Al sentarse en una mesa de diálogo con el autodenominado Movimiento Rescate Nacional, el Gobierno deberá dar respuesta a un pliego de exigencias de los dirigentes de ese grupo.
El máximo representante de la organización detrás de los bloqueos en carreteras, Célimo Guido, afirmó que mantendrán algunos de los planteamientos enviados a Zapote, meses atrás.
Resaltan tres: descartar cualquier negociación de asistencia económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI), frenar cualquier proyecto para vender activos estatales y desechar la reforma al empleo público.
Guido había advertido en reiteradas ocasiones, que si el Gobierno los atendía no se conformarían con promesas, sino que presionarían hasta que los acuerdos se pusieran en marcha.
El grupo también se opone a la creación o aumento de impuestos indirectos, es decir, aquellos que gravan el consumo de bienes y servicios, como el impuesto al valor agregado (IVA).
En cambio, buscan un sobreimpuesto del 10% a los grandes capitales. También pidieron “erradicar” la evasión fiscal.
No obstante, detrás de esos planteamientos, “Rescate Nacional” guarda una agenda de proyectos particulares.
Por ejemplo, promueve la reforma parcial a la Constitución Política para remover presidentes, diputados, alcaldes, regidores y síndicos vía referendo.
Recién en marzo pasado, José Miguel Corrales, Célimo Guido y Xinia López, fundadores de “Rescate Nacional”, trataban de agilizar la discusión de esa propuesta en el Congreso, mediante el Grupo Pro Revocatoria de Mandato.
Esa agrupación daría origen, cuatro meses después, al movimiento detrás de los bloqueos que dejaron un centenar de policías heridos, así como patrullas, camiones y maquinaria quemadas, entre otros hechos violentos.
Guido confirmó que esa reforma será uno de los tópicos en la mesa de diálogo con el Gobierno.
"Vamos a plantear entre otros ese proyecto, porque ese es un proyecto para la paz. El referendo de mandato simplemente es que si con un lapicero se pone a un presidente, a un diputado, un regidor, con un lapicero se quita y no habría confrontación.
“Es un proyecto urgente que, aunque se aprobara ahorita, no se le podría aplicar a esta Administración porque necesita una reforma constitucional, eso va para largo, pero algún día tiene que darse”, afirmó Guido.
Corrales, quien presentó el proyecto con las firmas de varios diputados en 2018, había aseverado que ese mecanismo es la única vía para remover mandatarios sin una guerra civil.
LEA MÁS: ‘Rescate Nacional’ surge de grupo para quitar presidentes por referendo
Con su plan, el pueblo podría decidir remover a un presidente o diputado, en caso, por ejemplo, de considerar que aprobara o firmar una ley “contra el interés público”. Igualmente, si fueran denunciados por supuestos actos irregulares, incluso sin que exista una sentencia judicial que lo confirme.
El ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, evitó adelantar criterio sobre dicha iniciativa, que se encuentra varada en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
“El Gobierno se mantiene en su política de no hacer comentarios previos al trámite legislativo del proyecto de ley, por un motivo de respeto a la independencia de poderes”, afirmó Prieto.
Otra de las exigencias de las cabecillas de “Rescate Nacional”, es que no se tercericen más servicios, como los Ebáis, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Antes de que el Ministerio Público abriera causas contra ocho de los dirigentes del movimiento, entre ellos Guido, Corrales, López y Francisco Villalobos, la agrupación pedía como condición al Ejecutivo, que “no existiera procesamientos penales ni sanciones disciplinarias o administrativas para los manifestantes”.
Estos son otros de los planteamientos de los dirigentes, que se autoproclaman la representación del pueblo costarricense:
- Fortalecer el Consejo Nacional de Producción (CNP).
- Ejecutar el proyecto constructivo del Canal Seco.
- No avanzar con el plan del tren eléctrico metropolitano.
- No aprobar ningún nuevo empréstito internacional.
- Archivar la propuesta de Ley Hídrica.
- Impulsar moratorias y cancelación de deudas para el sector agropecuario.
- Apoyar el proyecto de ley de soberanía alimentaria.
LEA MÁS: Gobierno alega que plan de canal seco tenía una demanda ‘groseramente sobreestimada'