Juan Fernando Lara Salas. 7 diciembre, 2018
El año pasado, el AyA intervino una tubería ilegal en San José, que un desarrollador conectó de forma clandestina para tomar agua sin pagarla. El interesado utilizó tubería de 100 milímetros para tomar más cantidad. / AYA para LN.
El año pasado, el AyA intervino una tubería ilegal en San José, que un desarrollador conectó de forma clandestina para tomar agua sin pagarla. El interesado utilizó tubería de 100 milímetros para tomar más cantidad. / AYA para LN.

Yamileth Astorga Espeleta, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), asegura que cambios recientes dentro de la Fiscalía General de la República podrían comprometer denuncias judiciales del Instituto contra grandes desarrollos urbanísticos que roban agua.

Según la jerarca, desde marzo, cuando llegó Emilia Navas a la Fiscalía General, desapareció la Dirección Funcional del Ministerio Público con la que el AyA trabajaba y compilaba pruebas para confeccionar los expedientes.

“Todo el equipo de coordinación, toda la experiencia y conocimiento que esos funcionarios acumularon junto al AyA se perdió. Las seis denuncias que había se pasaron a otras fiscalías y tememos que se pierdan al ser temas especializados que, sin contexto y conocimiento, pueden subestimarse”, aseguró Astorga.

Citó que el expediente 16-000107-1292-PE ya lo desestimó la Fiscalía de Goicoechea aún y cuando, dice, la presentación del caso y de las evidencias se formuló luego de meses de investigación y con el aporte de funcionarios del Poder Judicial en alianza con una fuerza especial de trabajo del AyA.

Astorga afirma que descubrieron la eliminación de la Dirección Funcional hasta agosto cuando acudieron al Ministerio Público a darle seguimiento a los casos ya presentados. Ahora el criterio de distribución a Fiscalía, aseguró Astorga, es territorial según donde se localice el desarrollo investigado.

Hay un caso en la Fiscalía de Goicoechea (expediente 17-000061-1292-PE), dos en la de Pavas (expedientes 17-000313-1292-PE y 17-000314-1292-PE), otro en la Fiscalía de Probidad (expediente 17-000060-1292-PE) y el último en la Fiscalía de La Unión de Tres Ríos (Expediente 16-000153-1292-PE).

El AyA asegura que en los últimos tres años al menos 210 desarrollos entre torres de apartamentos, urbanizaciones y oficentros instalaron tuberías para captar agua sin pagarla.

La situación, dice la entidad, agrava problemas de suministro en la época seca cuando hasta 450.000 habitantes de cantones metropolitanos se quedan sin líquido entre seis y 12 horas al día.

Por esta razón, AyA interpone demandas penales para frenar las pérdidas económicas y prevenir el faltante. Hoy, según Astorga, esto corre peligro.

La Nación consultó a la Fiscalía General sobre los señalamientos y en un correo electrónico confirmó algunos puntos.

“La Fiscalía General informa que los casos en cuestión se encuentran avanzando y bien atendidos en las distintas fiscalías adonde fueron distribuidos”, indicó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.

Astorga teme que esos cinco casos pendientes queden desestimados. También asegura que ha intentado, sin éxito, reunirse con Navas para explicarle la gravedad de la situación con esas tomas ilegales.

“He estado solicitando una cita con ella para explicarle la gravedad de esto y, al final, nos atendió personal auxiliar a quienes presentamos la problemática y su impacto al erario público pero no tenemos respuesta”, se quejó la jerarca del AyA.

Prensa del Ministerio Público también confirmó que el 3 de octubre el subjefe del Ministerio Público, Juan Carlos Cubillo, y el fiscal Freddy Fallas se reunieron con personal del AyA.

Según esa área, la Fiscalía General decidió la semana anterior designar a un fiscal enlace entre la institución y el AyA para atender los casos de forma especializada y directa.

El AyA afirma tener 240 casos en investigación de los cuales ya hay 123 con resolución administrativa.

Como estos ilícitos se localizan literalmente bajo tierra, al Instituto puede tomarle meses de investigación hasta descubrir las anomalías. Hasta el momento, se estima que los daños por estos casos representan una deuda cercana a los ¢20.000 millones.

Las tomas ilegales se localizaron sobretodo en los cantones de La Unión (Cartago); Mora, Santa Ana y Escazú (San José) y en San Pablo de Heredia, además de zonas costeras. El intento de perseguir estas irregularidades comenzó hace tres años, debido al aumento de casos.