La ampliación de un primer tramo de 15 km de la ruta a Caldera comenzaría en el 2021, según se propone el Gobierno tras haber retomado las negociaciones con Globalvia, empresa que opera esa carretera de 77 km desde su apertura el 27 de enero del 2010.

Ese primer tramo es el localizado entre el Gimnasio Nacional, en La Sabana, y Ciudad Colón.

Para todo el proceso, el Gobierno designó al ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier, quien lleva la batuta en las primeras reuniones con la empresa a cargo de la ruta que comunica San José con Caldera, en Puntarenas.

Garnier dijo que la intención es que para este año queden definidas las pautas de la ampliación del contrato, para posteriormente refrendar dicha adenda y a inicios del próximo año pasar a la etapa de diseños y de licitación del proyecto.

Aunque todo lo que se tiene hasta ahora es tentativo, la estimación es que el costo de la ampliación sea de unos $600 millones y tome unos cinco años a partir de que se inicie la fase constructiva, la cual se haría por etapas.

“La ruta 27 tiene igual que muchas de las otras carreteras grandísimos problemas de congestión en diversos sectores que están identificados, es un tema que requiere urgencia, entonces se retomaron las conversaciones con el concesionario. Lo primero que se hizo fue un inventario de todo lo que teníamos”, afirmó Garnier.

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El contrato vigente de concesión vence en el 2033; sin embargo, establece la posibilidad de ampliarse hasta el 2058, es decir por 25 años más. Sin embargo esa sería una de las opciones que el Estado también debe contemplar.

Según dijo, el primer punto importante en el cronograma es definir el panorama global de la concesión.

Para esto se le fijó a la empresa un plazo que vence el próximo lunes, fecha en que deberán presentar su primer modelo financiero, es decir cuánto dinero requeriría para realizar la obra, cuál debería ser el aporte del Estado y los montos de peaje, así como informarle al Gobierno cuáles han sido sus ingresos producto de peajes en estos 10 años, así como actualizar las cifras sobre tráfico que utiliza los diferentes sectores de la ruta.

A partir de ese modelo, se tendría una base de la propuesta, la cual debe presentar el concesionario y que posteriormente debe revisar y validar el Consejo Nacional de Concesiones.

“Se define cuáles son las obras en la totalidad, el costo estimado con base a los planos conceptuales, lo que valen todas las obras, ellos traen un estudio de tráfico actualizado para ver cuáles son los ingresos”, añadió.

Según dijo, posteriormente empezarían a hacer varias combinaciones de la inversión que puede hacer el Estado con relación al tráfico, plazos y costos de peajes para decidir cuáles son las capacidades de aporte por parte del Gobierno y cuáles son las opciones más viables.

El jerarca explicó que una de las intenciones de la actual administración es incluir una serie de obras y condiciones adicionales que por alguna razón no se fijaron en el contrato original, por ejemplo el mantenimiento de puentes o agregar un carril más de los previstos en el plan de ampliación, según las necesidades.

De esta forma, si en una determinada sección se cuenta con un carril por sentido y el contrato establece que se podrían ampliar a dos por sentido, pero se determina que eso aún es insuficiente, se incluiría un tercer carril.

Garnier añadió que la ampliación de la vía se hará por secciones, es decir, primero se intervendría el tramo que va desde el Gimnasio Nacional en la Sabana hasta Ciudad Colón, posteriormente se trabajaría en el trayecto entre Ciudad Colón y Orotina y de último el sector de Orotina a Caldera.

Además, aseguró que se aplicará un tratamiento distinto a cada uno de estos tramos, pues los problemas de tráfico y las condiciones en cada caso son distintas.

Por ejemplo, en la sección uno, prácticamente no se requieren expropiaciones ni estudios, pues los carriles adicionales se construirían, en la mayor parte, en la zona medianera de la ruta, mientras que el tramo dos, sería el más complicado pues ahí, además de tener que duplicar cinco puentes mayores, también se deben atender problemas geológicos y realizar más de 40 expropiaciones.

Garnier dijo que otra de las razones por las que no se puede hacer toda la ampliación al mismo tiempo es por el manejo del tránsito durante las obras.

El Consejo Nacional de Concesiones dispone de ¢2.000 millones para realizar las expropiaciones, sin embargo el Gobierno no ha definido de cuánto sería ese aporte estatal o de dónde saldrían los recursos para hacer que la inversión por parte del concesionario no sea tan alta y esto no se traduzca en peajes excesivamente caros.

El ministro explicó que actualmente la empresa ya cuenta con un diseño conceptual y una serie de estudios adelantados, además dado que en el contrato vigente hay una serie de pautas a seguir, el proceso de negociación por sí solo no es lo complicado.

“Es compleja porque es una obra muy grande y de dificultades muy distintas en los diferentes sectores, no porque haya problemas con el concesionario”, insistió.

Lento trámite

La ampliación de la carretera a Caldera fue propuesta por Globalvía desde el 2014.

Cuando se detectó esa necesidad de una ampliación, el tráfico promedio diario por el peaje de Escazú era de 102.000 vehículos.

En esa ocasión el entonces Secretario de Concesiones Jorge Mora reconoció que les preocupa el valor del proyecto, pues esto afectaría el costo de los peajes.

La propuesta del 2014 era habilitar tres carriles por sentido en el tramo entre La Sabana y Ciudad Colón, y cuatro por sentido desde Ciudad Colón hasta Caldera.

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Dos años después el Consejo Nacional de Concesiones ordenó hacer el estudio de funcionalidad del proyecto. En el 2016, una comisión integrada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, (CFIA), la Cámara Costarricense de la Construcción, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otros estudiaron la propuesta preliminar de Globalvia, concesionario de la ruta, para aumentar el número de carriles.

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En ese momento la empresa había recuperado $136,5 millones. El contrato de concesión es por $301 millones, sin embargo el ministro de Obras Públicas y Transportes ha insistido en repetidas ocasiones en que conforme pasen los años los abonos mensuales serían menores al deflactar los ingresos, es decir, llevarlos al valor de noviembre del 2000, año en el que se firmó el convenio de concesión.

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En setiembre del año pasado, el CNC inició las gestiones para expropiar 79 hectáreas de terrenos, necesarios para la ampliación de la vía.