Lilliam Marín, Contraloría General de la República: ‘Hay poca coordinación’

¿Qué concluye el estudio de la Contraloría sobre los planes reguladores costeros?

El estudio reveló que el proceso para elaborar y poner en vigencia un plan regulador es tan complicado y lleno de una cantidad exorbitante de insumos y de normas jurídicas que lo rigen que, al final, el proceso es tan engorroso y tan complejo que es muy difícil que una municipalidad pueda llegar a tener éxito en la aprobación e implementación de un plan regulador.

¿Por qué le ha costado tanto al país ordenar su zona marítimo terrestre?

Este es un problema tan complejo que el origen y las causas son multivariables. Primero, no ha existido una rectoría política fuerte. No hay quien dirija la orquesta; existe una rectoría política y técnica, pero el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), por ejemplo, que tiene la rectoría técnica, no la ha ejercido.

”Segundo, son tantísimas las instituciones que intervienen que nadie manda. Existen acciones de una institución que son contradictorias con otras, se traslapan o son omisas. El Instituto Costarricense de Turismo tiene un manual para hacer planes reguladores, el INVU también, y (ambos) son incongruentes”.

¿Por qué se le dificulta tanto a un ayuntamiento hacer un plan regulador?

Las municipalidades no tiene capacidad organizativa, ni recursos, ni especialistas que les permitan hacer los planes reguladores o contratar a alguien que se los haga. De las 20 municipalidades costeras, no existe en el país una sola municipalidad que tenga un plan regulador del territorio de todo el cantón.

¿Debería aprobarse una prórroga para que los ayuntamientos hagan sus planes?

Nuestro criterio es que no se necesitan leyes de moratoria ni ninguna de estas leyes que han salido para solucionar el problema. El ordenamiento jurídico que existe permite solucionar el problema. Todas las leyes recientes no han sido necesarias; lo que sucede es que hay poca coordinación entre instituciones.