UNA paga pluses salariales por encima de lo establecido en reforma fiscal

A dos años de aprobadas nuevas reglas para cálculo de incentivos, Universidad sigue pagando anualidad, dedicación exclusiva y carrera profesional e incentivos según normas de institución

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La Universidad Nacional (UNA) sigue pagando pluses a sus 3.300 trabajadores por encima de lo que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Dicha legislación fue aprobada en diciembre de 2018 con el fin, entre otros, de frenar el excesivo incremento del costo de los incentivos salariales del sector público.

No obstante, dos años después, la UNA sigue sin implementar los cambios establecidos en materia de empleo público.

Así lo señala un informe publicado, este viernes, por la Contraloría General de la República (CGR).

La entidad estudió el cumplimiento de, al menos, seis rubros reformados por la nueva legislación: dedicación exclusiva, anualidad, carrera profesional, prohibición, pago nominal de pluses y cesantía.

En cuanto a la dedicación exclusiva, el informe señala que dicha casa de enseñanza la calcula a partir de tres porcentajes diferentes (15%, 30% y 35%, respectivamente), según el régimen al cual pertenece el funcionario (administrativo o académico).

Al respecto, la Contraloría recuerda que el título III de la Ley 9.635 establece un 10% para profesionales con bachillerato y un 25% para quienes cuentan con licenciatura, sin distinción de régimen.

Con respecto a la anualidad, indica que la UNA reconoce un 4% sobre el salario base, lo cual no está acorde con la reforma fiscal que determinó que ese incentivo debía convertirse en un monto nominal fijo ajustado a porcentajes predeterminados: 1,94% del salario base para las clases profesionales y de 2,54% para clases no profesionales.

“En cuanto al plus salarial por concepto de carrera profesional, asociado a los factores de ‘Educación formal adicional a la exigida por el puesto’ y ‘Capacitación recibida’, relativo al Régimen de Carrera Administrativa en la UNA, se establece que su reconocimiento se cancela de forma permanente, lo cual también contradice lo establecido en la Ley 9.635, donde se señala que serán reconocidos salarialmente por el plazo de 5 años”, señala el informe.

Además, de acuerdo con el órgano contralor, la Universidad tampoco ha nominalizado otros pluses, como así lo ordena la reforma fiscal, sino que estos más bien continúan pagándose como porcentaje del salario.

Los únicos privilegios ajustados por las autoridades académicas fueron el de prohibición y la cesantía; esta última antes se calculaba a 20 años y ahora quedó en 12 años.

Francisco González, quien asumió la Rectoría de la UNA en julio pasado, catalogó la mayoría de los señalamientos del ente contralor como “positivos”.

“Vemos que son recomendaciones a tomar en cuenta, sin duda alguna, como parte de una ruta que venimos trazando en la Universidad”, afirmó González.

No obstante, el rector informó de que objetaron el informe, pues se mantiene en pie un proceso judicial por la implementación del capítulo de empleo público en las casas de enseñanza superior.

“Estamos presentando una apelación que está en curso (...). Esa apelación es porque desde que se emitió la Ley, los rectores anteriores y Conare (Consejo Nacional de Rectores) en su conjunto, pusieron un recurso a la aplicación de la ley, y ese recurso está vigente, está en estudio, y se puso una medida cautelar al capítulo III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Entonces, nosotros aceptamos las recomendaciones que establece el informe, es lo que estamos haciendo. Pero no podemos obviar el recurso que está presentado, porque establece claramente que se suspende cualquier acto administrativo relacionado”, afirmó González.

Pluses representan el 41,6% de las remuneraciones

La UNA sigue sin implementar esas medidas de ahorro, pese a que estudios actuariales de la misma Universidad advierten de que para el año 2028, todos los recursos provenientes del Fondo para la Educación Superior (FEES) se consumirán en salarios.

Entonces, no habrá dinero para becas estudiantiles, investigación y extensión social con fondos de la transferencia estatal, así como para mantenimiento y equipamiento de las sedes universitarias.

De acuerdo con el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional destinó ¢85.749 millones en remuneraciones para el 2019, un 3,6% más que el año precedente.

Los incentivos salariales cargan ¢35.673 millones a ese gasto, lo cual representa un 41,6% de las remuneraciones.

Ese monto está conformado por 50,1% en anualidades, 15,2% aguinaldos, 14% salarios escolares, 13,6% por prohibición y 7,1% otros pluses.

El nuevo rector de la UNA afirmó estar consciente de esa situación, por lo cual, aseguró, se empezaron a tomar acciones para reducir el gasto.

“Hemos tomado acciones muy concretas, por ejemplo, para el otro año suspendimos la anualidad completamente, no tenemos tampoco aumento salarial, se congelan todas las dedicaciones exclusivas nuevas, a partir del próximo año también.

“Además de eso se eliminaron las 42 plazas. Unido a ese proceso de ajuste, prácticamente llevamos a cero todos los alquileres que teníamos (...) es decir, tomamos las acciones con seriedad y el informe (de la Contraloría) viene a ratificar la ruta que nosotros vamos siguiendo”, aseveró González.

Por otra parte, la UNA dejó pasar la oportunidad para denunciar la Convención Colectiva de la institución, en un intento por reformar los privilegios que gozan sus funcionarios.

En julio, la Sala Constitucional eliminó un artículo de la misma normativa que impedía a la casa de enseñanza revisar el acuerdo salarial si el Sindicato de Trabajadores de la Universidad (Situn) no estaba de acuerdo.

De esa manera, lo único que tenían que hacer las autoridades era denunciar la convención para renegociar las convenciones, sin embargo, de acuerdo con González, no se hizo.

“La Convención nuestra está homologada desde abril hasta 2023, es decir, el rector anterior no la denunció y entonces ni hubo negociación… automáticamente se prorrogó.

“Sin embargo, en apego a la realidad presupuestaria yo he provocado que la negociemos, aún cuando no es el tiempo, y ya conformamos una comisión tripartita para negociar aquellos puntos referentes a remuneraciones”, afirmó.