Fernando Gutiérrez. 27 noviembre, 2020
Edificio de la Municipalidad de Cartago. Edificios, fachadas, municiplaidades.
Edificio de la Municipalidad de Cartago. Edificios, fachadas, municiplaidades.

Un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) le quitó la mordaza a los síndicos de Cartago, quienes estaban limitados a manifestarse solo cuando el tema en discusión estaba relacionado específicamente con su distrito.

Así ocurría desde el 8 de agosto, cuando el Concejo cartaginés lo dispuso por instrucción de su asesoría legal. De esta forma, por tres meses, estos representantes no han podido intervenir en deliberaciones generales.

El síndico representa a cada distrito con voz pero sin voto, según el Código Municipal, mientras que los regidores son representantes del cantón en su totalidad.

“lo cierto es que los síndicos tienen derecho a participar con voz –pero sin voto― en todos los asuntos que estime conveniente hacerlo para ejercer su función de representar los intereses distritales”. Procuraduría General de la República

Ante la limitación que se daba por primera vez en el Ayuntamiento, se planteó la consulta a la Procuraduría, asesor jurídico del Estado, la cual señaló la improcedencia de que no se les deje hablar del resto de distritos cartagineses, y se les imponga solo referirse a temas del territorio que representan.

En oficio del 18 de noviembre, C455 -2020, la Procuraduría le respondió al Concejo cartaginés: “…lo cierto es que los síndicos tienen derecho a participar con voz –pero sin voto― en todos los asuntos que estimen conveniente hacerlo para ejercer su función de representar los intereses distritales.

“Se indica, al respecto, que la función del síndico es colaborar con el gobierno municipal en sus decisiones, al tratar de hacer valer los intereses distritales en cualquier decisión o acuerdo que esté en discusión en el Concejo Municipal, independientemente de si los asuntos a tratar estén o no estrictamente relacionados con su distrito”.

El pronunciamiento fue firmado por el procurador adjunto, Jorge Andrés Oviedo Álvarez.

“Ya acogimos y respetamos el pronunciamiento de la Procuraduría, sí habíamos tomado medidas al contrario, fue por el pronunciamiento de la asesoría legal, que ahora nos damos cuenta que estaba equivocado”, expresó Marco Arias, presidente municipal.

La decisión, por supuesto, fue celebrada por los síndicos.

“Es muy lamentable, que existan abogados que cobren tantísima plata, para asesorarnos tan mal, pero estoy complacido de que el reiterado derecho que dije, tenían los síndicos, el abogado del Estado, lo haya ratificado”. José David Mitta, regidor

“Era una mordaza contra la libre expresión, no nos daban la posibilidad de hablar, no nos facilitaban el micrófono en sesiones presenciales, y en virtuales, nos silenciaban el sonido. Nosotros sabíamos que era una ilegalidad e injusticia, y así lo ha corroborado la Procuraduría. El único regidor que nos apoyó siempre, fue José David Mitta Albán, que propuso la consulta a la Procuraduría”, manifestó Evelyn Ledezma, síndica por el distrito Oriental.

Mitta, por su parte, criticó duramente la labor de la asesoría jurídica del gobierno local al quitarle voz a los representantes distritales.

“Es muy lamentable que existan abogados que cobren tantísima plata para asesorarnos tan mal, pero estoy complacido de que el reiterado derecho, que dije tenían los síndicos, lo haya ratificado el abogado del Estado”, expresó.