La oficina de prensa del Ministerio Público confirmó, este martes, la apertura de una investigación por supuestas entregas irregulares de bonos Proteger a personas que no calificaban para recibirlo o que no lo necesitaban.
La investigación se inició luego de que la Contraloría General de la República (CGR) publicara un informe de auditoría sobre la ayuda estatal por la pandemia, el cual señaló presuntos errores en la entrega de ¢7.500 millones.
“En respuesta a su solicitud, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que, tras analizar el informe solicitado a la Contraloría General de la República, en relación al tema de bono Proteger, determinó la apertura de una investigación por el presunto delito de incumplimiento de deberes”, señaló la oficina de prensa de la Fiscalía.
Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, también llamaron a cuentas por este informe a Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, y a Juan Luis Bermúdez, ministro de Desarrollo Humano y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quienes lideraron el programa.
No obstante, según informó el Ministerio Público, en esta investigación la causa es tramitada contra ignorado, es decir, de momento no hay personas imputadas individualizadas.
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De acuerdo con la auditoría, la ayuda económica creada por el Gobierno para apoyar a trabajadores económicamente afectados por la pandemia, habría llegado a 66.300 beneficiarios que no cumplían con las condiciones requeridas.
Dinarte, quien fungía como ministra de Trabajo y Seguridad Social al momento en que se divulgaron los resultados, planteó un recurso de revocatoria para que la Contraloría revisara y dejara sin efectos el informe, en caso de constatarse un error en el método de investigación.
“Hay conclusiones del tipo ‘podrían haberse girado pagos de más’, ‘podrían haberse ejecutado mal los recursos’, ‘podrían haberse asignado de forma incorrecta’.
“Sin embargo, llegar a la conclusión de ese tipo cuando estamos apenas en los procesos de investigación es realmente adelantar una conclusión que va en perjuicio del proceso de asignación”, había señalado Dinarte.
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Al respecto, Juan Luis Bermúdez afirmó este martes que tanto él como la nueva jerarca de Trabajo, Silvia Lara, remitieron todos los informes mensuales a la Fiscalía para su respectiva revisión.
Sin embargo, afirmó sorprenderle que el Ministerio Público abriera una investigación sobre un informe en proceso de apelación.
“El Gobierno de la República es suamamente respetuoso de la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. No obstante, no deja de llamar la atención la activación de la Fiscalía frente a un informe que, primero, no está en firme y, segundo, cuyas disposiciones son de control interno, cuyos hallazgos son de supuestas filtraciones de un programa social.
“Teniendo claro que todavía no hay ningún imputado, nosotros, la ministra Silvia Lara y este servidor, hemos puesto desde hace semana y media, en manos de la Fiscalía los informes mensuales del bono Proteger y también los argumentos que la Administración le ha planteado a la Contraloría General de la República en distintos momentos”, afirmó Bermúdez.
Al igual que Dinarte, el jerarca del IMAS señaló supuestos errores en la metodología empleada por el órgano contralor para dar con los resultados del informe de auditoría, por el cual finalmente se abrió el expediente en la Fiscalía.
“Proteger es un programa que nace en una emergencia nacional y no puede ser analizado como un programa en tiempos de paz.
“Hay disposiciones de la Contraloría, que exige que para un próximo programa social de emergencia se sigan al pie de la letra cada uno de las normativas establecidas para programas sociales, rompiendo por absoluto con la lógica de urgencia y del régimen de excepción que estable la Ley de Emergencia y Prevención de Riesgo, ratificado por la Sala IV”, afirmó el jerarca.
Además, según señaló Bermúdez, en su proceso de auditoría, la Contraloría habría utilizado información a la cual las instituciones no pudieron acceder para asignar las ayudas sociales, entre ellas la información salarial del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere).
“Ellos acceden a una información distinta de la que se utiliza para la ejecución del bono Proteger”, señaló el jerarca, quien insistió que las instituciones públicas todavía continúan investigando las posibles filtraciones señaladas por el órgano contralor.
El Gobierno creó el programa Proteger para entregar subsidios económicos a las personas que se quedaron sin empleo o vieron reducidos al mínimo sus ingresos por efectos de la pandemia de coronavirus.
Las ayudas eran de ¢62.500 mensuales por tres meses para aquellas personas que vieron reducidas sus jornadas laborales y salarios, entretanto, eran de ¢125.000 mensuales para quienes quedaron desempleados o con suspensiones de contratos.
Al caso se le asignó el expediente 21-000009-1218-PE y se encuentra en la etapa de recolección y análisis de prueba.
Según el artículo 295 del Código Procesal Penal, esta fase es privada, por lo que el Ministerio Público no puede brindar más detalles al respecto.