La Fiscalía General de la República detectó aparentes faltas graves del Sistema de Áreas de Conservación (Sinac) en cuanto a su deber de supervisión sobre el manejo de vida silvestre en centros privados.

Incluso alerta sobre la posible comisión de delitos tanto por los permisionarios de esos establecimientos, como por funcionarios públicos responsables de la vigilancia.

Así lo consigna el oficio FGR-451-2020 enviado por la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, en mayo pasado, al entonces ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.

Dada la gravedad de las eventuales anomalías, Navas instruyó al Ministerio de Ambiente (Minae) para crear una unidad funcional que realizara acciones concretas, a nivel interno y de índole disciplinario y penal, contra trabajadores que hubieran incumplido sus funciones.

Una dirección funcional es una coordinación entre fiscales con el Organismos de investigación Judicial (OIJ) y otras instituciones para indagar hechos de relevancia penal. Como parte de esta, se establecen diligencias de investigación para casos específicos.

Con base en denuncias civiles, reportes de prensa y otras informes, Navas solicitó al Minae abrir procesos disciplinarios y de destitución a los funcionarios del Sinac y del Consejo Regional del Área de Conservación (Corac) quienes sean funcionarios públicos implicados en las irregularidades como, por ejemplo, realizar labores de regentes en sitios de manejo de fauna, a pesar de ser trabajadores públicos.

Navas, además, solicitó la aplicación de estas medidas para las jefaturas de esos funcionarios, en caso de que hubieran autorizado o tolerado tales conductas.

Para encaminar denuncias penales contra estos funcionarios “por los delitos que correspondan”, la Fiscalía le dio a Minae dos meses a partir de la misiva, enviada en mayo.

Otros eventuales delitos detectados, según Navas, son cohecho propio o impropio (recibir dádivas por cumplir o dejar de cumplir un deber), penalidad del corruptor (aplica para el que ofrece la dádiva), incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles.

También menciona peculado (sustracción o distracción de fondos o bienes públicos), falsedad ideológica (información falsa en documento público) y uso de documento falso, todos tipificados en el Código Penal.

Por otra parte, ordenó investigar posible delitos incluidos la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública como, por ejemplo, enriquecimiento ilícito por parte de un funcionario público que opera como regente en un sitio de manejo de vida silvestre a cambio de un beneficio económico.

Igualmente, podría darse cuando un funcionario público autoriza el funcionamiento del sitio de manejo y, a la vez, es el dueño de ese sitio, con lo cual podría cometer el delito de legislación o administración en provecho propio.

Otros posibles ilícitos en los que se podría estar incurriendo son fraude de ley, tráfico de influencias cuando utiliza su cargo público para influir en la decisión final que concede el permiso de funcionamiento o el delito de influencia contra el interés o la hacienda pública, si utiliza su cargo para influir en una decisión final que es contraria al ambiente.

Cierre o intervención

Como parte de este esfuerzo, la Fiscalía propuso al Minae cerrar en un plazo máximo de tres meses, aquellos sitios de manejo que operen sin permiso o sin cumplir requisitos como contar con la figura del regente (responsable de todo el plan de cuido de los animales) y proceder a la reubicación de los animales en sitios autorizados mediante planes de cierre.

Según consta en el oficio de la Fiscalía, en este grupo figuran 16 lugares donde se hallaron las irregularidades más graves: desde operar con permisos vencidos hace años hasta hacerlo con permisos irregulares que, por ejemplo, carecen de autorización formal para su plan de manejo de los animales en cautiverio.

Esos sitios son:

1. Refugio Herpetológico de Costa Rica, en Escazú

2. La Paz Waterfall, Cinchona (Sarapiquí, Heredia)

3. Snake Garden, Sarapiquí (Heredia)

4. The Spring Hotel, La Fortuna (San Carlos, Alajuela)

5. Arenal Eco Zoo, La Fortuna (San Carlos, Alajuela)

6. Jaguar Rescue Center y Zoo en Puerto Viejo (Talamanca, Limón)

7. Costa Rica Animal Rescue Center y Zoológico, Turrúcares (Turrúcares, Alajuela)

8. Hotel Paraíso Carlisa, Orotina (Puntarenas)

9. Hotel Gaia (el proyecto de liberación de lapas), Manuel Antonio (Quepos, Puntarenas)

10. Osa Wildlife Sanctuary, (Osa, Puntarenas)

11. Zoocriadero de Psitácidos El Manantial, Palmares (Alajuela)

12. Zoológico Safari Tempisque, (Bagaces, Guanacaste)

13. Zoológico La Marina, San Carlos (Alajuela)

14. Zoológico La Ponderosa, Liberia (Guanacaste)

15. Reptilandia, Pérez Zeledón (San José)

16. Hatched to Fly Free, Osa (Puntarenas)

En otro listado se incluyen 20 lugares más que, a criterio de la Fiscalía, deben ser evaluados al concluir el análisis de los primeros 16 casos.

David Patey, propietario del Parque de Aventuras Ponderosa, achacó la inclusión de su negocio en la lista a la implementación del reglamento del 2017 de la Ley de Conservación Vida Silvestre pues, según él, su negocio estaba en regla conforme la versión de esa ley que fue reformada.

El empresario también se refirió a la causa que abrió la Fiscalía por presunto tráfico de especies exóticas. Según él, el animal fue trasladado a otro zoológico en San Carlos, y asegura que tenía la autorización.

"La polémica de la cebra es porque en su traslado se salió del cajón del camión en que iba, a la altura de Bagaces, por un fallo del conductor frenando por un reductor de velocidad. La fiscalía abrió una investigación para saber la realidad de los hechos”, expresó Patey.

Entretanto, representantes de Osa Wildlife Sanctuary, otro de los sitios listados, respondieron a este diario que comprenden que el Sinac está en todo derecho y obligación de hacer cumplir la ley.

“Es por eso que desde principios del 2018, Osa Wildlife Sanctuary está trabajando activamente en colaboración con el Área de Conservación Osa, para poner en orden todas sus operaciones y con toda su disposición a colaborar con todas las recomendaciones que haga el Área de Conservación”, indicaron mediante correo electrónico.

Prórroga

Este miércoles, Andrea Meza, nueva jerarca de Ambiente y Energía, solicitó una prórroga para aplicar los procesos ordenados por la Fiscalía y, además, una reunión con la fiscala general para discutir los avances en la implementación de la directriz funcional emitida para atender el problema.

La intención es discutir los avances en la implementación del oficio FGR-451 de mayo anterior; así como las acciones de renovación del programa de vida silvestre que va a implementar la institución.

En cuanto a la prórroga, que según Meza sería hasta noviembre, permitiría continuar el trabajo en el cumplimiento de las disposiciones de la Fiscalía, incluyendo una revisión de todos los sitios de manejo y la creación de una comisión para darle seguimiento al tema.

El Minae tiene registrados 264 sitios de manejo de fauna en el país, dentro de los cuales hay centros de especies exóticas y especies locales, refugios de mariposas, centros zoológicos y sitios de reproducción.

A la fecha, la gran mayoría (más de 200) de estos sitios tienen todos sus permisos en orden, lo que garantiza la seguridad para los animales y para la población.

No obstante, la jerarca reconoció que marzo de este año, había 95 sitios sin un permiso de funcionamiento del Sinac. Desde entonces, 35 ya cumplieron con las condiciones mientras que a los otros 60 se les da seguimiento.