Juan Fernando Lara. 13 marzo

Un grupo de diputados solicitó al presidente Luis Guillermo Solís su "activa participación" para tratar de resolver una disputa entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Nacional (BN), por la planta hidroeléctrica Capulín, a cargo de la firma Hidrotárcoles.

Marietta Herrera y Juan Carlos Corrales Salas, directora jurídica y gerente general del Banco Nacional comparecieron ante la comisión investigadora. Foto: Graciela Solis
Marietta Herrera y Juan Carlos Corrales Salas, directora jurídica y gerente general del Banco Nacional comparecieron ante la comisión investigadora. Foto: Graciela Solis

Así lo plantearon en una carta enviada el 28 de febrero, 14 legisladores entre los cuales hay cinco de los nueve que integran la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios.

Con la misiva, los diputados pretenden que con ayuda del mandatario las entidades “dejen de verse como enemigas motivadas por trivialidades,tratando de despojarse una a la otra de fondos de todos los costarricenses” indica el texto en poder de este diario.

Este conflicto se deriva de una decisión del ICE, del 15 de enero anterior, de finalizar la relación contractual que mantenía con Hidrotárcoles S. A. para concretar el proyecto en San Pablo de Turrubares, al argumentar incumplimiento del plazo máximo otorgado al contratista para iniciar la operación de la planta hidroeléctrica.

Ante esa decisión, el Banco Nacional (BN) afirmó el 22 de enero anterior que le cobraría al ICE $107 millones otorgados para esa obra. (El monto total del préstamo es de $117 millones, pero solo se giraron $107 millones).

Sin embargo, el presidente ejecutivo del ICE, Carlos Obregón, sostuvo ese día que la institución debe asumir la deuda.

La obra es parte de una licitación del ICE para comprar 150 megavatios de energía, de los cuales Hidrotárcoles se dejó el contrato por un tercio (50 megavatios). Los proyectos Chucás y Torito se encargarían de otros 50 megavatios cada uno.

Las diferencias entre ambas empresas llevaron a Hidrotárcoles a elevar su disputa con el ICE en sede judicial, donde se tramita ahora.

En la carta, los congresistas recordaron a Solís que ese proyecto recibió declaratoria de interés público el 18 de junio de 2009 (decreto ejecutivo 35.483-MINAET), cuando se indicó que era viable y tenía el apoyo estatal por desarrollarse en "uno de los cantones más pobres de la provincia de San José", donde según los diputados urge crear empleo y bienestar social.

"Sin duda estas podrían ser parte de las bondades que ambas instituciones vieron para participar en este proyecto y que hoy lamentablemente se ven relegadas por mezquindad, viéndose el sector público como un archipiélago donde cada institución es una isla y no como un edificio donde cada uno de sus ladrillos mantienen en pie la estructura", se lee en el escrito enviado al mandatario.

Los diputados advirtieron} que, según información suministrada por los comparecientes a esa Comisión, la obra lleva 50% de avance, incluidos trabajos de movimientos de tierras.

La carta la firmaron los integrantes de la Comisión Julio Rojas, Ronny Monge y Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional (PLN), Otto Guevara del Movimiento Libertario y Óscar López de Accesibilidad Sin Inclusión.

También Luis Vásquez de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Maureen Fallas y Maureen Clarke (PLN), Francisco Camacho, Carlos Hernández, Gerardo Vargas Varela y Jorge Arguedas, de Frente Amplio, José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario y la diputada independiente Ligia Fallas.