11 empresas del Grupo Orosi buscan acogerse a intervención judicial para evitar quiebra

Firma estuvo a cargo de tres proyectos de obra pública, pero debió dejarlos por problemas financieros

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11 empresas del Grupo Orosi solicitaron la administración por intervención judicial al Juzgado Concursal del primer Circuito Judicial de San José.

Por medio de este proceso, la compañía puede acceder a una moratoria de sus deudas mientras intenta recuperar su salud financiera y evita entrar en quiebra.

La petitoria se realizó el 11 de enero. El propietario y representante legal del grupo, Eladio Araya Mena, lo dio a conocer por medio de un edicto dirigido a "los acreedores y terceros interesados de la empresa, con la finalidad de que puedan apersonarse al indicado proceso a hacer valer sus derechos".

Aunque este grupo adeuda dinero a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Banco de Costa Rica, se desconoce el monto total de sus obligaciones y si estas entidades son las únicas perjudicadas.

La Nación intentó obtener una reacción de Araya, pero no atendió ninguno de los teléfonos asignados a su nombre.

Grupo Orosi inició en junio del 2017 labores en la ruta a Monteverde, pero incumplimientos en los trabajos y deudas llevaron al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a disolver el contrato.

El Conavi había adjudicado estas obras a la firma por ¢6.300 millones.

La empresa era responsable del pavimentado de la carretera, la construcción de muros de estabilización, colocación de base de carpeta asfáltica, señalización horizontal y vertical y sistemas de protección de seguridad vial.

En diciembre, el Conavi constató que la constructora solo asfaltó un 22% de los 17 km de la ruta. El Consejo anunció que el vínculo finalizaría el 7 de enero.

Los problemas financieros también obligaron a la firma a cancelar su participación en los proyectos de ampliación y asfaltado de las vías Cañas-Limonal (Interamericana Norte) y Paquera-Playa Naranjo.

A la empresa se le adjudicaron contratos por poco más de $100 millones junto a su socia española, Azvi, constructora que quedó a cargo de ambas obras.

Deudas y remates

Las empresas del grupo que solicitaron la intervención judicial son: Grupo Orosi Siglo XXI, Grupo Orosi, Transportes Orosi Siglo XXI, Comercializadora Valle Central, Quebradores Orosi Siglo XXI, Servicio de Obras Civiles del Este, A y M Servicios profesionales del Valle, Desarrollos Inmobiliarios A y M, Constructora Cartaginesa EyL, Ecodesarrollos Sombrero Verde e Inmobiliaria del Valle de Orosi A y M.

Entre todas, las deudas con la CCSS ascienden a ¢450.686.845, según el sistema de consultas de la institución.

Las sociedades que más adeudan son Desarrollos Inmobiliarios A y M, con ¢272.718.204, y Obras Civiles del Este, con ¢116.601.762, las cuales además enfrentan cobros judiciales.

La Comercializadora Valle Central, cuya deuda es de ¢20.252.058, también enfrenta un cobro judicial.

Asimismo, en setiembre anterior el Banco de Costa Rica (BCR) inició el proceso para rematar cuatro propiedades del grupo, valoradas en ¢3.937 millones, para cobrar una deuda de la empresa con la institución financiera.

Las empresas deudoras con el BCR son Asfaltos Orosi Siglo XXI, Concretos Orosi, Quebradores Orosi Siglo XXI y Transportes Orosi Siglo XXI.

Este medio intentó conocer la posición del grupo por vía telefónica y correo electrónico, pero no fue posible obtener una respuesta.