Por: Patricia Recio.   9 septiembre

El presidente Carlos Alvarado recordó este domingo que solicitarán la declaratoria de ilegalidad de la huelga que tienen prevista los gremios sindicales a partir de este lunes.

El mandatario insistió durante una cadena nacional de televisión, que el movimiento se da a pesar de que llamó a los representantes de los trabajadores a dialogar y “ubicar puntos de encuentro”.

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“La huelga afectará a personas que van a sus trabajos, a los niños y niñas que quedarían sin clases, a las personas que esperan atención médica, cirugías, a quienes verán obstaculizados sus esfuerzos por producir. Con más razón, este llamado a huelga es injustificado e improcedente”, dijo el mandatario.

Además aseguró que el Gobierno ha tomado las previsiones para que se mantenga el orden público y los servicios esenciales y que la afectación de los ciudadanos sea mínima.

“Como candidato durante las recientes elecciones, expuse mi compromiso de que, al asumir la conducción de Costa Rica, impulsaría el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; lo dije a cada medio que visité, lo señalé en cada debate al que asistí. Hoy más que nunca, estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa es la única forma de evitar una inminente crisis”, añadió en el mensaje.

En su intervención, Alvarado dijo que la aprobación de la reforma no es solo necesaria sino “urgente” y reconoció que es un “trago amargo”, pero, insistió, es la única forma de “lograr salvar este país”.

“Eso incluye el futuro de los organizadores de esta huelga y de quienes se sumen a ella. Como nación estamos ante una encrucijada histórica y tenemos que elegir el camino a seguir”, afirmó.

Finalmente, el presidente volvió a pedir a los trabajadores que se presenten a laborar y recordó a los sindicatos que las puertas de su gobierno están abiertas al diálogo.

Ante la amenaza con la suspensión de servicios esenciales, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Seguridad y la Refinadora Costarricense de Petróleo, anunciaron que activarían planes de contingencia en procura de que la afectación sea menor.

Por ejemplo, la Caja adelantó este fin de semana la entrega de medicamentos para pacientes crónicos, al tiempo que el MEP dio a conocer una aplicación que le permitirá llevar un registro en tiempo real de los docentes que se ausenten.

Por su parte el jerarca de Seguridad, Michael Soto, manifestó que todos los recursos policiales estarían avocados para responder ante eventuales actos de alteración del orden o bloqueos en cualquier parte del país.

Según el artículo 383 del Código de Trabajo, modificado por la reforma procesal laboral, para realizar la declaratoria de ilegalidad de una huelga debe quedar demostrado que no se cumplieron los requisitos dispuestos por los artículos 371, 377 y 381 de esa misma normativa.

El artículo 371 señala que "la huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo, en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de tres personas trabajadoras, como mínimo, que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381, por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo.

Además de cumplir con ese requisito, para que sea legal deben haberse agotado las posibilidades de negociación, según el artículo 377.

Finalmente, el 381, señala, entre otros aspectos, que el movimiento debe haber sido decidido por la Asamblea General del sindicato que representa al menos al 50% de los trabajadores de una empresa.

En este caso los gremios sindicales habrían incumplido lo estipulado en el artículo 377 al no haber aceptado las invitaciones al diálogo.