Aunque recibió la orden de inicio en abril del año pasado, el asfaltado de la carretera entre Paquera y playa Naranjo apenas ha completado poco más del 10% del cronograma de ejecución.

Los trabajos en ese tramo de 21 kilómetros, consisten en ampliar y rehabilitar la vía que anteriormente se encontraba en lastre.

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Además se debían demoler los tres puentes existentes y levantar nuevas estructuras.

Dichas obras fueron adjudicadas a la empresa Azvi, por un monto de $27,5 millones provenientes del Programa de Infraestructura de Transporte.

El encargado de esa unidad ejecutora, Tomás Figueroa, detalló que actualmente se trabaja en la colocación de alcantarillas, limpieza de derecho de vías y movimientos de tierra.

Además dijo ya se levantaron los tres puentes nuevos y se demolieron los anteriores.

Según Figueroa, pese a que se dio una orden de inicio que fue anunciada por el Gobierno en abril del año pasado, este acto se consideró como un banderazo de salida para labores previas, que incluían la instalación de la empresa en el sitio, la tala de árboles y limpieza del derecho de vía, entre otros.

De acuerdo con el ingeniero, la orden de inicio fue efectivo hasta setiembre del 2018, pues se debía tener disponible al menos el 85% del área total para el desarrollo de la obra. Figueroa aseguró que el proyecto estará listo el 20 de diciembre de este año.

El plazo de ejecución original era de 12 meses.

El asfaltado de ese trayecto permitiría a los vecinos y visitantes de esa zona contar con opciones para movilizarse alternas al ferri, además, durante años los pobladores de ese distrito puntarenense han lidiado con problemas de polvo.

La obra consiste en una carretera de dos carriles con una superficie de asfalto semi rígido con una base de cemento, además incluye espaldones, señalización, pasos de fauna y mejoras en el trazado actual en algunos tramos.

El asfaltado entre Paquera y Playa Naranjo fue una de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 analizadas en un reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR).

En ese documento, el ente contralor indica que dicho plan fijaba como meta tener para el 2018 el 100% de la obra.

Sin embargo, para finales del año pasado el avance logrado era del 2%.

El encargado de la Unidad Ejecutora, aseguró que el incumplimiento de dicha meta se debió a una mala planificación al establecer la misma.

Según dijo, para llevar adelante ese proyecto, el Gobierno debió negociar un financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo que debía ser formalizado mediante una ley.

Ese proyecto fue aprobado en noviembre del 2014.

Según Figueroa, con la aprobación de esa ley se establecieron una serie de condiciones previas que debían cumplirse, tales como disponer de un manual de operaciones, nombrar un comité de administración y contratar un gestor técnico.

Ese proceso se extendió hasta abril del 2016 y fue a partir de esa fecha que inició el proceso de contratación.

Dicha etapa, que incluye la elaboración del cartel, publicación, recepción de ofertas y en este caso, superar procesos de objeción al cartel y apelación a la adjudicación, consumió prácticamente los dos años siguientes, siendo que hasta marzo del 2018 se concretó la firma del contrato.

“Lo que estuvo mal planteado fue la meta en relación con todos los pasos que había que dar para tener un contrato de obra activo, en el cual se ejecutara, no es un tema que hubo un contrato abierto desde hace mucho tiempo y que se haya durado más de la cuenta en la ejecución de la obra”, añadió Figueroa.

Meta de bajar mortalidad se aleja

Otra de las metas evaluadas por la Contraloría fue la reducción de la mortalidad en accidentes de tránsito.

Según el Plan Nacional de Desarrollo, la meta era reducir a 10,75 la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito.

Sin embargo, según la CGR, a diciembre del año pasado, la tasa era más bien de 16,83 por cada 100.000 habitantes.

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Eso significa que la mortalidad, por esta causa, más bien ha ido en incremento en los últimos años pues para el 2013 la tasa era de 9,6 y para el 2014 antes de que se fijara la meta, era de 14,3 por cada 100.000.

Según el informe de cierre de dicho plan, entre los obstáculos señalados que impidieron el cumplimiento de esta meta se encuentran el aumento en la flota vehicular, principalmente de motocicletas, así como mayores niveles de violencia en el país.

Ese mismo documento indicaba que, para el período 2015-2018, se habían asignado ¢56.210 millones para acciones y programas de seguridad vial, de los cuales se ejecutaron ¢31.356 millones.