Juan Diego Córdoba. 3 mayo
Estudio de la Contraloría General de la República expone que los costarricenses tienen deseo de conocer lo que sucede en el sector público, pero baja transparencia de las instituciones dificulta el acceso a la información. Fotografía: Albert Marín.
Estudio de la Contraloría General de la República expone que los costarricenses tienen deseo de conocer lo que sucede en el sector público, pero baja transparencia de las instituciones dificulta el acceso a la información. Fotografía: Albert Marín.

¿Deben las instituciones públicas mostrar cuentas claras del uso de los recursos? La gran mayoría de costarricenses responde positivamente.

No obstante, una gran parte considera que la información que suministran las entidades estatales no es transparente.

Además, la mayoría también ignora que tiene herramientas para ejercer un control sobre lo que sucede en el sector público.

Así lo revela la última Encuesta Nacional de Transparencia de 2019, elaborada por la Contraloría General de la República y publicada este 3 de mayo.

Cuando se les consultó a los encuestados, solo un 56% de ellos conoce que tiene derecho a solicitar explicaciones sobre los resultados obtenidos de una institución, iniciando por su gobierno local.

Apenas un 43% sabía que puede solicitar información presupuestaria de las instituciones públicas, mientras que solo un 30% de los consultados dijo saber que puede acceder a la información sobre los salarios de empleados públicos.

De acuerdo con la contralora general, Marta Acosta, estos resultados demuestran que los costarricenses no saben cómo pedir cuentas, ni tienen las herramientas que permitan hacer un control ciudadano sobre lo que sucede en el sector público y sobre los resultados obtenidos por las entidades.

“Hay varias barreras que encontró el ciudadano, como dificultades en el acceso. Mucha tramitología, el tema de que no conoce su derecho a pedir información. Los funcionarios públicos consultados también aceptan que hay barreras y que hay que hacer un cambio de cultura, de plataformas tecnológicas y de acceso a la información”, manifestó Acosta.

Falta de transparencia y acceso a la información

Las inversiones y gastos que hacen la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los gobiernos locales y el Ministerio de Educación Pública son los de mayor interés para los costarricenses.

El problema es que también estas instituciones tienen un bajo índice de transparencia, de acceso a información y de rendición de cuentas. Es decir, es díficl para la ciudadanía obtener información comprensible, accesible y oportuna.

Específicamente, en el tema de rendición de cuentas a la ciudadanía, los municipios tienen una nota de 15 de 100. La Caja tiene un promedio de 62, mientras que el MEP de apenas 28.

Cuatro de cada 10 instituciones públicas no publicaron los informes internos de auditoría en 2018. Estos documentos exponen problemas, necesidades y puntos de mejora de las entidades. Además, la misma cantidad de instituciones no publicó oportunamente las actas y los acuerdos del jerarca.

La Contraloría también denunció que la declaración de confidencialidad de algunos contratos de las empresas estatales también dificulta la transparencia y la rendición de cuentas.

De acuerdo con el estudio, la combinación de estas variables provoca que la ciudadanía tenga poca confianza y un bajo conocimiento acerca de los resultados y las explicaciones que da el sector público sobre el manejo de los recursos públicos.

Ocho de cada 10 encuestados dice desconocer si el sector público cumplió con lo que prometió en sus planes y proyectos.

Según la encuesta, esto no está relacionado con el poco deseo de conocer el rendimiento de las entidades de los costarricenses, pues el 90% de los consultados dijo que desearía conocer los resultados obtenidos anualmente por las instituciones.

Para el estudio se realizaron 3.897 entrevistas por teléfono.