Daniela Cerdas E.. 22 junio
 La UCR recibe la mayor parte del FEES, un 59%. En la imagen, la escuela de Estudios Generales en la sede de San Pedro de Montes de Oca.
La UCR recibe la mayor parte del FEES, un 59%. En la imagen, la escuela de Estudios Generales en la sede de San Pedro de Montes de Oca.

Autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) califican de “deficiente” el informe de la comisión legislativa que investigó el uso del FEES y consideran una “gran omisión” que se excluyera a las casas de enseñanza superior privada del análisis.

El foro legislativo tenía la misión de revisar el uso que cuatro universidades públicas dan al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Estos recursos estatales no cubren a los centros privados.

Para la UCR, sin embargo, esas últimas instituciones se benefician indirectamente de fondos públicos, pues muchos de sus alumnos financian sus estudios con créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape).

Por eso, señalan, las ‘U’ privadas debieron haber sido incluidas en la evaluación de los diputados.

“Las universidades privadas no son financiadas directamente por el Estado, pero se benefician de un fuerte financiamiento estatal indirecto mediante las matrículas financiadas por Conape a estudiantes costarricenses de escasos recursos económicos.

“De 1977 al 2018, Conape financió estudios a 123.218 estudiantes, en especial a matriculados en universidades privadas. A pesar de esta cuantiosa inversión en fondos públicos, dicho financiamiento no considera la calidad de esas instituciones”, indicaron las autoridades de la UCR.

El informe de la comisión legislativa que investigó durante más de un año el uso del FEES fue dado a conocer el pasado 27 de mayo.

Entre otras cosas, los congresistas pidieron frenar abusos salariales en las universidades públicas y la sobreoferta de carreras obsoletas, al tiempo que recomendaron analizar la posibilidad de otorgar más recursos del Fondo al Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), a la que llamaron “la universidad del futuro”.

Luego de que conocerse las principales conclusiones de dicho foro, la UCR conformó una comisión para analizar el informe, cuyos resultados fueron divulgados este lunes.

Según la Universidad , la omisión de los centros privados en la investigación legislativa “hace que se señale a las cinco universidades públicas y Conare (Consejo Nacional de Rectores) como únicos actores y responsables de la situación de la educación superior”, lo que desconoce la existencia de las 88 instituciones privadas.

“El crecimiento de la educación superior privada ha carecido de planificación, tiene poca innovación o ampliación de la oferta. A esto se agrega el desconocimiento del número de estudiantes matriculados y su distribución geográfica en sus sedes.

La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica (Unire), que agrupa a la mayoría de esas entidades, representa una potencial vía de articulación y diálogo con las instituciones estatales responsables de su supervisión en procura del mejoramiento del sector privado”, dijeron las autoridades de la UCR.

La Nación se comunicó con la Unire para obtener su reacción acerca de las afirmaciones de la UCR, pero no se había recibido respuesta al cierre de esta información.

La Universidad de Costa Rica destacó la existencia de parámetros que permiten medir la calidad de la educación superior privada.

“Uno es el examen de incorporación al Colegio de Médicos, realizado por una entidad internacional, y en el cual existe una notoria distancia entre los excelentes resultados obtenidos por los estudiantes de la Universidad de Costa Rica frente a los de las universidades privadas.

“En el caso del examen de incorporación al Colegio de Abogados, realizado 14 veces entre el 2015 y el 2019, la UCR también aparece como la que ha obtenido mejores resultados, aunque también destaca la Universidad Escuela Libre de Derecho (UELD) cinco veces”, indicó la UCR.

Para el liberacionista, Wagner Jiménez, quien presidió la comisión investigador del FEES, el hecho de criticar el financiamiento estatal que será pagado por los estudiantes o sus familias es una “ambigüedad”.

“Literalmente,el artículo 80 de la Constitucional Política establece que ‘la iniciativa privada en materia educacional merecerá el estímulo del Estado en la forma que indique la ley'. Es decir, el apoyo de Conape a los jóvenes que ingresan a las entidades de origen privado se encuentra respaldado por la propia Carta Magna”, dijo el legislador.

Observaciones de diputados

La comisión legislativa del FEES concluyó que las " universidades han dirigido mayoritariamente sus ingresos al pago de salarios millonarios”.

Justamente, pidió el freno de esos salarios y la modernización y calidad de su oferta educativa.

Los diputados recomendaron a las universidades públicas someterse a un régimen de empleo público que asegure la sostenibilidad financiera del Fondo y la equidad salarial en toda la administración pública.

Además, instaron a los rectores a “ser consecuentes” con las metas de estabilidad fiscal del país, por medio del cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), en especial en lo referente a remuneraciones.

En sus recomendaciones, los legisladores mostraron “gran preocupación por lo obsoleta y divorciada del sector productivo” , que está la oferta académica, principalmente de la UCR, Universidad Nacional (UNA) y Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Para las autoridades de la UCR, los diputados hicieron una lectura “sesgada, parcial o errada” sobre su institución.

Afirman que el informe de mayoría de la comisión legislativa es “deficiente en su concepción de qué es una universidad pública”.

“La oferta académica UCR lleva el sello de la calidad y la innovación, características que la hacen una institución sistémica, integral, competente, actualizada y compleja en su accionar. Esta lógica se complementa con investigación de alto nivel y una acción socialmente comprometida que, con base en la autonomía universitaria y el principio de libertad de cátedra constitucionalmente tutelados, proveen al estudiantado, graduandos y docentes con armas para enfrentar creativamente las transformaciones sociales que impone el mundo de hoy, todo lo cual refuerzan el incuantificable valor de la UCR”, indicaron.

Gabriel Macaya Trejos, exrector y coordinador de la comisión institucional que estudió el informe del FEES, manifestó que en todos los temas, el informe elaborado por este foro académico presenta un nivel de autocrítica.

“Por supuesto que sí hay cosas que cambiar. El sistema salarial tiene que ser más equitativo y el proceso de regionalización debe revisarse, es necesario replantear qué es lo que la Universidad busca en su desarrollo regional”, recalcó.

Actualmente, las universidades destinan al pago de salarios cerca del 80% del FEES. Para el 2020, estas casa de enseñanza recibieron ¢512.782 millones de ese fondo.

En la UCR, que recibe el 59% del Fondo, se proyecta un déficit de ¢25.782 millones en cinco años. Lo anterior consta en el acta 6298 del Consejo Universitario de la institución.

El pago de las anualiades es, en gran medida, lo que provoca el incremento exponencial y vegetativo de los salarios en las universidades públicas.

El mismo exrector de la UCR, Henning Jensen, por ejemplo, manifestó ante los diputados que seguir pagando un 3,75% de anualidad sobre el salario bruto (base más pluses) a los docentes es “insostenible” para la universidad.

Según el informe de las autoridades de la UCR, es normal que en una institución de educación superior la remuneración de sus funcionarios constituya el principal rubro presupuestario.

“Los salarios superiores a ¢5 millones, valor que el dictamen legislativo considera como salarios excesivos, representan el 1,5% de los asalariados, pero consumen el 6,8 % del gasto en salarios. La UCR está consciente de la urgente necesidad de revisar su régimen salarial”, indicó la institución en su informe.

La Nación publicó el año anterior que en la UCR, el 20,4% de los funcionarios se lleva el 49% del presupuesto de remuneraciones.

En este centro de estudios, que tiene 9.800 empleados, hay un grupo de 2.004 servidores que ganan más de ¢2 millones al mes, con un salario promedio de ¢3,1 millones.

Este grupo recibe ¢6.250 millones de los ¢12.770 millones que gasta la UCR en sueldos por mes.