La calidad de la fotografía de las nuevas cédulas que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) comenzó a emitir en setiembre, no es la prometida en el contrato adjudicado al consorcio conformado por el ICE y la firma francesa Oberthur.
Así lo hizo ver el auditor del TSE, Óscar León Alonso, en un informe que entregó a los magistrados de esa institución , el 14 de diciembre del 2016.
En el documento AI-243-2016, cuyo asunto es "Advertencia sobre la calidad de la fotografía en el documento de identidad", el funcionario llama la atención a las autoridades sobre tres aspectos: la calidad de la fotografía, las constantes fallas del sistema de impresión y la inexistencia de la valoración de riesgo en el cambio de tecnología que se implementó con el nuevo documento de identidad.
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Oberthur Technologies ganaron la adjudicación en enero del 2015 para elaborar cédulas idénticas a las que circulaban en ese entonces, a un precio de $1,73 (¢965 al tipo de cambio de setiembre pasado) cada una, por materiales y equipos. Ocho meses después, el contrato cambió y el TSE aceptó pagar $1,96 (casi ¢1.100) por cédulas con tecnología de impresión de grabado láser a color con alta calidad, material de policarbonato que permite imprimir la fotografía a color, equipos diferentes, un cambio en el diseño y otros elementos de seguridad que permitían un documento "más seguro y de mayor durabilidad".
Con fundamento en las modificaciones del contrato es que el auditor planteó la preocupación de que no estaba cumpliendo la condición de ofrecer "mayor durabilidad". Esta deber ser de al menos 10 años en condiciones normales de uso.
"Esta Auditoría constató en la Sección de Cédulas, y así fue constatado en una entrevista –del 7 de diciembre del 2016– que la calidad de la impresión de la fotografía principal se desmejora con respecto a la calidad capturada por el sistema. Se observó la existencia de cédulas en la Oficina de Control de Calidad que debían ser reimpresas por diversos motivos, como, por ejemplo, algunas fotografías principales mostraban colores verdes y rojos", explica el auditor.
La entrevista a la que el auditor hizo referencia fue realizada a Leonardo Fernández, supervisor de impresión de cédulas de identidad, a quién le consultó sobre la calidad del nuevo documento.
Fernández respondió: "Al momento de realizarse las pruebas para aceptar la solución, el sistema presentaba una calidad superior a la que hoy (7 de diciembre) se está presentando. Por esta razón, no se reportó en ese momento la calidad de la citada fotografía, aspecto que a la fecha sí se ve afectada. Existen varios documentos donde se indican inconvenientes en la calidad de la impresión de la fotografía, a lo interno del TSE".
A pesar de todos estos señalamiento, Erick Guzmán, secretario general del TSE, consideró el informe como "un poco desactualizado".
Solo admitió que tras la emisión de la nueva cédula hubo quejas de ciudadanos ante la Contraloría de Servicios del Tribunal por la calidad de la foto.
"De setiembre a noviembre se pudo haber dado esa situación, pero no fue en todos los casos. Esto es una tecnología nueva, distinta a la que teníamos antes. Esta cédula es el primer documento de identidad del mundo que es con láser a color, desde noviembre a diciembre no tenemos quejas de los ciudadanos de que estaba saliendo borrosa la foto. Tenemos un control de calidad: si la foto no sale con los estándares de calidad no se paga al consorcio, si no que lo que hacemos es desecharla", explicó.
El funcionario añadió que el TSE va a incluir en los cubículos donde se toman las fotografías mayor iluminación para que la imagen sea de mayor calidad.
Estabilización del sistema y evaluación del riesgo. El consorcio tenía hasta el 3 de octubre del 2016 para estabilizar el sistema, con lo cual se corregían y mejoraban "aspectos imprevisibles" en la fase de pruebas y en la prestación del servicio contratado. Los problemas, sin embargo, continúan.
"Llama la atención de esta Auditoría que, prácticamente, tres meses después de haber entrado en operación el CPDI ( Centro de Personalización del Documento de Identidad) y superado el periodo de estabilización del sistema, todavía se encuentran realizando labores de estabilización, al no haberse solucionado las diversas situaciones presentadas en la impresión del documento de identidad, lo cual está incidiendo en su calidad y, a su vez, repercute en la eficiencia del proceso, debido a las constantes reimpresiones que se deben realizar", manifestó el auditor.
El 12 de octubre, el TSE suspendió la producción de cédulas al encontrarse problemas en la calidad de la fotografía impresa en las dos máquinas en operación. El 28 de octubre se volvieron a presentar problemas con los tonos de las fotos.
"Muchas han sido rechazadas por Control de Calidad y reimpresas, provocando atrasos en su entrega (...) El acumulado de solicitudes al día de hoy (28 de octubre) supera las 2.000. Se mantiene la impresión solamente en una de las máquinas con paradas parciales en ambas", añadió el documento de la Auditoria al recoger información del caso.
Justamente, una de las razones que dio el TSE para adjudicar el contrato al consorcio, era la promesa de que el equipo era capaz de imprimir 6.000 cédulas por día.
El auditor constató en una visita realizada a la Sección de Cédulas, el 7 de diciembre, que el problema se mantenía.
El informe también señaló de que las autoridades del TSE no incorporaron un análisis de las repercusiones que tendría sobre la calidad de la cédula, la mejora tecnológica ofrecida por el consorcio. Tampoco existió un análisis de los riesgos a los que la institución se podría ver afectada al aceptar aquella mejora.
A la Auditoría le llamó la atención que el administrador de este proyecto, Tommy Aguilar, desconociera si se hicieron estudios técnicos dentro del TSE para identificar aspectos de calidad en el cambio de la tecnología o si se hizo una valoración de riesgos .
Erick Guzmán justificó que el TSE implementó un plan de contingencia en caso de fallas. Tal previsión consistió en tener listos los materiales y equipos de las viejas cédulas para atender la demanda de los ciudadanos, de ser necesario.
El auditor solicitó al TSE tomar acciones sobre las situaciones descritas, pues, de lo contrario, resultaría un riesgo para el Tribunal en la prestación del servicio y podría afectar la imagen institucional.
Ante estas advertencias, el TSE se limitó a acordar, el 21 de dicembre, que la Dirección Ejecutiva gestione los recursos necesarios para atender la necesidad de iluminación en los cubículos en que se atienden solicitudes cedulares. Esto se hará durante el primer bimestre del 2017.
Consorcio acumula tres multas por incumplimientos en tres meses
Desde junio del 2016 a la fecha, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le ha iniciado al consorcio ICE-Oberthur tres procedimientos de cobro de multas por incumplimientos con el contrato.
El primero fue por atrasos en el cronograma de trabajo para comenzar a producir las nuevas cédulas y otros dos más por "incidencias propias de la contratación".
Erick Guzmán, secretario general del TSE, explicó que esos procesos se encuentran en trámite y, por ahora, no se ha definido el monto que la firma tiene que pagarle al Tribunal.
La Nación informó en setiembre anterior de que uno de los procesos contra el consorcio se inició el 21 de junio, porque la empresa se comprometió a entregar a más tardar el 20 de junio la “solución contratada” de implementación del Centro de Personalización de Documentos de Identidad (CDI).
Se registraron rezagos, principalmente, en el envío de una máquina, entrega de servidores, instalación de computadoras e impresión de tarjetas.
Al no cumplir con el plazo, el TSE inició al día siguiente el proceso sancionatorio. Se contabilizaron 49 días hábiles de atraso lo que generó el procedimiento de cobro de multas a razón de ¢790.000 por cada día. En ese caso, el castigo sería por cerca de ¢39 millones.
Guzmán rechazó ahondar las razones que motivaron el inicio de los otros dos procesos.
La gestión para concretar todos los cobros podría prolongarse entre nueve y doce meses, después de iniciado cada uno de las gestiones sancionatorias.
Reincidente. La firma francesa Oberthur tiene otros contratos con entidades públicas costarricenses, entre ellas la Dirección de Migración y Extranjería.
Con esta institución tiene un convenio para elaborar libretas de pasaportes.
En 2011 y 2015, sin embargo, Oberthur entregó de manera tardía 360.000 de esos documentos, razón por la cual también Migración aplicó la denominada cláusula penal para cobrar multas.
En ese caso, como hay dos incumplimientos, se le sigue un proceso de inhabilitación, el cual podrían concluir con la exclusión de la empresa para un nuevo concurso para la elaboración de pasaportes, específicamente.