“Voy a ser bien puntal: no vamos a aceptar ningún rebajo (en el presupuesto para vías) porque estaríamos aceptando algo inconstitucional que nos pondría en desventaja (...) Señor ministro, si la pelea es peleando, pues tendríamos que vernos en la Asamblea Legislativa una vez más”.

Esa fue la advertencia hecha por Leonardo Chacón, alcalde de Dota y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) a Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, sobre el recorte en las transferencias para mantenimiento de carreteras cantonales.

El plan original del Poder Ejecutivo era reducir, debido a la crisis económica provocada por la pandemia, ¢41.500 millones del presupuesto destinado para mantenimiento de vías cantonales.

La razones dadas a las 82 municipalidades para efectuar la disminución fueron que cayó la recaudación del impuesto único a los combustibles y, además, que las dificultades fiscales obligaban a realizar ajustes al presupuesto extraordinario.

Después de un estira y encoge el monto de ¢41.500 millones pasó a ¢29.605 millones, los cuales se dividen en ¢22.105 millones correspondientes a lo que no ingresará al Estado, pues la demanda de combustibles cayó por las medidas sanitarias implementadas para contener los contagios y muertes por covid-19 y ¢7.500 millones a una reducción adicional para cumplir con las rebajas al gasto público para no empeorar el déficit fiscal.

No obstante, los alcaldes solo están dispuestos a aceptar los ¢22.105 millones; ni un centavo más.

La amenaza de Chacón se dio el martes 14 de julio en una reunión virtual realizada entre los jerarcas municipales, el ministro de la Presidencia y la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marcela Guerrero.

“Nunca hemos querido llegar a esto, hemos sido consecuentes, hemos ayudado, pretendemos seguir ayudando, pero definitivamente ver que a ninguno le zocan la faja como nos la quieren zocar a nosotros, además que, reitero, es inconstitucional, no vamos a aceptar que nos rebajen eso que usted nos acaba de decir”, agregó Chacón en esa cita.

“Mi deseo y mi encomienda, por parte del señor presidente de la República, en esta nueva entrevista, es tratar de llegar a un acuerdo o acercarnos a un punto de convergencia que nos evite una discusión completamente innecesaria entre las municipalidades y el Poder Ejecutivo en este momento tan peligroso”, declaró Prieto en el encuentro con los alcaldes.

Añadió, en un intento por persuadir a los líderes municipales, que las universidades estatales aceptaron ajustes hasta por ¢48.000 millones.

“Con las universidades, que tienen un régimen constitucional de autonomía reforzado, muchísimo más reforzado que el de las propias municipalidades, logramos una negociación y se les está haciendo un recorte de ¢48.000 millones de las transferencias del FEES, logramos que las universidades entendieran el momento especial que estamos atravesando”, enfatizó.

No es la primera vez que los alcaldes desafían al Poder Ejecutivo con ir a la Asamblea Legislativa para conseguir sus objetivos, pues en mayo acudieron, pese a las recomendaciones sanitarias de evitar aglomeraciones, a una protesta para que se les eximiera de cumplir con la regla fiscal.

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El exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, pidió al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar la ley que eximió a los ayuntamientos de ese cumplimiento, pero el mandatario omitió la solicitud. Días después Chaves dejó su cargo.

Comparten la posición

Verny Valerio, alcalde de San Rafael y miembro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), respaldó la posición de la ANAI y aseguró en una entrevista con este diario que harán toda la “injerencia política” necesaria para evitar el recorte en el presupuesto.

Además, no descartó la posibilidad de acudir a la Sala Constitucional para frenar la reducción del ingreso.

Enfatizó que esos dineros son necesarios porque muchos de los ayuntamientos ya los comprometieron en contratos de mantenimiento vial, pendientes de ejecutar en lo que resta del año.

Norman Hidalgo, alcalde de Acosta, afirmó que invertir menos en mantener carreteras significa perjudicar actividades productivas en cada cantón.

Citó, como ejemplo, que descuidar caminos en Acosta representa poner en riesgo la cosecha de productores agrícolas.

“En un cantón como Acosta si los caminos no están bien, que en su mayoría son de lastre, equivale a que no podemos comercializar bienes y servicios. Ya viene la cosecha de café y ¿Cómo vamos a sacar la cosecha si los caminos no están bien”, comentó Hidalgo.

Esta fricción entre los alcaldes y el Poder Ejecutivo se une a los reclamos hechos por los municipios, esta misma semana, en relación con la falta de coordinación en el manejo de la pandemia.

Algunos de los diferendos registrados entre Gobierno y los ayuntamientos ocurrieron en torno al control de la venta de licor y la propuesta de las autoridades sanitarias de habilitar albergues en los cantones para vecinos enfermos o considerados como casos sospechosos.

La semana pasada, durante su acostumbrado reporte epidemiológico diario, el ministro de Salud, Daniel Salas, expresó críticas a la labor de los ayuntamientos.

“Tenemos una mesa de coordinación, está el IFAM y la UNGL (Unión de Gobiernos Locales). Ahí se hace la coordinación local, pero quiero reiterar que si yo tuviera que calificar municipalidades en escala de preparación para contener la posibilidad de transmisión comunitaria, tienen puntos menos”, expresó.

Por su parte, el jerarca de Seguridad Pública, Michael Soto, también lanzó un fuerte llamado a los municipios para que controlaran la venta de bebidas alcohólicas, ante el incremento de fiestas y celebraciones en casas, las cuales violan las restricciones sanitarias.

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Soto incluso solicitó a concejos municipales y alcaldías poner límite a la venta de licor, y evitar que la gente se reúna fuera de supermercados, pulperías o licoreras, donde han detectado grupos consumiendo.

La exhortación de Soto provocó fuertes reacciones de parte de la UNGL.

Karen Porras, directora de la UNGL, descartó esa posibilidad de regular la venta, porque, según dijo, no tienen las posibilidades legales.