Juan Diego Córdoba. 3 mayo
La Contraloría General de la República detectó faltas graves en la liquidación presupuestaria del Gobierno de 2018. Fotografía: Rafael Pacheco
La Contraloría General de la República detectó faltas graves en la liquidación presupuestaria del Gobierno de 2018. Fotografía: Rafael Pacheco

El Gobierno financió gastos corrientes con deuda, el Ministerio de Educación Pública habría sobregirado ¢2.325 millones en remuneraciones de empleados, y el régimen de pensiones pagó ¢2.560 millones a fallecidos o personas con pensiones caducadas.

Estas razones mediaron para que la Contraloría General de la República rechazara la liquidación presupuestaria del Gobierno del año anterior, que inició con la gestión de Luis Guillermo Solís Rivera y cerró con la de Carlos Alvarado Quesada.

Además de estas faltas graves, –así consideradas por la contralora general, Marta Acosta– el Ministerio de Hacienda no registró una amortización de la deuda por ¢400.000 millones, así como otros registros mal procesados.

“Es inconcebible que registros por montos importantes no se hagan de manera correcta. Tenemos que ser transparentes, se utiliza y se registra el gasto y el ingreso. Para nosotros son temas que se deben mejorar, el país debe ser mucho más transparente en materia presupuestaria”, manifestó Acosta.

De acuerdo con la jerarca, la liquidación presupuestaria de 2018 evidenció que el Gobierno incumple con la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, al cubrir gastos corrientes con deuda y no con ingresos propios. Esto se debe al desbalance en las finanzas públicas.

En los gastos corrientes se incluyen los sueldos y salarios, las cargas sociales,el pago de los intereses de la deuda y las transferencias al sector público, al sector privado y al sector externo.

El viceministro de Egresos, Rodolfo Cordero, reconoció a este medio que “sí es mucha de la diferencia” que hay entre los ingresos y los gastos.

Además recordó la necesidad de discutir los eurobonos y la reforma al empleo público, proyectos con los que el Ejecutivo pretende complementar el plan fiscal, aprobado en diciembre anterior.

“Corregir ese desbalance requiere seguir en la senda de lo que hemos venido haciendo por el lado de ingresos y también de lo que tenemos que hacer por el lado del gasto, en mejorar los proceso”, manifestó Cordero.

(Video) Contraloría no avala la liquidación presupuestaria de 2019

Poca atención legislativa

Rechazar el cierre de cuentas del ejercicio presupuestario del Gobierno no es novedad en la Contraloría, de hecho Acosta aseguró no recordar la última vez que la institución avaló la liquidación del Ejecutivo.

No obstante, la contralora urgió a los diputados a aprobar o rechazar el informe sobre la liquidación presupuestaria, debido a que, según denunció, hay liquidaciones haciendo fila desde 2016.

“Esto ya se convirtió en una constante. Además hace falta que se cierre el ciclo de rendición de cuentas por parte del plenario legislativo porque están pendientes los informes desde 2016. Es importante que se apruebe o rechace, pero que se cierre el ciclo para la ciudadanía", afirmó la contralora.