Las empresas estatales y bancos públicos tendrán mecanismos más favorables para comprar bienes y servicios, o encargar obras, según el nuevo texto de un proyecto de ley para modificar la Ley de Contratación Pública.
Así lo acordaron los diputados de la comisión legislativa que conoce el plan, quienes acogieron de forma unánime la propuesta para discusión.
Con la nueva redacción, las empresas y bancos propiedad del Estado tendrán mayor margen para utilizar mecanismos simplificados cuando adquieran bienes y servicios.
El proceso más complejo que incorpora la iniciativa es la llamada licitación mayor. Esas gestiones se reservan para las compras y obras de mayor inversión.
Las empresas estatales y las entidades bancarias únicamente deberán hacer esa gestión en las contrataciones mayores a los ¢1.026 millones en casos de construcción de obras, y ¢285,8 millones en la adquisición de bienes y servicios.
En cambio, el resto de instituciones tienen un tope mucho más bajo. Tendrán que usar la licitación mayor en todas las inversiones superiores a los ¢641,3 millones para obras públicas, y ¢146,6 millones en la compra de bienes y servicios.
Otro régimen
Para hacer ese cambio, los diputados de la Comisión de Contratación Administrativa decidieron crear un régimen ordinario, en el que se incluyen a los poderes del Estado, ministerios y otras entidades; así como el régimen diferenciado, que agrupa las empresas estatales y entidades bancarias.
Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese foro, explicó que incorporaron esos cambios porque algunas empresas estatales compiten con otras compañías del sector privado, como en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
"Se incorporó un nuevo umbral que busca darle respuesta de manera eficiente a aquellas instituciones que se encuentran dentro de segmentos de competencia o actividades sustantivas muy propias y requieren de manera obligatoria un procedimiento de contratación administrativa que sea ágil, expedito en temas de forma y plazo para poder generar eficiencia", señaló la legisladora verdiblanca.
El nuevo texto también establece el beneficio para la banca nacional, y para las empresas estatales que brindan servicios públicos como el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), entre otros.
El proyecto original fue planteado por los diputados de esa comisión, en conjunto con la Contraloría General de la República.
Aunque los legisladores plantearon cambios, la oficina de prensa del órgano contralor explicó que funcionarios de esa entidad también participaron en el nuevo texto.
“Nosotros trabajamos conjuntamente con la comisión los cambios en el texto sustitutivo para hacerlo más viable y efectivo para el mejoramiento y modernización del marco jurídico en materia de contratación pública”, manifestaron.
La iniciativa faculta a la Contraloría a actualizar anualmente, en la segunda quincena de diciembre, los montos establecidos en los umbrales para definir los procedimientos. Para ello tomará como base las unidades de desarrollo establecidas por el Banco Central.
Asímismo, la propuesta permite a ese mismo órgano, ante situaciones extraordinarias de las condiciones macroeconómicas del país, modificar mediante resolución motivada, los umbrales establecidos en este artículo.
Otros cambios
El texto sustitutivo incorpora una figura mucho más expedita para las contrataciones menores.
Antes, el proyecto de ley proponía la creación de la licitación mayor y la licitación menor. Ahora se incorporó la licitación reducida.
Todas esas figuras vendrían a sustituir decenas de trámites complejos que actualmente existen en el sector público para realizar contrataciones.
De acuerdo con la nueva redacción, sin importar el monto de inversión, todos las contrataciones seguirán este camino cuando se traten de consultorías de proyectos declarados de interés público y que se encuentren inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Nacional (Mideplán).
En enero, después del receso legislativo, la Comisión de Contratación Administrativa retomará las audiencias con la Cámara Costarricense de la Construcción, el Poder Judicial y el Banco Central, para discutir la viabilidad de esta iniciativa de ley.