La empresa que tiene a su cargo la construcción de la carretera entre Paquera y playa Naranjo, tiene un mes y medio para entregar la obra; sin embargo, el avance del proyecto, actualmente, es de 45%.
El viceministro de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Tomás Figueroa, aseguró que el 30 de abril es la fecha oficial que tiene la constructora Azvi para finalizar el proyecto.
Aunque a su criterio sería probable cumplir con ese límite, reconoció que si está “muy ajustado”.
“En este momento tenemos el puente de río Gigante prácticamente terminado, lo que es río Grande y río Guarial con avance importante en cimentación profunda y próximos al colado de las pilas, las vigas ya están prefabricadas y, oportunamente, van a ser trasladadas a la obra en los próximos días”, detalló.
El viceministro dijo que pese a que el avance no llega ni a la mitad, lo que falta representa el grueso de la parte financiera y lo menos complicado de ejecutar.
“El movimiento de tierras está, prácticamente, terminado, salvo una pequeña sección; el material de subase está producido y colocándose, las alcantarillas ya están colocadas (...) ya está la subrasante (superficie de tierra) para tirar base y carpeta asfáltica, ahí es donde se va a mover en muy poquitos meses el grueso de la obra que es la construcción del pavimento”, agregó.
De acuerdo con Figueroa, aún no han determinado qué tanto desfase entre la fecha de entrega y los posibles atrasos podría haber y a qué se podrían atribuir esos atrasos. Eso, dijo, eventualmente ,se sometería a estudio.
El proyecto de 21 kilómetros, originalmente, tenía un plazo de ejecución de 12 meses que se vencían en setiembre del año pasado.
La constructora consiguió una primera prórroga con la que el plazo se extendió al 20 de diciembre anterior y, posteriormente, otro tiempo adicional que es el que rige, actualmente, hasta el 30 de abril.
Además del asfaltado de la vía, la empresa debe construir tres puentes mayores, aceras, bahías de autobuses en las zonas urbanas, así como la rehabilitación de los sistemas de drenaje, mejoras en el trazado actual, estabilización de taludes y pasos de fauna.
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El proyecto tiene un costo de $27 millones y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Durante la ejecución de la obra, varios informes de auditoría elaborados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes revelaron que parte de los atrasos que ha sufrido la obra desde el inicio obedecen a problemas con expropiaciones y relocalización de servicios.
Por ejemplo, indicaban que la maquinaria debía realizar movimientos de tierra con postes en medio del trazado y tuberías de agua potable expuesta.
Los vecinos de esa zona peninsular llevan más de una década esperando el asfaltado de la vía.
Esa solución les permitiría no solo dejar de depender del ferri para trasladarse con mayor agilidad, sino también atender las quejas de los habitantes de esas comunidades que se ven afectadas por el polvo y el deterioro de sus vehículos.