los 82 cantones tiene planes reguladores. Muchos de ellos con estudios desactualizados, mientras que entre los faltantes algunos ni siquiera han iniciado el proceso.

A inicios de año, el Gobierno presentó una plataforma en el sitio web www.snitcr.go.cr. para impulsar el avance en esa materia. En ese portal, los planificadores municipales pueden acceder a información geográfica temática estandarizada, georreferenciada y compatibilizada en materia de ordenamiento territorial.

Los ayuntamientos que no tengan plan regulador, deben acogerse a los reglamentos nacionales en ese ámbito.

El foro que se realizó el jueves anterior fue el cierre del ciclo de cuatro eventos donde se trataron temas de Infraestructura, conservación vial e inversión privada. Los eventos fueron patrocinados por la constructora H. Solís y se llevaron a cabo mediante el apoyo tecnológico de ITQS.