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CNP planeó demandar a la Comisión de Emergencias para romper límite de gasto

Junta Directiva pidió a agremiados, cooperativas y a Laica presionar a autoridades para exonerar al Consejo de regla fiscal. Al final, acción legal no fue necesaria porque mandatario cedió

El Consejo Nacional de Producción (CNP) planeó presentar una demanda judicial contra la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en caso de que esa institución no recomendara autorizarles superar su límite de gasto. La Comisión es la institución que por ley debe dar ese aval cuando el país vive una situación excepcional como la pandemia de covid-19.

Con ese objetivo, el entonces presidente del CNP, Rogis Bermúdez, instruyó en julio a la asesora jurídica de la entidad a tener listos los documentos para presentar la acción legal contra la CNE.

Así consta en el acta 3079 de la sesión de la Junta Directiva del CNP del 14 de julio del 2021, un día antes de que Bermúdez dejara la presidencia de la institución para buscar la candidatura a una diputación por San José con el Partido Acción Ciudadana (PAC) para las elecciones de febrero.

Entre las “estrategias” de los directivos para obtener la llamada cláusula de escape de la regla fiscal estaban hacer “presión política” mediante los agremiados, cooperativas y hasta la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica).

En la sesión los directivos alegaban que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI, el cual vende alimentos a escuelas, hospitales, cárceles y policías) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) tenían “serios problemas” financieros para honrar sus compromisos al tiempo que el presupuesto estaba por agotarse.

“Se han hecho las justificaciones necesarias para que se exima al CNP de la regla fiscal y no ha habido forma, queda un último recurso que es el legal, ya la señora Silvia Sibaja (asesora jurídica) ha sido instruida para que prepare una acción legal, aunque sería lo último, pero si hay que hacerla, no queda más, para que se le permita al CNP seguir pagando y seguir operando mientras se resuelve”, dijo Bermúdez, según quedó consignado en el acta.

La regla fiscal es un tope al crecimiento del gasto corriente de todas las instituciones públicas que depende de las condiciones económicas del país y del nivel de endeudamiento. No obstante, el artículo 16 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), permite superar el tope, con una cláusula de escape que aprueba el Ejecutivo, en caso de una emergencia nacional declarada por la CNE. El país está en emergencia nacional por la covid-19.

La justificación del gasto para solicitar la cláusula de escape la deben presentar las instituciones a la CNE, para que esta lo recomiende al Poder Ejecutivo, en caso de considerar oportuno la exoneración de la regla fiscal por el monto. El Ejecutivo lo aprueba y lo comunica a la Asamblea Legislativa. El gasto debe estar directamente relacionado con la atención de la emergencia.

Bermúdez dijo en aquel momento que ya se habían agotado los canales de comunicación con Hacienda y con la CNE, que estaban “muy cerrados”. En el caso de la CNE, dijo que no les dieron mucha oportunidad de usar la cláusula de escape.

En su campaña, también, hablaron con Casa Presidencial y con la Contraloría General de la República, entidad que fue clara en decirles que tenían que cumplir con la regla fiscal.

“Pareciera que hay un espíritu antiCNP bien definido en algunas áreas de Hacienda, que cada vez que se manda una solicitud la rechazan”, afirmó el entonces jerarca.

¿Qué pretendían con la demanda a la CNE?

La asesora jurídica de la institución, Silvia Sibaja, dijo en la sesión que la opción más fuerte que tenían para obtener más recursos era la del estado de emergencia con el uso de la cláusula de escape.

“Si la Comisión de Emergencia responde que no consideraría al CNP, que ya de alguna manera lo dejaron entrever, se procedería con lo legal. Se debe tener un acto administrativo que demuestre que se lesionan los intereses de la institución y eso sería que la CNE responda que no aplica la cláusula de escape, con ese acto administrativo se interpondría una medida cautelar”, manifestó.

Sibaja añadió que lo que tendría que demostrarle a un juez es que el acto administrativo (aplicación de la regla fiscal) es muy nocivo y el juez le diría a la Administración que suspenda ese acto mientras se discute el litigio y “automáticamente se interpone una demanda”.

“Considera la señora Sibaja que la medida cautelar, por sí misma, si fuera favorable, sería un éxito, porque mientras el juez pide desarrollar la demanda, se llegaría a diciembre”, se explica en el acta.

Otras formas de presión

El representante del sector agrícola e industrial del movimiento cooperativo ante la Junta Directiva del CNP, Rafael Herrera, sugirió que también había que pedirle ayuda a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) para que presionara con el fin de excluir al CNP de la regla fiscal.

“Considera el señor Rafael Herrera que se tienen que afianzar en un pulso político, como una de las instituciones que más va a salir afectada, si ya se han consumido cuatro mil millones de alcohol (sic) ¿qué va a hacer Laica? Ellos no van a dejar de vender esa cantidad de alcohol, si alguien tiene pulso tiene que ser Laica, así como las cooperativas, los pequeños productores, hay que hablarle a Laica totalmente transparente e indicarle cuál es la situación y solicitarles la ayuda. De Laica hacia abajo, vienen los ingenios y estos no tienen donde guardar el alcohol, ellos necesitan trasegarlo a Fanal para que lo consuman”, dijo Herrera.

Isabel Quirós, gerenta general, mencionó entonces que ya habían tenido una primera reunión con Laica e iban a realizar otra. También dijo que se iba a reunir con cooperativas para ver el apoyo que puedan dar.

“Otra alternativa es un poco de presión política, que todos los grupos que están agremiados envíen cartas de respaldo a las diferentes autoridades, para ver si ellos hacen algo, porque ya el CNP envió a la Presidencia de la República, al ministro de Hacienda y Planificación, explicando cuál es la situación”, agregó Quirós.

Herrera expuso que del lado cooperativo estaban dispuestos a pronunciarse, “porque claramente muchas de las cooperativas saldrían afectadas, así como los pequeños productores y la gente de Upanacional (Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios)”.

Finalmente, sin necesidad de demandar a la CNE, el mandatario, Carlos Alvarado cedió a la presión y autorizó, el 11 de agosto anterior, aplicar la cláusula de escape al CNP por ¢42.848 millones por encima de su presupuesto del 2021, que eran ¢85.905 millones. Así, el presupuesto total del Consejo para este año llegó a ¢128.753 millones con el rompimiento del tope de gasto.

En 2020, el presidente también autorizó al CNP aumentar su gasto por encima del tope en ¢40. 838 millones, para un presupuesto total de ¢123.336, según información de la Contraloría.

Hasta la fecha, ni Casa Presidencial, ni el nuevo presidente ejecutivo del CNP, Ángel Jiménez, han explicado el desglose detallado del uso que le van a dar a esos recursos, pues, al ser una cláusula de escape por la pandemia, deben estar ligados 100% a la atención de esta.

Incluso, el 20 de setiembre, la Contraloría exigió al Gobierno transparencia en aplicación de cláusulas de escape al señalar que Presidencia no presentó ninguna justificación para permitir al CNP aumentar el gasto.