La lentitud del Gobierno para tomar decisiones precipitó el hundimiento del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), aseguró este miércoles su exgerente, Gerardo Porras, a los diputados de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios.
Según Porras, pasaron seis meses desde que el Gobierno anunció, en mayo de 2017, que la entidad dejaría de hacer intermediación financiera y vendería su cartera de crédito comercial hasta que finalmente se liquidó. En su opinión, esto hundió al Banco porque toda la operación se tardó demasiado.
“La operación (cierre), si se iba a hacer, tenía que hacerse rápido. Si usted no vende la cartera de clientes rápido, esta se deteriora. Seis meses es demasiado tiempo para una operación de estas” señaló ante los diputados.
Esa acción sobrevino luego de que, en febrero del 2017, el Banco de Costa Rica (BCR) anunciara que iba a retirarle el apoyo financiero que hasta entonces le daba a Bancrédito.
“Ese retiro del apoyo ocasionó que el mercado reaccione y, a partir de febrero, los clientes institucionales públicos y privados no invirtieron más, ni renovaron sus inversiones en Bancrédito aduciendo, principalmente, que sus comités de riesgos recomendaron dar un plazo para ver la evolución del Banco”, expresó.
Esto hizo que la entidad pasara de tener un problema de baja rentabilidad a uno de solvencia (liquidez), afirmó Porras. Si bien el Gobierno emitió una directriz para que las entidades públicas sostuvieran sus inversiones en Bancrédito, “eso nunca ocurrió”, añadió Porras.
Fue entonces, en mayo del 2017, cuando el Gobierno lo sacó de la intermediación financiera, para convertirlo en un banco de fomento. En el proceso de transformación, el Banco debía mantener su operación y realizar un proceso ordenado para el pago de pasivos (deudas) y vender su cartera de crédito.
Sin embargo, al final de la ejecución del plan de salida de intermediación financiera, no se logró vender toda la cartera de crédito A+B, ni se pudo hacer en menor tiempo, y la calidad de esa cartera crediticia se deterioró “sustancialmente”.
Según Porras, uno de los motivos de la tardanza sobrevino porque se suponía que otros bancos estatales iban a absorber la cartera de crédito de la entidad pero, al final, ni estaban disponibles para ello, o carecían de capacidad.
Entonces el Banco intentó ofrecer su cartera a todos los participantes del sistema financiero.
Consultado si detrás del retiro de apoyo del BCR y la pérdida de tiempo posterior hubo motivaciones políticas, Porras dijo que nunca pudo comprender la acción del BCR.
“Me cuesta creer que un banco del Estado le retire el apoyo a otro. No sé si lo fue, una motivación política, nunca me expliqué muy bien esa coyuntura. Esa parte realmente no es fácil de entender”, aseguró el exgerente.
La diputada liberacionista Sandra Piszk insistió a Porras sobre este tema, al hacer notar que, políticamente, parecía que se habían creado condiciones desfavorables al Banco.
Al respecto, Porras respondió que desconocía si decisiones políticas mediaron en el asunto, pero sí recalcó que, a partir de febrero de 2017, nadie quiso invertir en la entidad. “Un banco en esa situación, simplemente no sale”, afirmó.
Porras, no obstante, sí fue categórico en achacar a la actual administración su responsabilidad, al manifestar que quizás una orden del Gobierno hubiese permitido mantener el soporte financiero principal del banco como lo fue, hasta el 2012, la administración del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade), corazón del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
“Una orden del accionista era algo que se podía hacer. Quiero ser muy justo, Bancrédito manejó el tema de banca de desarrollo impecablemente. Esos fondos se manejaron completamente bien”, expresó.