Los rostros sonrientes y optimistas de los movilizados que anoche colmaron las barras de público del Congreso rápidamente se trocaron en caras largas y gestos de frustración.
Ello ocurrió luego que tres mociones presentadas por diputados liberacionistas para alterar el proyecto de ley que autoriza el pago a los exfuncionarios públicos acogidos a la movilidad laboral, impidieron que esa iniciativa fuera votada en el Plenario legislativo.
Las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. Para los oficialistas, los cambios propuestos son necesarios porque corrigen una supuesta diferencia discriminatoria que el plan establece en cuanto a la cantidad de salarios a pagar a los funcionarios del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, según explicó la congresista Sandra Pizsk.
Pero los socialcristianos reaccionaron enfurecidos. Para algunos, como Rodolfo Méndez, lo que los verdiblancos pretenden, con otra de las mociones planteadas, "es darle un marco de protección a los funcionarios responsables de este descalabro; eso es un acto inmoral".
Con las tres propuestas de cambio presentadas, el proyecto retornará mañana a la Comisión de Asuntos Económicos, en la cual sus miembros tendrán un plazo de tres días para tomar una decisión sobre las mismas antes de devolver el proyecto nuevamente al Plenario donde volverá a ocupar el primer lugar de la segunda parte de la sesión.
Los recursos
La Sala Constitucional declaró la semana pasada con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y pidió al Estado a pagar los salarios caídos para los 2.700 exempleados públicos que se acogieron a la movilidad laboral hace seis meses.
El Ministro de Reforma del Estado, Mario Carvajal, aseguró que se cuenta con el dinero para cancelar la deuda a los movilizados y los salarios que dejaron de percibir desde hace seis meses.
"Lo que queda por pagar son ¢1.500 millones de prestaciones ¢500 millones en incentivos y una estimación preliminar de ¢1.000 millones en salarios caídos". Todo ese dinero --agregó-- se obtendrá del presupuesto.
El jerarca aseguró que el lunes pasado inició la confección de los giros para cancelar la deuda a partir de la semana entrante. Pero no dijo cuándo cancelarán los salarios caídos.
Sin embargo, según cálculos de Albino Vargas, secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), el Gobierno debería desembolsar cerca de ¢10.000 millones por concepto de salarios caídos. Este dato lo obtuvo al utilizar un salario promedio mensual de ¢60.000 de los afectados. A su juicio, "les salió el tiro por la culata".
Colaboraron en esta información las periodistas Milena Fernández y Patricia Leitón