Juan Diego Córdoba González. 5 mayo
Poder Judicial fue ordenado a cumplir con el capítulo de empleo público de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Su implementación todavía está pendiente, según la Contraloría. Fotografía: Alberth Marín.
Poder Judicial fue ordenado a cumplir con el capítulo de empleo público de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Su implementación todavía está pendiente, según la Contraloría. Fotografía: Alberth Marín.

El Poder Judicial y el Ministerio de Educación Pública (MEP) incumplieron la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al no modificar el cálculo de todos sus pluses, pues en vez de hacerlo de manera nominal, lo hicieron por porcentaje.

De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), ese incumplimiento ocurrió durante el ejercicio presupuestario 2019 y provocó que ambas instituciones pagaran de más en incentivos a sus trabajadores.

La irregularidad sigue sin corregirse, aunque en proporciones distintas en ambas instituciones, señala el órgano contralor en su memoria anual 2019, dada a conocer este lunes.

Según lo dispuesto en la reforma fiscal, aprobada en diciembre de 2018, los sobresueldos en el sector público dejarían de ser montos porcentuales que se calculaban sobre el salario base vigente de cada trabajador, en cambio, pasarían a ser montos nominales fijos.

Para establecer dicho monto, se toma como base la escala salarial del trabajador a enero de 2018. Aunque los porcentajes de los pluses siguen respetándose, ya no se calculan sobre el sueldo vigente, lo que provoca que el monto que recibe el funcionario sea el mismo cada año, y no crezca de forma exponencial, como sucedía anteriormente.

Estas situaciones, sumadas a una lista de problemas evidenciados por la Contraloría en el manejo de los fondos públicos, provocaron que el órgano rechazara, una vez más, la liquidación presupuestaria del Gobierno correspondiente al año pasado.

FUENTE: Contraloría General de la República    || DISEÑO / LA NACIÓN.

Poder Judicial

De los casos de incumplimiento, el Poder Judicial presenta el hecho más grave, pues no solo se mantiene el pago porcentual de los incentivos, sino también de la anualidad.

Este conflicto fue motivo de una pugna de esa institución con la Contraloría por decisiones que tomó la Corte Plena con respecto a la aplicación de la reforma fiscal.

En marzo de 2019, la Corte Plena aprobó por mayoría mantener los beneficios salariales a sus funcionarios y que lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas solo se aplicara a los empleados contratados a partir de la entrada en vigor de esa ley, es decir, del 5 de diciembre.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la Contraloría ordenó a ese Poder de la República, implementar los cambios correspondientes.

El presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz, intentó revertir esa acción con un recurso ante la Contraloría, sin embargo el órgano lo rechazó y dejó en firme la orden en febrero pasado.

En su memoria anual, la Contraloría señala que el Poder Judicial trabaja en esta orden, aunque algunos procesos legales generan incertidumbre sobre la aplicación de las normas de empleo público.

"Para ello, la Presidencia de la Corte elaboró una serie de planes de trabajo entre cuyas actividades se menciona la realización de estudios jurídicos sobre la 'aplicación de la Ley 9.635 retroactiva del 4 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019'.

“Adicionalmente, existen diversas acciones a nivel judicial, dentro de las cuales destaca la acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente 19-015542-0007-CO, así como acciones de amparo y actuaciones en sede laboral cuyos resultados podrían incidir de forma directa en el saldo de la partida de remuneraciones”, señala la memoria.

En un comunicado emitido la tarde de este martes, el Poder Judicial anunció que implementará el sistema de pago nominalizado a partir de la primera quincena de junio. Además señaló, que para los empleados nuevos, ese modelo se utiliza desde setiembre del año pasado.

“La institución presentó a la Contraloría General de la República un plan de trabajo para la implementación de la citada normativa el cual fue acogido sin observaciones por el órgano contralor. Por acuerdo de Corte Plena se integró una comisión para dar seguimiento a esta implementación y se informa a la Contraloría del avance del mismo”, señaló el Poder Judicial.

Ministerio de Educación Pública

De acuerdo con el documento del órgano contralor, el MEP tenía pendiente de nominalizar 31 de los 80 incentivos que paga a sus trabajadores.

Es decir, 49 sobresueldos se calcularon según lo ordenado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Para este año, el Ministerio de Educación Pública había ajustado otros 29 incentivos. Todavía quedan pendientes dos sobresueldos, que según la Contraloría, deben ajustarse en el transcurso del presente año.

En el informe, el ente evidenció el desorden del MEP con respecto al pago del componente por carrera profesional. Según denunció la Contraloría, la institución no le da acceso a toda la información requerida sobre este tema desde el año 2008.

“De acuerdo con información suministrada por la Dirección de Recursos Humanos, aproximadamente 68% de los 118.000 reclamos administrativos planteados por funcionarios están relacionados con sumas adeudadas por componentes salariales de carrera profesional.

“Según informó dicha dirección, se tardarían aproximadamente 11 años en resolver todos esos casos, situación que origina que los funcionarios eleven los reclamos ante las instancias judiciales correspondientes, en donde se les ha dado la razón en la mayoría de los casos”, señala la memoria anual.

Pagos de más

La Contraloría también señala en su informe cinco inconsistencias más en la revisión de los egresos del Estado. Dos de ellos están relacionados con montos girados de más por parte del MEP y por parte de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).

El Ministerio habría hecho posibles sobrepagos a sus trabajadores por ¢50.580 millones. La oficina de Recursos Humanos ha identificado ¢34.432 millones, de los cuales ha logrado recuperar ¢25.284 millones.

En tanto, Pensiones habría girado ¢3.277 millones a fallecidos, personas con pensiones caducadas o montos de más a beneficiarios actuales.

Esa institución tiene severos problemas al momento de recuperar esos montos. De hecho, de los ¢8.387 millones que ha drenado en los últimos tres años con esas prácticas, solo ha recuperado alrededor del 5%.

Otro de los señalamientos involucra a los ministerios de Justicia y Paz y de Seguridad Pública. Estos se relacionan con cálculo de incentivos y anualidades de forma nominal, lo que provoca posibles montos girados de más o de menos a sus empleados.

Por último, también se señalan errores en la asignación presupuestaria en el título de servicio de la deuda pública.

“Se registró incorrectamente la suma de ¢93.292 millones en la partida de amortización y ¢8.836 millones en la partida de intereses y comisiones, correspondiente a los adeudos de los convenios suscritos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como los pagos de los contratos de arrendamiento financiero derivados del Fideicomiso de Infraestructura Educativa, los cuales no corresponden a amortización de operaciones de deuda pública”, señala el informe.

El hecho de que no se mencionan otras instituciones estatales en el informe anual de la Contraloría, no significa que sí cumplan lo estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Únicamente se contemplan las entidades en las que se efectuaron auditorías y se encontraron inconformidades con la reforma fiscal.