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El Minae tiene previstos ¢439.704 millones para el pago de indemnizaciones ; una parte de ese monto corresponde a las expropiaciones para las áreas de conservación. | JOHN DURÁN (JOHN DURAN)
El Gobierno Central estima en ¢730.890 millones el monto que pagaría en el 2015 por indemnizaciones, en caso de ser condenado en los procesos judiciales planteados en su contra.
En perspectiva, la cifra que calcula el Ejecutivo para eventuales indemnizaciones es más del doble del presupuesto global del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para el 2015 (¢342.565 millones), es tres veces superior al fondo que esa cartera destinó este año para atender la infraestructura vial (¢249.228 millones) y es nueve veces mayor al presupuesto que el Ministerio de Educación Pública (MEP) dispuso este año para infraestructura y equipamiento del sistema educativo (¢81.123 millones), según datos del Ministerio de Hacienda.
La estimación de la cantidad por pagar en eventuales demandas nace de los cálculos que hacen los ministerios sobre los costos de las posibles indemnizaciones, con base en los procesos judiciales en trámite.
Esas previsiones de pasivos contingentes las envían las carteras al Departamento de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda, para que consten como probables obligaciones por cancelar durante el año.
A la cabeza. Según la Contabilidad Nacional, en las notas financieras del Poder Ejecutivo, al 30 de junio pasado, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) encabezaba la lista de instituciones que reportaron montos por cubrir en caso de perder juicios.
El Minae informó de un total de ¢439.704 millones en eventuales resarcimientos.
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Estimación en pago de indemnizaciones (Infografía GN)
El MOPT calculó en ¢207.080 millones esa suma, y los ministerios de Agricultura y de Salud, en ¢31.656 millones y en ¢17.553 millones, respectivamente.
Las expectativas de los demandantes, empero, superan las resoluciones judiciales.
El contador nacional, Ricardo Soto, detalló que al 30 de diciembre del 2014, el pasivo contingente reportado era de ¢347.598 millones. Pero, al finalizar el año, solo se ejecutaron ¢13.291 millones en indemnizaciones.
Según Soto, en el escenario hipotético de que se tuvieran que pagar los ¢730.890 millones calculados para indemnizaciones este año, el Estado tendría que incurrir en un endeudamiento mayor, a falta de recursos frescos y disponibles en el erario.
¿Descuido? Pero ¿por qué el Gobierno Central sufre tantas y tan cuantiosas demandas?
El viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco, dijo que el elevado cálculo de indemnizaciones no significa necesariamente que el Estado no cuida cabalmente la legalidad de los numerosos procesos en los que incurre, entre ellos, de contratación, expropiación y cobros tributarios, entre otros.
La procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, dijo que la incidencia de demandas contra el Estado y el monto pretendido por los demandantes no es síntoma de negligencia de los ministerios hacia los procesos administrativos.
Rojas sí reconoció un aumento en el circulante de casos contra el Estado (50.000, este año), principalmente por la presentación de amparos de legalidad.
La Nación consultó al MOPT y al Minae sobre las repercusiones de las demandas, pero no contestaron antes del cierre de esta edición.
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