Juan Diego Córdoba González.   20 febrero
La Contraloría General de la República impulsa junto con diputados un proyecto de ley para simplificar los procesos de compras públicas. Entidades tendrían no más de 18 meses para sumar todos sus procesos al Sicop. Fotografía: Rafael Pacheco

A nueve años de la implementación del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), la Contraloría General de la República (CGR) determinó en un estudio, que las entidades tardan en promedio hasta 89 días menos para adquirir bienes y servicios con el uso de esa plataforma.

Ese es el tiempo que se ahorran las instituciones desde que sacan a concurso la licitación pública hasta que firman el contrato con la empresa que obtuvo la adjudicación.

En el caso de las licitaciones abreviadas, que son procesos más cortos, el ahorro promedio es de 23 días.

De acuerdo con la contralora Marta Acosta, esos ahorros de tiempo no solo permiten que las entidades estatales puedan obtener obras o servicios más rápido, sino que también reducen los costos operativos y la variación de precios al alza.

“El estudio que presentamos cuantifica el ahorro potencial para el uso de este sistema a partir de ahorros en tiempos y precios, concretamente al considerar el ahorro en días laborales producto de utilizar el Sicop, en comparación con otros sistemas que implementan otras instituciones. Así también como el ahorro en precios por el uso de la modalidad de subasta a la baja”, señaló Acosta.

Así las cosas, la Contraloría reportó que solo en 2017 se generó un ahorro del 20,8% del total de las compras estatales reportadas ante el órgano contralor. Eso representó 0,8% del producto interno bruto (PIB) de ese año, es decir, unos ¢299.000 millones.

Empero, si se hubieran incorporado la totalidad de las compras de bienes y servicios que todavía se procesan por otras plataformas individuales de cada institución, el Estado hubiera ahorrado un total de ¢514.000 millones, es decir, casi el doble de lo que finalmente se economizó.

Es por eso que la contralora urgió a los diputados de la Comisión de Contratación Administrativa a incorporar a todas las instituciones a ese sistema unificado de compras, con motivo de continuar en el proceso de reducción de gastos.

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De acuerdo con la diputada Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), el proyecto de Ley General de Contratación Pública, que se discute en ese foro, tiene ese objetivo.

“Esto no solo genera transparencia, sino también incorpora la eficiencia que tanto necesita la administración para que dé respuestas a la ciudadanía. Este proyecto contempla la posibilidad de generar, dentro de un umbral de 18 meses, esos ajustes que permitan poder transparentar la totalidad de los procesos de contratación dentro de Sicop”, afirmó Delgado.

Ese texto, elaborado con el apoyo técnico de la Contraloría, además pretende simplificar los procesos de compra de bienes y servicios.

Actualmente, hay decenas de procesos y algunos de ellos son muy complejos. Inclusive hay instituciones que están obligados a seguir procesos especiales.

En cambio, esta iniciativa pretende estandarizar solo tres procesos, según el costo de la obra a construir o del bien o el servicio a que se compre: licitaciones mayores, menores o reducidas.

Actualmente, según la Contraloría, 235 instituciones utilizan el sistema digital de compras públicas. Un total de 278 están obligadas a implementar esa herramienta.

Sin embargo, de las entidades que ya la adoptaron, pocas son las que utilizan la herramienta para la totalidad de los procedimientos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue la última institución pública en sumarse a Sicop, en diciembre pasado.

Los legisladores y el órgano contralor estiman que, con la posible nueva ley, las entidades tengan más facilidades para incorporar todas sus compras en el sistema digital.